México tiene 11 billonarios, uno por cada 10 millones de habitantes, y 52 millones vive en extrema pobreza. Especialistas explican por qué la Cruzada Nacional Contra el Hambre poco logrará si el modelo no cambia de tajo.
Ciudad de México, 2 de abril (SinEmbargo).– Si uno se atiene a las estadísticas oficiales sobre el número de personas que mueren por hambre en México, se infiere que en los tres primeros meses de lo que va de 2013 han fallecido en nuestro país 2 mil 070 mexicanos, lo que significa que a lo largo y ancho de la Nación está dejando de existir en promedio una persona cada hora por no tener los recursos suficientes para comprar comida.
Esa impactante y conmovedora estadística se obtiene con base en los datos que aportó el Presidente Enrique Peña Nieto cuando, el pasado 21 de enero, dio a conocer la Cruzada Nacional contra el Hambre. En esa ocasión el político mexiquense destacó que en 2011 habían muerto en México 11 mil personas por desnutrición; es decir, dicho en un lenguaje sencillo y directo: por hambre.
Sin embargo, especialistas en el tema como el investigador del Colegio de México (Colmex), Julio Boltvinik; la diputada panista y ex titular de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), Beatriz Zavala Peniche, y Armando Contreras Luna, secretario de Alianzas y Relaciones Políticas Nacionales del Comité Ejecutivo Nacional del Partido de la Revolución Democrática (PRD), consideran que la cifra podría ser mucho más elevada.
Lo mismo opinan Adolfo Sánchez Almanza, del Centro de Investigaciones Económicas de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), y la diputada del PRD, María del Socorro Ceseñas Chapa, dado que ese número fue obtenido por la Presidencia de la República de los datos generador por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), una institución que basa sus estadísticas por las defunciones que registran las instituciones de salud oficiales, sin contabilizar los fallecimientos de mexicanos que se dan en las localidades más recónditas del país, donde no hay centros medico asistenciales.
En este contexto, la titular de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), Rosario Robles Berlanga, ha dicho que el problema de la pobreza y el de la desigualdad social es una de las principales preocupaciones del gobierno. Pero todo apunta a que la brecha entre los menesterosos y la elite que concentra la riqueza cada vez será más ancha y, en consecuencia, la cifra de fallecimientos por hambre continuará incrementándose.
Esto se infiere por la apatía que manifiestan tanto el gobierno como los poderes fácticos para abatir de tajo la creciente desigualdad que frena el progreso y la justicia social, consideran expertos en el tema.
La Cruzada Contra el Hambre es una medida de corte asistencialista que, desafortunadamente, fallará como tantos otros programas oficiales aplicados en los últimos 70 años para acabar con la pobreza, opinan los críticos.
Como argumento recuerdan que en 1944 se instrumentó el Programa de Abasto Social de Leche. En 1971 se impulsó el Consejo Nacional de Fomento Educativo (Conafe). En 1972 se pusieron en marcha, a través del Instituto Nacional Indigenista (INI), los albergues escolares en comunidades indígenas. En 1975 comenzó la entrega de desayunos escolares. En 1980 se dio el banderazo al Programa de Abasto Social. De 1989 a 1994 se aplicó el Programa Nacional de Solidaridad (Pronasol). En 1997 se impulsó el Programa de Educación, Salud y Alimentación (Progresa) y en 2002 nació Oportunidades.
Pero si esas medidas mitigaron en cierta medida la pobreza, lo cierto es que en siete décadas la cifra de menesterosos se extendió a 52 millones, lo que significa que 46% de la población nacional carece de la alimentación necesaria para sobrevivir, mientras que en contraste, conforme a cifras de la Comisión Económica para América Latina (CEPAL), México es actualmente el segundo país con más número de billonarios en América Latina, sólo superado por Brasil con 30 billonarios.
En nuestro país hay 11 billonarios; es decir, uno por cada 10 millones de habitantes.
En el estudio de la CEPAL, elaborado por Andrés Solimano y Juan Pablo Jiménez, se afirma que la concentración del ingreso y el patrimonio en una pequeña minoría acentúa la desigualdad social, y que el ejemplo de legitimación social de la concentración del ingreso es el llamado de billonarios, como Warren Buffet, de incrementar sus contribuciones pero, en contraste, “ningún billonario latinoamericano comparte públicamente esta propuesta”.
Las medidas y proyectos que hasta el momento ha impulsado el gobierno, como la aprehensión de la lideresa Elba Esther Gordillo y la aprobación de la reforma en materia de telecomunicaciones, de ninguna manera benefician directamente al estómago y a los bolsillos de las grandes masas.
