Ciudad de México, 22 de feb (SinEmbargo).- Como una medida excepcional para apoyar la economía de los estados más endeudados, en la Ley de Ingresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2013 – y desde el 2008- se contempla la condonación a estados y municipios que no hayan pagado el Impuesto Sobre la Renta que retiene de sus trabajadores.
Esta situación movió a un grupo de intelectuales a promover un amparo contra esta determinación de la Cámara de Diputados del artículo 9 de la Ley de Ingresos. Consideraron injusto e inequitativo que se diera un trato preferencial a los gobiernos locales que están en falta.
La Senadora panista Laura Rojas, una de las principales impulsoras del control al endeudamiento excesivo de estados y municipios, solicitó información sobre la exención del impuesto sobre la renta a entidades federativas, entre 2008 y 2012.
Consideró un “incentivo perverso” el que durante estos años los congresos, federal y locales, han firmado cheques en blanco a los gobernadores y a los municipios.
Mediante un punto de acuerdo respaldado por el Senado, pidió a la Secretaría de Hacienda y al Sistema de Administración Tributaria que informen cuáles son los montos con los que fueron ayudados los estados, municipios y delegaciones del Distrito Federal.
“Vemos a los gobernadores actuar de una manera sumamente irresponsable, por dos razones, en primer lugar no quieren asumir el costo político de recaudar, somos uno de los países de en los que la recaudación local es una de las más bajas del continente, incluso del mundo, y entonces prefieren ir a endeudarse en lugar de recaudar por sí mismos”, dijo la legisladora en entrevista.
Consideró que es deber de la Cámara Alta resarcir esta inequidad fiscal, entre los llamados deudores morosos y los contribuyentes cumplidos.
“Desde el 2008 se ha venido haciendo este descuento del 60 por ciento a estados y municipios que lo adeudan. Me parece que es una medida equivocada, que en el Senado tenemos que hacer un mejor trabajo legislativo, un mejor análisis de las leyes de ingresos, en lo personal creo que no es una medida correcta, que se tiene que corregir”, subrayó.
A la letra, el artículo 9 de la LIF-2013 dice: “Las entidades federativas, municipios y demarcaciones territoriales del Distrito Federal, incluyendo sus organismos descentralizados y autónomos que se hubieran adherido al Decreto por el que se otorgan diversos beneficios fiscales en materia del impuesto sobre la renta, de derechos y aprovechamientos", publicado en el Diario Oficial de la Federación el 5 de diciembre de 2008, se les extenderá el beneficio referido en el artículo segundo, fracción I de dicho Decreto, hasta el ejercicio fiscal de 2012 y anteriores, siempre y cuando se encuentren al corriente en los enteros correspondientes al mes de diciembre de 2012. Dichas órdenes de gobierno, en lugar de aplicar los porcentajes establecidos en el artículo segundo, fracción II del mencionado Decreto, podrán aplicar el 60 por ciento para el año 2013 y el 30 por ciento para el año 2014.”
OPACIDAD EN INFORMES DE DEUDAS
El Senador del PRD, Mario Delgado, solicitó a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores un informe específico de las operaciones crediticias que han realizado los bancos a estados y municipios.
Tuvo que reiterar su solicitud, ya que ésta la había presentado al inicio del año, en una sesión de la Comisión Permanente. El legislador explica que en aquella ocasión se le respondió mediante oficio del 6 de febrero.
“Las operaciones y servicios crediticios tiene el carácter de confidencial, por lo que las instituciones de crédito en protección del derecho a la privacidad de sus clientes y usuarios en ningún caso podrán dar noticias o información de los depósitos, operaciones o servicios”, dice el texto firmado por la CNBV.
El legislador consideró que esta información debe ser pública y no estar reservada, pues no se trata de información sensible para la seguridad nacional, “solicitamos a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, órgano desconcentrado de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en un ánimo y ejercicio de conciliación de los distintos valores en un estado de derecho, proporcione la información a que se refiere el punto de acuerdo”, dijo en la tribuna del Senado el legislador capitalino.
Ante esta situación, el PRD en el Senado propuso crear el Sistema Nacional de Deuda dirigido por el Senado de la República.
Esta propuesta se inserta en la iniciativa presentada por el Senador perredista, Armando Ríos Piter, para crear la Ley General de Responsabilidad Fiscal de Presupuesto y Deuda Pública, con el objetivo de regular, la deuda pública federal, estatal y municipal, desde la Cámara Alta.
Esta iniciativa tiene el doble propósito de restarle poder a la Secretaría de Hacienda, como oficina central desde donde se controla, vía apoyos fiscales y exenciones a los gobiernos estatales.
DEUDA DE ESTADOS Y MUNICIPIOS
La deuda de estados y municipios ha crecido de forma importante en los últimos años. En 2006, la deuda de las entidades federativas era de 160 mil millones de pesos, en el 2012 creció 164 por ciento y se colocó en 434 mil 761.2 millones de pesos.
Según el informe de la fiscalización de la Cuenta Pública 2011, entregado a la Cámara de Diputados el pasado miércoles 20 de febrero por la Auditoría Superior de la Federación, la deuda subnacional ascendió a 390 mil 777.5 millones de pesos.
En el reporte se informó que el saldo de la deuda estatal creció un promedio de 18.9 por ciento entre el 2009 y el 2011, es decir, aumentó a 252 mil 153.5 millones de pesos, en dos años.
Con datos de la Secretaría de Hacienda, la deuda pública de estados y municipios se incrementó en 43 mil 983.7 mil millones de pesos en 2012, año electoral, para ubicarse en un saldo de 434 mil 761.2 millones de pesos.
Según el reporte sobre la situación de la deuda de estados y municipios, las entidades, incluidos sus municipios, con mayor saldo acumulado fueron: Distrito Federal, con 58 mil 773.8 millones de pesos, Nuevo León con 46 mil 952.9 millones de pesos, y Estado de México con un adeudo de 39 mil 929.3 millones de pesos, durante el último año de gobierno de Enrique Peña Nieto antes de abandonar el cargo para buscar la candidatura presidencial.
En Coahuila, donde los préstamos contratados provocaron un escándalo en el gobierno de Humberto Moreira Valdés, alcanzó un adeudo de 36 mil 421.7 millones de pesos.
Por cierto, Coahuila también fue el estado que alcanzó el mayor porcentaje de incremento de su deuda pública en 2011, pues en solo un año aumentó 361.9 por ciento, según informó la Auditoría Superior de la Federación en su informe de la cuenta pública de ese año.
Al menos una cuarta parte de los gobiernos, dice la Secretaría de Hacienda, tienen comprometido más de 60 por ciento de las participaciones federales como garantía de pago.
Nuevamente, en Coahuila los recursos comprometidos son del 298.5 por ciento, en Nuevo León representa 208.3 por ciento y en Chihuahua, la deuda requerirá el 159.7 por ciento, de dichas participaciones.
Los datos están allí, sin embargo, es difícil que los gobiernos estatales informen en qué se gastaron los recursos solicitados, en su mayoría, mediante créditos bancarios.
