Ciudad de México, 20 de feb (SinEmbargo).- La Ley de Víctimas está de nuevo en la mesa de discusión. Después de haber sido vetada por el ex Presidente Felipe Calderón, llevada a la Suprema Corte de Justicia de la Nación y vapuleada por diferentes organizaciones no gubernamentales de México, el Senado de la República recibió las modificaciones hechas por defensores de derechos humanos.
La Ley, que no es otra cosa más que el reconocimiento de la crisis de inseguridad que ha imperado en el país desde hace seis años con saldo de 60 mil y 100 mil muertos, y cientos de desaparecidos, será discutida nuevamente por legisladores para ahondar en los puntos débiles de la aprobada como parte del Pacto por México que impulsa el actual Presidente Enrique Peña Nieto.
Ayer, fue presentada a comisiones de Gobernación, Justicia y Estudios Legislativos del Senado, una serie de propuestas consensadas por organizaciones sociales y defensoras de derechos humanos, para mejorar la Ley General de Víctimas.
La iniciativa fue entregada personalmente a los coordinadores parlamentarios de los partidos Revolucionario Institucional (PRI), De la Revolución Democrática (PRD), Verde Ecologista de México (PVEM) y Del Trabajo (PT), por el poeta Javier Sicilia, el integrante más visible del Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad; Alejandro Martí, Presidente de México SOS, y María Elena Morera, Presidenta de Causa Común.
El texto consta de 144 páginas y corrige la mayoría de los 189 artículos que componen la Ley publicada en el Diario Oficial de la Federación, el pasado 9 de enero.
Los cambios propuestos por las organizaciones civiles no son menores, pero tampoco modifican el sentido original de la Ley, que es reconocer, identificar, dignificar y apoyar a quienes fueron víctimas de la violencia.
En primer término, se agrega una definición del término víctima, con lo cual se resuelve una de las principales observaciones que el PAN en el Senado y algunas organizaciones defensoras de derechos humanos habían realizado a la ley promulgada por el Presidente Enrique Peña Nieto.
Es decir, se cuestionaba que la Ley dejaba abierta la definición de víctima, con lo cual cualquier persona podría llamarse a sí misma víctima, a pesar de no haber sufrido un daño irreparable a su persona o la violación a sus derechos humanos.
La propuesta define víctimas directas a aquellas personas físicas que de forma inmediata hayan sufrido algún daño económico, físico, mental, emocional, o en general, que se haya puesto en peligro o lesión a sus bienes jurídicos o derechos como consecuencia de la comisión de un delito.
Agrega la definición de víctimas indirectas, entre quienes se encuentran os familiares o aquellas personas físicas a cargo de la víctima directa que tengan una relación inmediata con ella.
Y víctimas potenciales son las personas físicas cuya integridad física o derechos peligren por prestar asistencia a la víctima ya sea por impedir o detener la violación de derechos o la comisión de un delito.
En esta definición también se incluye a los defensores de víctimas, como parte de las personas a quienes se tiene que proteger, en caso de que sus derechos a la vida y a la libertad se vean amenazados.
El siguiente gran cambio tiene que ver con las observaciones realizadas el texto original que dejaba muy ambiguo a quién el Estado mexicano debía resarcir el daño. Se decía, por ejemplo, que una persona que hubiera sido víctima del robo de su automóvil de marca Mercedes Benz, podría solicitar como reparación del daño que el Estado le restituyera su vehículo.
La modificación fue detallada por María Elena Morera en la presentación de la iniciativa: “A quién se le va a resarcir el daño económicamente, esa parte es muy importante porque no hay ningún país del mundo que pueda resarcir el daño a todas las víctimas; sin embargo, en primera estancia las víctimas por violación a los derechos humanos, me parece que son las más importantes y quedaron en primer lugar. Y al lado de ellas, las víctimas de la delincuencia organizada, que se definen por los delitos de alto impacto como es el asesinato o la pérdida de libertad”.
En el nuevo artículo 64 –antes 70–, se precisa cuáles son los perjuicios, sufrimientos o pérdidas que se monetizan como consecuencia de la comisión de los delitos.
Se agrega la definición de daño moral, como uno de los agravantes por el cual se podrá solicitar reparación monetaria. El texto dice: El daño moral comprende tanto los sufrimientos y las aflicciones causados a las víctimas directas e indirectas, como el menoscabo de valores muy significativos para las personas y toda perturbación que no sea susceptible de medición pecuniaria.
Por otra parte, se adiciona la responsabilidad de las entidades federativas. Por ejemplo, en el nuevo artículo 39 –que antes era 45 pero se recorrió debido a los ajustes en la redacción y la derogación de artículos repetidos- se señala que serán las autoridades competentes de los diversos órdenes de gobierno las que paguen los gastos en materia de transporte.
