Ciudad de México, 30 de ene (SinEmbargo).- Es la mayor de las heridas de la elección presidencial. Y es, ahora, una herida reabierta. El uso de monederos electrónicos Monex, que tanto negaron los coordinadores de la campaña de Enrique Peña Nieto frente a las cámaras, grabadoras y micrófonos, lejos de convertirse en cicatriz, vuelve a sangrar.
Hoy, en sesión, el Instituto Federal Electoral (IFE) pretende declarar que el único que se excedió en gastos de la campaña de 2012 fue Andrés Manuel López Obrador, con lo que da un segundo espaldarazo al Partido Revolucionario Institucional (PRI) y como efecto de rebote une, en torno a una causa, a PAN, PRD y... el mismo AMLO.
Apenas la semana pasada el Consejo General del IFE avaló el dictamen de la Unidad de Fiscalización que declaraba infundada la queja del Partido Acción Nacional (PAN) en contra del Revolucionario Institucional (PRI), por financiamiento ilegal. Pero el capítulo lejos de cerrarse, ha abierto otro más: el de la resistencia.
El tema está presente en el Pacto por México. Lo dijo el presidente del PAN, Gustavo Madero: desde allí se impulsarán reformas legales para nivelar el próximo proceso federal, “y para impedir que haya más elecciones que se sigan ganando a billetazos o con engaños”.
A lo largo de la investigación, que duró siete meses, el PRI pasó de negar el uso de tarjetas a reconocer que sí dispuso de ellas. Monex es el tema que unió a los presidentes del PAN y del PRD, que exigen esclarecer el origen y uso de los recursos. Y Monex estuvo presente en la sentencia de calificación de la elección presidencial del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), que lo desestimó.
Hoy, Monex revive en la sesión del IFE, en donde se discutirá el dictamen de la Unidad de Fiscalización según el cual la única campaña presidencial que rebasó los topes de campaña fue la de López Obrador.
La ira del tabasqueño, ahora, es la misma del Partido de la Revolución Democrática. Y, curiosamente, es la misma bandera de Acción Nacional. López Obrador, un opositor del PAN, renunció al PRD apenas el 9 de septiembre de 2012. Ahora las tres fuerzas (considerando que AMLO encabeza Morena, en vías de ser partido) forman una sola causa en contra del PRI y de lo que consideran prácticas fraudulentas para imponerse electoralmente.
CONTEXTO | AMLO PRESENTA INFORME DE GASTOS: López Obrador, ex candidato presidencla de la coalición Movimiento Progresista publicó esta tarde una carta dirigida “a la opinón pública” donde detalla punto por punto –con informes y convenios– los gastos que realizó durante la campaña electoral de 2012. El ahora líder de Movimiento Regeneración Nacional (Morena), afirma que todos sus gastos fueron informados y comprobados mes con mes ante el IFE. IR A LA NOTA
MONEX, “DELINCUENCIA ELECTORAL ORGANIZADA”
El 26 de junio de 2012, a cinco días de que se celebraran las elecciones para la presidencia en México, el representante del Partido Acción Nacional ante el IFE, Rogelio Carbajal, presentó una queja ante la Unidad de Fiscalización del instituto, en contra del Partido Revolucionario Institucional, por el uso de una estructura financiera operada por el PRI a través de tarjetas Monex.
El tema no era nuevo. Ya lo habían ventilado Roberto Gil Zuarth y Juan Ignacio Zavala, un día antes, en la casa de campaña de Josefina Vázquez Mota, en la colonia Del Valle. Todo se derivó de la denuncia que puso el empresario José Luis Ponce de Aquino, presidente de Frontera Television Networks (FTN) quien el 14 de junio había denunciado un fraude por 56 millones de dólares de parte del equipo de campaña del PRI. La acusación fue usada por el Partido de la Revolución Democrática para interponer una denuncia contra el PRI ante la Procuraduría General de la República (PGR). Fue la punta de la madeja que derivó en el caso Monex.
Aunque se hablaba de un fondo de 56 millones de dólares y que había pasado primero por Israel, Luxemburgo y Estados Unidos, la denuncia fue presentada luego de que tres operadores de las tarjetas Monex enviaron al PAN sus tarjetas desde Guanajuato. Eran tarjetas al portador, tarjetas de débito, sin un nombre específico pero sí con un recuadro para la firma de quién lo utilizara.
Carbajal explicaba que los operadores incluso habían dado copia de su credencial de elector, para relatar la historia, “que es, sin lugar a dudas, una historia de corrupción”.
De acuerdo con el representante panista, eran tarjetas destinadas para los delegados distritales del PRI, con un monto de 60 mil pesos mensuales, para tres meses de operación.
Eso daba 180 mil pesos por delegado para la campaña, que al multiplicarlo por los 300 en todo el país, sumaba 54 millones de pesos.
Pero la denuncia decía que a ese monto debía agregarse el de 19 mil 490 representantes generales, quienes recibirían por la campaña 20 mil pesos, en conjunto sumarían entonces 389 millones de pesos. Además, había que añadir a los 143 mil 151 representantes de casilla quienes recibirían por su labor 600 pesos, en suma 257 millones 671 mil 800 pesos.
La suma por la que el PAN acusaba al PRI era de más de 700 millones de pesos.
“Lo que constituye que el PRI ha violado ya todos los topes de gastos”, de acuerdo con el expediente Q-UFRPP 58/12.
El tope de campaña era de 330 millones de pesos, y de acuerdo a la queja el PRI había movilizado con la estructura Monex más del doble permitido.
