Ciudad de México, 15 de marzo (SinEmbargo).- “¡Asesino! !Atenco no se olvida!” Esas fueron las primeras consignas. Era un viernes 11 de mayo del 2012, en la Universidad Iberoamericana. Los estudiantes no sabían que estaban fundando el Movimiento llamado #YoSoy132.
Los gritos eran para el candidato de la coalición Compromiso por México, Enrique Peña Nieto, hoy Presidente de la República, quien presentaba su plataforma ante universitarios. Fue recibido con rechazo por los eventos de 2006 en San Salvador Atenco, cuando él era Gobernador del Estado de México.
Y en efecto, Atenco no se olvida. Ayer el gobierno de México lo volvió a sentir en Washington, cuando tuvo que dar respuestas puntuales a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) sobre qué ha hecho para resarcir el daño provocado entonces.
Los estudiantes, como la CIDH, hacían referencia a lo ocurrido en San Salvador Atenco en 2006. Los días 3 y 4 de mayo de ese año se registraron enfrentamientos violentos contra comerciantes y campesinos que dejaron un saldo de 2 muertos, más de 50 heridos y cerca de 200 detenidos. Además, de 26 mujeres fueron vejadas –muchas de ellas violadas– por policías que tenían como misión resguardar el orden.
Los policías, según los testimonios, se convirtieron en salvajes. Pero, a pesar de las críticas y las demandas internacionales, nadie ha obtenido justicia.
“Dejo muy en claro la firme determinación del gobierno de hacer respetar los derechos de la población del Estado de México. Que cuando se vieron afectados por intereses particulares, tomé la decisión de emplear el uso de la fuerza pública para restablecer el orden y la paz, y que en el tema lamentablemente hubo incidentes que fueron debidamente sancionados y que los responsables de los hechos fueron consignados ante el poder judicial", dijo Peña Nieto en la UIA.
Y continuó: "Fue una acción determinada, que asumo personalmente, para restablecer el orden y la paz en el legítimo derecho que tiene el Estado mexicano de hacer uso de la fuerza pública como además debo decirlo, fue validado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación".
Sin embargo, días después, Genaro Góngora Pimentel, ex presidente de la SCJN, dijo que la institución que él presidió de 1999 al 2002 no avaló el operativo.
Ayer, después de siete años de denuncias y procesos de diversas organización de Derechos Humanos que piden justicia por la represión y violencia ejercida por el Estado mexicano contra los campesinos de San Salvador Atenco, el Gobierno de México propuso reparar los daños a las mujeres violadas sexualmente por parte de agentes policiales, tras admitir que se cometieron excesos contra los derechos humanos por parte de las fuerzas de seguridad.
Ahora fue Lía Limón la que ofreció, otra vez, justicia.
La subsecretaria de Asuntos Jurídicos y Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación ofreció disculpas a nombre del gobierno mexicano en Washington, por el exceso de fuerza y las violaciones a los derechos humanos cometidos en San Salvador Atenco.
Durante la audiencia que sostuvo la funcionaria en la CIDH, Lía Limón aseguró que "la voluntad del Estado mexicano de resolver esto como solución amistosa".
“El Estado mexicano desea manifestar su profunda solidaridad con las víctimas, a partir del reconocimiento de que se violaron sus derechos humanos y expresamos nuestra voluntad para que se logre la reparación integral, y ofrecemos una disculpa pública por los excesos cometidos por las fuerzas del orden”, dijo Limón.
LA CUENTA PENDIENTE DE EPN
El ensayista e historiador Adolfo Gilly calificó el caso como "una represión que rebasó todos los límites de violencia por parte del Estado mexicano, dejando atrás acontecimientos como el 2 de octubre. "Atenco ha rebasado todos los límites de represiones anteriores en las cuales hubo muertos, torturados, desaparecidos, encarcelados, contra los opositores políticos y organizaciones sociales”, dijo en la presentación del informe preliminar de la Comisión Civil Internacional de Observación por los Derechos Humanos/Caso Atenco en el 2006.
De acuerdo con la página de la SCJN, "en mayo de 2006 se dio un enfrentamiento violento entre policías, tanto federales como estatales, y vendedores de flores del Municipio de San Salvador Atenco que fueron desalojados de una plaza municipal y que posteriormente bloquearon la carretera Lechería –Texcoco".
Los floricultores pidieron el apoyo del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra y, a las pocas horas, comenzó un serio enfrentamiento entre las policías federal, estatal y municipal, y los habitantes de la localidad, según reportes de prensa. Al día siguiente la policía entró a tomar el control de la situación. El saldo 2 muertos, más de 50 heridos y cerca de 200 detenidos.