El caso de la ex lideresa magisterial fue ampliamente aplaudido y reforzó el proceso de legitimación de Peña Nieto, mientras que la reforma a telecomunicaciones hace pensar que representó un duro golpe al duopolio televisivo.
Pero el hecho de que la profesora duerma tras las rejas no significa necesariamente el fin de los liderazgos sindicales corruptos. La mejor prueba de ello es que el dirigente del sindicato petrolero, Carlos Romero Deschamps, continúa libre y feliz de retratarse con Peña Nieto durante el pasado aniversario de la expropiación petrolera, consideran políticos de la oposición.
La reforma a telecomunicaciones no será otra cosa que la redistribución de los medios de comunicación entre otros dos o tres acaudalados empresarios. Emilio Azcárraga podrá tener su propia empresa telefónica y Carlos Slim poseerá una cadena nacional televisiva. El tiempo dirá si dicha reforma se dio para abrir nuevos senderos a la democracia y/o parafraseando a Jesús Reyes Heroles: reformar para que todo siga igual.
No hay tal intención de acabar con los monopolios, dicen legisladores del Partido de la Revolución Democrática (PRD) y del Partido Acción Nacional (PAN).
Se preguntan: ¿Qué va a pasar con los Saba y su monopolio en la distribución de medicamentos? ¿Con los pulpos camioneros? ¿Con las cadenas de supermercados que atomizan a los pequeños tenderos? ¿Con los dueños de Maseca que acaparan la industria de la masa en México? ¿Con los propietarios de cadenas radiodifusoras? ¿O con Germán Larrea, propietario de ricas minas?, y un largo etcétera, porque faltaría espacio para desglosar el número de monopolios que prevalecen en México.
Poco o nada importa a los grupos fácticos el problema de la pobreza que embarga a la mayoría de la población. Una prueba de ello, dicen, se apreció dos días después de que el Presidente Peña Nieto lanzó la Cruzada Nacional Contra el Hambre. En uno de los programas estelares de Televisa, “Tercer Grado”, que conduce Leopoldo Gómez, el tema de la Cruzada no fue abordado, pero los panelistas sí debatieron acaloradamente el asunto del Consejo Nacional del PAN o el caso de la francesa Florence, pero ni por descuido hablaron del hecho de que 23 mexicanos mueren diariamente por hambre.
Tampoco al icono de los empresarios en México, Carlos Slim, le preocupa incluir en sus discursos y en sus acciones el asunto de la pobreza. Su prioridad en estos momentos se limita a multiplicar en los medios que acaba de comprar los derechos para transmitir en toda América Latina los próximos Juegos Olímpicos de Invierno que se realizarán en Rusia en 2014 y los de Río de Janeiro en 2016, o difundir a través de sus voceros en la prensa que ahora va por una cadena televisora.
Esos son los negocios que le causan desvelo al propietario del Grupo Carso, un hombre que ha producido su riqueza en una Nación donde la mitad de su población “no cuentan con recursos para comer tres alimentos al día”, de acuerdo con el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval).
Para el investigador del Colegio de México, Julio Boltvinik Kalinka, uno de los especialistas más connotados en el tema de la pobreza, “algo inmoral e injusto está ocurriendo en el mundo, porque no se logran reducir los índices”. Asegura que cuando los gobiernos hablan de pobreza, por lo general mienten, y que en este sentido Vicente Fox Quesada hizo “un arte” de eso e incluso presionó al Inegi para que durante su gobierno disminuyeran los niveles de pobreza.
A Felipe Calderón, explica, ni si quiera le interesó ese problema. Y menciona con ironía: “Eso fue peor, creo que en muy pocas ocasiones sostenía acuerdos con sus titulares de la Sedesol. En cambio a Fox le preocupaba que su gobierno iba a ser juzgado por la forma en que evolucionara la pobreza, y con trampas hizo que las cifras bajaran”.
Pero, cómo creer al gobierno de Peña Nieto que con la Cruzada Nacional contra el Hambre se resolverá con eficacia el problema del hambre en México, si cuando se dio a conocer esta medida, los legisladores de la oposición y especialistas en el tema de la pobreza colocaron en entredicho las bondades del programa.
La diputada panista y ex titular de la Sedesol, Beatriz Zavala, y Armando Contreras, secretario de Alianzas y Relaciones Políticas Nacionales del CEN del PRD, coinciden al señalar que el programa estaba orientado a fortalecer la imagen de Peña Nieto, “a darle legitimidad a su mandato, bajo un programa clientelar, que busca la compra del voto aprovechando la miseria de millones de mexicanos”.