“Lo que queda claro con esta operación, a todas luces ilegal, es que el PRI es y constituye delincuencia electoral organizada y aquí está la evidencia y la presentaremos al IFE, con el propósito también que dicte alguna medida cautelar para que estos recursos sean congelados y detenidos y no sean un factor que desequilibre la competencia auténtica en esta elección”.
PRUEBAS INSUFICIENTES
La semana pasada Rogelio Carbajal se quejaba ante SinEmbargo de que lo que resolvió la Unidad de Fiscalización sobre el caso Monex es prácticamente lo que ya se sabía desde junio.
“Casi siete meses después de una investigación el IFE nos viene a decir lo que ya sabía 48 horas después de haber presentado la queja en junio del año pasado. ¿Qué quiero decir con esto? Que esta decisión debió tomarse en agosto, el IFE estaba en perfecta actitud de resolver esta queja y no haber dado este plazo de tiempo excesivo y después de tanto tiempo no se puede arribar a una conclusión tan inconsistente como a la que está llegando la unidad de fiscalización”.
Efectivamente, desde junio del año pasado fechas el instituto ya daba muestras de cómo manejaría el tema. Un día después de presentada la queja, mediante un boletín informó que la Comisión de Quejas y Denuncias no encontró indicios de que los fondos de la persona con carácter mercantil contrató con Monex fueran a ser usados para la compra y coacción del voto, y ordenó la remisión del expediente a la Fiscalía Especializada para Delitos electorales (Fepade).
El Tribunal Electoral del Poder Judicial tres días después confirmó la negativa de la Comisión de Quejas para congelar los fondos de las cuentas Monex, y lo hizo en virtud de que las pruebas aportadas por el PAN eran “insuficientes”.
La relevancia del tema unió a los dirigentes de Acción Nacional y del PRD, Gustavo Madero y Jesús Zambrano, quienes en conferencia el 17 de julio pidieron a la Procuraduría General de la República investigar si hubo lavado de dinero en la campaña priista, y anunciaron que irían juntos en sus demandas de investigar el caso Monex.
El 18 de julio quien fuera representante jurídico de la campaña del PRI (y ahora es el procurador general de la República) Jesús Murillo Karam, reconoció que habían usado un sistema de tarjetas para distribuir recursos a sus estructuras estatales. Pero negó que fuera dinero de campaña y aseguró que era para gasto corriente y negó que el contrato lo hayan hecho con Monex.
De acuerdo con un recuento de SinEmbargo, hasta entonces el PRI había negado 20 veces que hubiera usado las tarjetas Monex.
Fue por esos días que diversos medios de comunicación, como Grupo Imagen y Reforma dieron a conocer que Grupo Comercial Inizzio, quien compró las tarjetas Monex a petición del PAN, tenía domicilios fantasmas y prestanombres.
El 26 de julio fue el candidato de Movimiento Progresista, Andrés Manuel López Obrador, quien presentó un listado de cuatro mil supuestas personas residentes en Tabasco, que habían recibido tarjetas Monex con un monto de tarjetas Monex, para hacer promoción a favor de Peña Nieto.
Un día después Rogelio Carbajal pidió al IFE resolver el caso, antes de que el Tribunal Electoral resolviera la elección presidencial (plazo que se vencía el 31 de agosto) y aseguró que las diligencias del caso no eran al ritmo que se requería.
El tema Monex fue llevado al TEPJF, que en su sentencia donde calificó la elección presidencial consideró que no hubo pruebas que las tarjetas hubieran sido distribuidas entre la ciudadanía en general.
“Con los elementos aportados, no se observó que la distribución de tarjetas se haya hecho entre los ciudadanos en general, ni que los representantes partidistas a los que se les entregaron hubiesen sido contratados con el objetivo de que las repartieran”.
El tema siguió. El 14 de noviembre la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados aprobó la integración de una comisión para investigar los desvíos de recursos durante las campañas electorales, uno de los casos era el de Monex.
Fue una concesión del PRI que había sido renuente a la formación de dicha comisión, solicitada desde septiembre por el PRD; pero ante la proximidad de la toma de posesión de Enrique Peña Nieto, los priistas dieron su brazo a torcer.
El tema recobró relevancia la semana pasada, cuando la Unidad de Fiscalización presentó su dictamen ante el Consejo General del IFE. Desde antes de la discusión el representante del PAN ante el Instituto criticó que el dictamen no incluyera una investigación completa del origen y destino de los recursos usados en lo que llamó “financiamiento paralelo” del PRI.
En entrevista con SinEmbargo Rogelio Carbajal calificó al dictamen de “perverso”.
“Lo que nos está tratando de decir a los partidos es que nosotros podemos contratar empresas mercantiles, pedirles dinero y que a partir de supuestos contratos de honorarios asimilados comprobar ese gasto”, dijo.
Pero el dictamen fue aprobado por el consejo General del IFE y el PAN anunció que recurriría al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.
PRD PIDE REMOCIÓN DE CONSEJEROS DEL IFE: Diputados federales del Partido de la Revolución Democrática (PRD) analizan la remoción de todos los consejeros electorales, dijo Silvano Aureoles, coordinador de la bancada perredista en San Lázaro. El legislador comentó que la decisión que tomará el Instituto Federal Electoral (IFE) –mañana cuando sea presentado el Dictamen de la Unidad de Fiscalización– será seguramente en contra de la coalición de izquierda que encabezó el PRD, por lo que propondrán una reforma al Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales (Cofipe), donde pedirán que se destituya a cada uno de los consejeros empezando por el presidente Leonardo Valdés Zurita. IR A LA NOTA