Entre los arrestados se encontraban varias mujeres, tanto mexicanas como extranjeras (dos españolas, una alemana y una chilena), quienes, tras ser liberadas, denunciaron haber sido víctimas de violencia sexual a manos de los policías durante su traslado al penal de Santiaguito, publica Efe.
“En el camión, me quitaron la ropa, y varios policías me pellizcaron los pezones, me golpearon los glúteos e introdujeron sus dedos, e incluso objetos, en mi vagina”, testimonió Italia Méndez, y explicó cómo, mientras temblaba, oía gritar a sus compañeras.
“Cuando llegamos al penal, me dejaron volver a bajar la blusa y subir los pantalones. Pensaba que nos iban a matar. Tenía la certeza de que nos iban a matar. Jugaban con nuestra mente, de modo que nos ponían en fila, nos contaban varias veces, y cada vez salía un número menor”, recordó durante la audiencia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en Washington.
IMPUNIDAD
En la audiencia celebrada ayer, funcionarios mexicanos admitieron la “gravedad” de los hechos y propusieron alcanzar un “acuerdo amistoso” para reparar daño a las víctimas.
El subsecretario para asuntos multilaterales y derechos humanos, Juan Manuel Gómez Robledo, dijo “pedimos la mediación de la CIDH para lograr una solución amistosa, que incluya una compensación, tratamientos psicológicos a las víctimas e incluso una disculpa pública del Gobierno por violaciones a los derechos humanos”.
El Gobierno también aseguró haber identificado y tomado las medidas correspondientes contra los 29 policías que participaron en el traslado de los detenidos y garantizó que estas “violaciones a los derechos humanos” no respondieron “a ninguna orden gubernamental ni de los mandos superiores”.
En julio de 2012, la Secretaría de Seguridad Ciudadana emitió un comunicado en el que dio a conocer que se había girado una orden de búsqueda, localización y aprehensión en contra de tres policías: Eduardo Vite Mendoza, Luis Cristóbal Sánchez Álvarez y Ricardo Consuelo Cruz por presunta responsabilidad en el delito de tortura en el caso San Salvador Atenco.
También se informó que los agentes Vite Mendoza y Consuelo Cruz habían sido puestos a disposición del Juzgado que ordenó su aprehensión e ingresaron al penal estatal de “Santiaguito”en Almoloya de Juárez, donde continuarían su proceso legal.
Este mismo día, el gobierno del Estado de México afirmó ante un comité de expertos de la ONU que antes de que terminara el año podría haber procesados por los abusos sexuales cometidos en 2006 contra 26 mujeres tras manifestaciones en el poblado de Atenco. Tres meses después que inició el 2013, el caso sigue tan endeble como al principio con la diferencia que al fin fue atendido en la CIDH.
Para Amnistía Internacional han sido inadecuados e insuficientes los esfuerzos que los gobiernos federal y del Estado de México han realizado hasta ahora para sancionar a funcionarios responsables de violar derechos humanos en San Salvador Atenco. Aunque celebró que el caso se haya retomado en la CIDH.
En una declaración pública emitida el año pasado, AI señaló que sólo dos policías fueron consignados por delitos menores y luego absueltos. Tras hacer una amplia revisión de las acciones realizadas por el gobierno federal y del Estado de México, así como por diversas autoridades judiciales, Amnistía concluyó que los esfuerzos no han dado los resultados que se esperaban.
SIN DISCULPAS
Después de siete años de recorrer diferentes instancias mexicanas sin encontrar justicia, el caso Atenco se atendió en la sede de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en Washington, donde el asunto se litiga desde el 2008.
En la audiencia y tras dar su testimonio, Italia Méndez leyó un texto en el que rechazó las disculpas del Estado mexicano.
“No vemos posibilidades y no es nuestro deseo explorar una solución amistosa, pues el Estado ha demostrado en estos seis años no sólo una incapacidad para responder a nuestras demandas de verdad y justicia, máxime porque sus únicas acciones han estado relacionadas con la denuncia que hemos levantado a nivel interamericano e internacional sino también se sigue difundiendo información falsa sobre lo ocurrido en Atenco”, dijo.
Durante la audiencia, la subsecretaria de Gobernación, Lía Limón García , aceptó que las violaciones a derechos humanos a las mujeres de Atenco, “ameritan una reparación integral y ofrecer una disculpa pública”.
Pero Italia Méndez insistió en que el tiempo para reparar el daño dentro del Estado mexicano había pasado, y que ello fue el motivo por el que se recurrió al CIDH.
“No nos busquen para buscar una reparación de daño”, advirtió Méndez y dijo que los únicos interlocutores entre ellas y los representantes del Estado eran los abogados del Centro de Derechos Humanos Agustín Pro Juárez (Centro Prodh) y el Centro para la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) que las representaban.