En otro de los cambios sustantivos, se determinó reducir de nueve a siete el número de integrantes de la Comisión Ejecutiva. Se especifica que ésta será integrada por cuatro comisionados especialistas en alguna disciplina o materia relacionada con la Ley y tres comisionados representarán a los colectivos de víctimas.
Las organizaciones firmantes de la iniciativa de reforma a la Ley General de Víctimas consideran fundamental reformar el artículo 182 R del Código Federal de Procedimientos Penales, a efecto de que el Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral participe de los recursos que se obtengan por la enajenación de los bienes decomisados en procesos penales federales, referida en el artículo primero de la Ley Federal para la Administración y Enajenación de Bienes del Sector Público.
PRESENTACIÓN DE LA INICIATIVA
Los coordinadores parlamentarios del PRI, PRD, PVEM y PT recibieron a los integrantes de organizaciones defensoras de derechos humanos, así como a víctimas de la inseguridad y la delincuencia organizada, en el Senado de la República.
De la mano del poeta Javier Sicilia recibieron el documento que contenía las propuestas para reformar la Ley de Víctimas.
Al acto llegó tarde el Senador panista Roberto Gil Zuarth, en su calidad de Presidente de la Comisión de Justicia y no como representante de la bancada del PAN.
Con su particular estilo, Javier Sicilia dijo justo lo que quería decir. Sin medias tintas advirtió a los líderes parlamentarios que no permitiría que el sentido original de la Ley se desvirtuara con reformas cosméticas e innecesarias.
“Esperamos que a fuerza de quererla perfeccionar más y más en nombre de un bien abstracto y absurdo, no terminen por destrozarla como algún día, para desgracia de la nación y de los pueblos e indios, se hizo con los Acuerdos de San Andrés y la Ley Indígena. Eso sería una nueva traición y un espantoso agravio que desgarraría más a nuestra propia Patria”, recalcó ante los presentes.
Reiteró que las modificaciones atienden al 100 por ciento, las observaciones del ex Presidente Felipe Calderón Hinojosa, por lo cual vetó la Ley y la controvirtió ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
“Estas mismas reformas que atienden en casi el 100 por ciento las observaciones hechas en su momento por la administración de Felipe Calderón y que son las mismas que han perdido los críticos de esa Ley, con los cuales hemos trabajado para sacarlas adelante, serían las mismas que habríamos entregado si Felipe Calderón las hubiera publicado en su momento, como lo mandataba la Constitución”, dijo con tono potente el poeta.
Por su parte, la Presidenta de Causa Común, María Elena Morera, celebró los cambios realizados a la Ley General de Víctimas, “en esta ley lo importante y lo importante para las víctimas, es que puedan llegar a cerrar el círculo de dolor, que puedan rehacer su vida y hacerla todavía mejor de lo que era y este proceso es tan complejo que sin la ayuda del Estado mexicano, de las organizaciones de la sociedad civil, de la misma familia de la víctima, sería casi imposible de lograr, por eso creo que estas modificaciones son muy importantes porque verdaderamente la hacen viable”, dijo.
En su oportunidad, Alejandro Martí, Presidente de México SOS, justificó la ausencia de la activista Isabel Miranda de Wallace, ex candidata a la Jefatura de Gobierno del Distrito Federal, y una de las principales promotoras de la iniciativa de reformas a la Ley de Víctimas que prepara el PAN.
“Ella, como todos nosotros, es una persona, una activista seria, luchadora y en esencia lucha por la misma causa. Esta Ley de Víctimas es precisamente para las víctimas, que también es el anhelo de Isabel y les puedo decir que no está con nosotros hoy por razones de salud”, la excusó.
Previamente, Alejandro Martí coincidió con Sicilia en el sentido de que esta Ley no tiene tintes ni colores partidistas “Esta Ley no tiene patronos; no tiene titulares; no tiene creadores. Es una Ley de todas las víctimas en este país. La unión de ciudadanos y de activistas, rechazamos completamente el titularismo y los protagonismos. Creemos en México y creemos que los 106 millones de habitantes, de ciudadanos que somos en este país, todos estamos colaborando por un México mejor”, subrayó.
Los senadores no pudieron hacer menos que reconocer que la Ley General de Víctimas es una respuesta ciudadana, ante una demanda social. Se comprometieron a atender las propuestas y mejorar la redacción de la Ley, a fin de hacerla viable para cumplir con su objetivo: proteger a quienes fueron víctimas de la violencia.
A pregunta expresa del significado de la publicación de la Ley de Víctimas, algunos familiares de personas desaparecidas respondieron que esta Ley es un pequeño consuelo y un aliciente para seguir con sus vidas, en medio del dolor y el sufrimiento por haber perdido a sus seres queridos.
