Es comprensible, querido lector, que el Gobierno de la 4T se moleste porque les achaquen que en México hay desapariciones forzadas, a tal nivel que la ONU intervenga. Durante mucho tiempo, la izquierda criticó la actuación de las autoridades en la guerra contra el narcotráfico sostenida por el Presidente Calderón, en la que el ejército y la marina cometieron múltiples crímenes y abusos o la época de la guerra sucia, donde se desaparecieron disidentes políticos en la más completa impunidad.
Al menos en la retórica, ellos son diferentes y ya no suceden desapariciones forzadas como antes. Con esto lo que están diciendo es que las autoridades no desaparecen personas, sino el crimen organizado. Suponiendo que esto fuera cierto (al menos a un nivel no sistemático), el problema es mucho más complejo ya que las desapariciones cometidas por el crimen organizado a menudo se llevan a cabo con la participación de agentes del Estado, ya sean municipales, estatales y/o federales. Las fiscalías no investigan y por omisión o franca complicidad los criminales pueden actuar en completa impunidad.
Yo no puedo creer que esto, que está comprobado en casi todos los casos de desapariciones forzadas masivas, les pase de noche tanto al presidente del Senado como a la Presidenta Sheinbaum. Negarlo no sólo es inútil, también es preocupante, porque están negando una parte fundamental del problema de la violencia ¿cómo van a arreglar el problema si no lo reconocen en su real naturaleza? No importa si las complicidades son de orden municipal exclusivamente o estatal o ambas y que el Gobierno Federal esté exento de ellas. Lo que es un hecho es que todo el sistema estatal no está funcionando cuando grupos criminales han podido desaparecer a decenas de miles de personas sin que se les detenga, desde hace años. Peor aún, cuando el mismo Estado no ha podido investigar las desapariciones de personas, ni encontrarlas, ni esclarecer los hechos, ni castigar a los responsables durante lustros o décadas.
Claro, es un problema inmenso y complejo, porque para acabar con éste primero tendrían que desmontar todas las redes de corrupción y complicidad que posibilitan los crímenes, y hacerlo de manera específica: estado por estado, municipio por municipio, población por población. Recordemos, por ejemplo, el caso de la policía municipal de San Fernando, Tamaulipas, que en el año dos mil once trabajaba para los zetas y posibilitó una de las más atroces masacres cuando desaparecieron y asesinaron a cientos de pasajeros de autobuses. Sin la complicidad de la policía municipal, como en el caso Ayotzinapa también, esos horrendos crímenes no se hubieran podido cometer. Esas son, evidentemente, desapariciones forzadas. Pero igualmente lo son la de los jóvenes tlaxcaltecas desaparecidos en Oaxaca este mismo año, con la complicidad de autoridades locales, ya consignadas. No necesita intervenir una autoridad federal para que el delito de desaparición califique como “forzada”. Porque hay autoridades involucradas en los hechos en varios niveles y a eso se refiere el Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU. Y sí, este es el verdadero corazón del mal que nos aqueja ya desde hace mucho: la actuación del Estado que ha protegido y tolerado a sanguinarios criminales.
Las autoridades tendrían que investigar qué está ocurriendo o que ha ocurrido en sus policías, fiscalías y ministerios públicos. Por ejemplo, en el caso del rancho de Teuchitlán ¿de quién es la responsabilidad de que operara ese lugar en la más completa impunidad por años? ¿Cómo pudieron (o pueden) asesinar a personas sistemáticamente en sus campos de entrenamiento? Seguramente, alguien tuvo que proteger a los criminales para que en ese rancho o en otros o en el monte, criminales hayan podido desaparecer personas. ¿Dónde están, quiénes son las autoridades responsables? ¿y serán juzgados presidentes municipales, fiscales, ministerios públicos, gobernadores?
Y es que hasta que las autoridades no lleven a cabo el trabajo de investigación minuciosa de cada caso de desaparición en el país y den resultados, es imposible que la justicia exista en México y que las autoridades puedan rechazar tajantemente que en nuestro país existan desapariciones forzadas. No basta con indignarse y darle respuestas airadas a la ONU, habría que decirle al senador Fernández Noroña y a la Presidenta Sheinbaum que mientras el crimen organizado siga desapareciendo personas el Estado mexicano seguirá teniendo una responsabilidad en los hechos, ya sea por omisión o por complicidad abierta. Mientras, además, no se investiguen los casos, no se encuentren a las personas, no se consignen a los responsables, el Estado mexicano seguirá siendo señalado como responsable. Porque es el Estado el encargado de proveer a los ciudadanos de seguridad y de justicia a las víctimas. Obligación que ha incumplido e incumple cada vez que un ciudadano o ciudadana mexicano es desaparecido o asesinado en la más completa impunidad, mientras sus familiares se ven obligados a buscarlos hasta debajo de las piedras con sus propias manos, sabiendo que muy probablemente no los hallarán nunca, porque sus restos fueron pulverizados, mientras alguna autoridad era comprada para ocultar los hechos.
Sí, es su responsabilidad, y es mejor que la “cuarta transformación” que hoy gobierna se ocupe de remediar de fondo el problema, antes que intentar salvar su imagen, como antes hicieron otros gobiernos y otros políticos cínicos cuando los llamaron a cuentas. Tienen tiempo.
