Ciudad de México, 22 de feb (SinEmbargo).- Los hombres armados estaban dentro de su casa en Matamoros, Tamaulipas. Dania Vega los vio llegar a bordo de cinco camionetas todoterreno. Fueron por su esposo de 33 años y por su padre de 59. Presa del pánico se encerró en el baño con sus dos hijos y mientras escuchaba lo que sucedía afuera llamó al 066 para pedir auxilio.
Dania explicó al oficial de policía del otro lado de la línea que había varios encapuchados, con armas largas recorriendo las habitaciones de su casa y registrando sus pertenencias. Lo único que obtuvo fue un “Si ya están, no podemos hacer nada por ustedes”.
Los hombres salieron de la vivienda y se llevaron consigo al esposo y al padre. Dania corrió hacia la calle y, a unas cuadras se encontró con unos patrulleros de la policía municipal. Dania les pidió ayuda y contó lo sucedido.
Recordaba las características de los vehículos donde los encapuchados se llevaron a sus familiares y de nuevo obtuvo una negativa.
“Los policías respondieron que no tenían responsabilidad por lo que sucedía en esa parte de la ciudad y no podían alejarse del sitio adonde habían sido asignados. Dijo que los policías ni siquiera denunciaron el delito a otras patrullas por radio”, documenta el informe Los Desaparecidos en México de la organización civil Human Rights Watch (HRW).
Nik Steinberg, experto a cargo en México de la ONG, asegura que en esta situación se encuentran los 250 casos que documentó la organización en su reciente informe. No hay claridad ni investigación y mucho menos justicia.
En 149 de los casos HRW comprobó que participaron fuerzas de seguridad del Estado y de éstos, en 60 cuenta con pruebas testimoniales, documentos oficiales, fotografías y videos que comprometen a servidores públicos, miembros del Ejército, la Marina y policías federales y estatales en colusión con el crimen organizado para perpetuar estas desapariciones.
Estas víctimas no tenían antecedentes penales, provienen de familias de escasos recursos. Son maestros, mecánicos, obreros y algunos de ellos policías municipales secuestrados por sus mismos compañeros como ocurrió en el municipio de Apodaca, Nuevo León, señala Steinberg.
A la par de que los crímenes fueron cometidos por la fuerza del Estado, la justicia a nivel local tampoco se asomó, pues a muchos se les negó levantar una denuncia ante al Agente del Ministerio Público.
La mayoría de los familiares de las víctimas aseguran que el agente ministerial les pidió que esperaran 72 horas después de la desaparición para presentar una denuncia, con la premisa de que probablemente se fueron con alguna pareja sentimental.
“En otros casos el argumento de los agentes es que a lo mejor andaban en malos pasos y simplemente no abren las investigaciones. No hay rendición de cuentas, no se hace nada”, dice Steinberg.
Los agentes dijeron a los familiares que era muy probable que el desaparecido fuera detenido por miembros de las fuerzas de seguridad, para ponerlo a disposición de funcionarios, entonces, habría que esperar y no levantar una denuncia.
La organización humanitaria también documenta que en algunas incidencias, numerosos agentes y funcionarios de Seguridad Pública locales, asumen que la víctima fue elegida porque pertenecía a una organización delictiva, sin ni siquiera investigar.
“La presunción de que las víctimas mantienen vínculos con la delincuencia ha sido invocada frecuentemente por agentes del Ministerio Público para justificar que no se haya investigado una desaparición, apelando de este modo a una lógica falaz que sugiere que la (supuesta) actividad delictiva de la víctima exime al Estado de su obligación de investigar los delitos que se hayan cometido contra ella. Independientemente de cuáles sean los antecedentes de la víctima”, indica el informe.
El documento detalla además que los investigadores de las desapariciones esperan semanas, meses y hasta años para solicitar los registros de telefonía celular, dispositivos de radio o movimientos bancarios de las víctimas, a pesar de que los familiares detectaron que las cuentas continuaban en uso.
“En la mayoría de los casos los investigadores tampoco intentaron de manera oportuna obtener las imágenes tomadas por cámaras de vigilancia públicas o privadas que podrían haber aportado información relevante. Para cuando los funcionarios pidieron estas grabaciones, en general ya habían sido borradas debido a que había transcurrido demasiado tiempo”, se lee en el reporte.
Las autoridades tampoco entrevistaron a testigos, compañeros de trabajo, amigos de las víctimas. En numerosos casos los familiares ofrecieron posibles implicados en la desaparición de su pariente, desde el número de la unidad o patrulla en la que fue “levantado”, hasta nombres de policías y soldados.
Nik Steinberg relata que incluso algunos de estos desaparecidos fueron relacionados con las fosas de la masacre en San Fernando, Tamaulipas y que los investigadores para realizar las pruebas de ADN a los cadáveres, tomaron muestras a las esposas.
“Esto es para llorar y para ver la capacidad que tienes estos investigadores. Este tipo de errores son la regla, incluso han perdido expedientes”, subraya.
MADRES QUE BUSCAN A SUS HIJOS
La organización realizó su investigación en el lugar de los hechos, con los familiares de las víctimas. La mayoría de ellos, madres que van a los cuarteles a preguntarle a los soldados, los mismos que se llevaron a sus hijos, el paradero de sus desaparecidos.
José Miguel Vivanco, director para las Américas de Human Rights Watch (HRW), asegura que la ONG está protegida y que no corre peligro al indagar, pero resalta que son los parientes de las víctimas las que están totalmente indefensas y propensas al peligro.
“Tenemos casos de mamás que han sido amenazadas, madres y padres de familia que mientras no encuentren a sus hijos, van a seguir buscándolos”, relata Vivanco.
Ellas, dice, seguirán tocando puertas en busca de respuestas. Con sus manos y recursos, continuarán recabando evidencia que las lleve al paradero de sus hijos e hijas. Ellas seguirán realizando el trabajo que le corresponde a la autoridad.
Vivanco señala que el informe es sólo una pequeña aportación, son 250 casos realizados por una ONG con sus recursos, pero se estima que hay más de 24,000 desaparecidos y casi 16,000 restos sin identificar en las morgues del país. Todos víctimas de la guerra contra el narcotráfico de Felipe Calderón Hinojosa.
Existe el riesgo, apunta, de que nunca se conozca realmente la magnitud de la estrategia contra el crimen organizado de la administración pasada.