Por su parte, Adolfo Sánchez Almanza, del Centro de Investigaciones Económicas de la UNAM, explicó que la Cruzada es insuficiente porque no se acompaña de medidas dirigidas a combatir las causas de la pobreza que tienen relación “con el modelo económico que tenemos y que genera esa pobreza”.
En reacción a las críticas, la titular de la Sedesol, Rosario Robles, explicó que la selección de los 400 municipios la había hecho la dependencia con base a las recomendaciones del Coneval. Sin embargo, el director de Análisis de la Pobreza del Coneval, Ricardo Aparicio Jiménez, puntualizó que la institución encargada de medir la pobreza entregó al gobierno un diagnóstico “pero no eligió los municipios”.
En opinión de Aparicio Jiménez, actuario y demógrafo, lo que hace falta en México para abatir el problema de la pobreza es la instrumentación de una política fiscal redistributiva, que comprenda, por ejemplo, “que pague más impuestos, quien cuenta con mayores ingresos”, o como sucede en naciones como Chile, donde las transacciones en la bolsa de valores se hacen con el pago de impuestos, no como sucede actualmente en México.
Comenta que en México no se aplica una política redistributiva ante la oposición de expertos, formados en el neoliberalismo, que consideran que la aplicación de una política de ese tipo desalentaría la inversión y provocaría fuga de capitales.
Al Presidente Peña Nieto le corresponde evaluar si en el segundo periodo ordinario de sesiones del Congreso de la Unión turnará ante los legisladores una iniciativa de reforma fiscal que establezca las bases de una política redistributiva o si dicha reforma se circunscribirá sólo a demandar un alza al IVA en alimentos y medicinas.
Para la diputada del PRD, María del Socorro Ceseñas Chapa, lo relevante es que el Ejecutivo federal, antes de presentar una reforma que grave con IVA alimentos y medicinas, es que transparente los esquema fiscales de privilegio que se les otorga a los monopolios que no pagan los impuestos que debieran.
La legisladora reprocha a la Secretaría de Hacienda la existencia de los llamados esquemas de consolidación y privilegios fiscales, al tiempo que recuerda que en 2007 el gobierno perdonó casi 74 mil millones de pesos, de los 578 mil millones que empresas de diversas ramas adeudaban, lo que equivalía a 25% de los 2 billones 260 mil pesos presupuestados para ese año.
Es por eso que Ceseñas Chapa se pronuncia por seguir el ejemplo de naciones donde los sectores con mayores ingresos pagan un Impuesto Sobre la Renta (ISR), hasta de 50%, porque con ello se ordenarían las contribuciones y aportaciones de quienes obtienen mayores ingresos y así equilibrar los grandes abismos sociales.
Mientras los grandes empresarios no contribuyan al fisco como deben y el Estado no regule el mercado, cualquier acción para abatir el hambre no servirá. Por el contrario se correrá el riesgo de que el comer sea un privilegio, mientras que unos cuanto billonarios seguirán amasando sus fortunas, considera.
Además de los diversos factores mencionados por estos expertos, también destaca el aumento de la desigualdad social, que no solamente genera que miles de mexicanos mueran anualmente por hambre, sino que es detonador de la violencia que lacera el tejido social.
La violencia no es exclusivamente la que se refiere a los grupos guerrilleros que se levantan para combatir la injusticia social. Se presenta también cuando jóvenes pobres prefieren enrolarse como sicarios en el mundo del narcotráfico, o cuando se desintegra el núcleo familiar por penurias económicas y los hijos salen a las calles a “trabajar”, y sufren rechazo e injusticias; o cuando madres de matrimonios disfuncionales padecen acoso y sueldos paupérrimos en sus empleos, y luego reciben agresiones de un marido atormentado por las frustraciones económicas.
Violencia se da cuando los campesinos arriban a los centros urbanos para sobrevivir en condiciones infrahumanas o la padecen los migrantes cuando soportan discriminación y laboran jornadas infrahumanas, sin ninguna prestación laboral ni social, consideran.
Ante este panorama no queda más que brindarle el beneficio de la duda al gobierno de Peña Nieto, que según el secretario de Hacienda, Luis Videgaray Caso, tiene el firme “compromiso de aumentar el acceso a los derechos sociales a toda la población, disminuir la pobreza y la desigualdad social”.
