Muy peligroso y nauseabundo, le comentaba la semana pasada, el uso que la oposición y el viejo establishment intelectual, desplazados por la Cuarta Transformación, han llevado a cabo de los hechos ocurridos en el rancho de Teuchitlán. El otro día veía una mesa de opinión donde comparaban los hechos con las desapariciones forzadas de Ayotzinapa, cuando son evidentes las diferencias entre ambos casos. La intención de que el caso Teuchitlán se convierta en un caso emblemático que golpee al Gobierno, las celebraciones alborozadas y los hipócritas golpes de pecho, dan vergüenza, la verdad.

Pero igualmente nauseabundos son los intentos de los aplaudidores del régimen, entre ellos periodistas y youtubers, para banalizar el fenómeno criminal. Las exageraciones de unos se topan con las minimizaciones ofensivas de otros. En el centro, la palabra “exterminio” va y viene. Es verdad que en el rancho no se encontraron, como tal, hornos crematorios. En efecto, no hay posibilidad de equiparar el lugar con campos de concentración nazis, donde se masificó el asesinato de millones personas. Eso no significa que no haya habido en el rancho y en distintas partes del estado de Jalisco (y del país) lugares donde los criminales desaparecen cientos de personas. Hoyos, zanjas donde queman, disuelven o entierran cuerpos. Es infame minimizar estos asesinatos y crueldades, limpiarle la cara a los criminales y sus actos, para defender al Gobierno de una mala imagen. Tampoco basta con recordar que estos hechos no son nuevos, y no han alcanzado ninguna cima del horror. México alcanzó esa cima hace mucho y sigue, por lo visto, en una planicie de horrores que no ha podido ser detenida, grave y brutal. Esto no hace sino señalar una verdad terrible: que la corrupción de las autoridades de todos los niveles de Gobierno continúa. Ya sean las autoridades municipales, las estatales y/o las federales. Es imposible que existan campos y ranchos de tortura y muerte sin que alguna autoridad de proximidad tenga noticias de ellos. Es evidente que los criminales cuentan con la protección de las autoridades locales, por lo menos. Tampoco modifica el horror el hecho de que algunos de las personas asesinadas fueran inocentes o no lo fueran. Aceptar ese argumento “se lo buscaron” es totalmente salvaje, así fuera cierto. Existe una lógica criminal en donde los criminales usurpan los roles del Estado para autoerigirse en jueces e imponer su “ley” y sus castigos. Muy mal haríamos en aceptar que no sean las instituciones estatales las que determinen la culpabilidad de las personas, así como sus penas. No hacerlo rompe el pacto fundacional del Estado. Un auténtico horror sucede cuando esto ocurre, que es donde estamos y de dónde venimos, en mayor o menor grado.

El secuestro y desaparición de personas a manos de criminales, pues, y en general, se da con la anuencia de alguna autoridad y si su participación es activa, como en el caso de Ayotzinapa, donde policías y militares participaron, se considera un crimen de Estado. Trágicamente, muchos de los asesinatos y desapariciones en México, tienen elementos de crímenes de Estado. Abundan los casos en los que los policías municipales están involucrados en estos. Sucedió en Oaxaca, hace poco, con la desaparición y asesinato de jóvenes de Tlaxcala. Sucede cuando las fiscalías no investigan correctamente los casos, como en el caso de Teuchitlán, donde no se preservaron las evidencias desde el principio ni se hicieron las investigaciones con prontitud ¿meras incompetencias o complicidades? Ya el show inaceptable que el Gobierno montó en el rancho para los medios y madres buscadoras sólo es el corolario de ese desprecio, una burla sobre la burla a la ciudadanía.

Aún no doy crédito que permitieran entrar a todas las personas para hacer propaganda política a favor del Gobierno y asentar que en el lugar no había hornos crematorios, como si los asesinatos allí cometidos, así fuera uno o diez, fueran irrelevantes. No les pareció inmoral pasar por encima del dolor y desesperación de madres que buscaban algún indicio de sus seres queridos desaparecidos, ni que la escena del crimen o crímenes fuera resguardada correctamente.

La campaña que lanzaron contra grupos de personas buscadoras, desde el oficialismo pero también desde supuestos grupos criminales, es verdaderamente terrible. También, la respuesta social de algunos grupos que consideran que “la empatía” basta y que sólo sirve para poner sus nombres en desplegados quedabien. El horroroso sentido “poético” de la “solidaridad” con madres buscadoras, que en realidad sólo contribuye a normalizar la ausencia de Estado. Si algo necesitarían los familiares de personas desparecidas es que el apoyo que recibieran consistiera en una exigencia concreta, específica y puntual a las autoridades para que encuentren a sus seres queridos (con nombres y apellidos) y rindan cuentas, pues ¿cómo que agradecerles a las madres buscadoras porque en un futuro buscarán a los demás? Grotesco, en serio. Y más, porque como bien sabemos, la enorme mayoría de las personas desaparecidas son de orígenes socioeconómicos bajos y los firmantes ilustres favorecidos, algunos que ni siquiera viven en México. Pura retórica, pues. Tampoco sirven, ni servirán, textos de ocasión, almibarados y cursis, en ocasión de las matanzas del momento. Pero ese es otro tema, querido lector, muy literario, en el que dios me libre meterme.

Como sea, a mí lo que me asombra es ver cómo la sociedad mexicana se ha acostumbrado a vivir con la violencia del crimen organizado a tal grado que no reconoce en los políticos y autoridades municipales, estatales y federales a los responsables, cómo no despierta ya la indignación y la exigencia de otros momentos, para que de una buena vez y para siempre el horror termine. Eso, claro, si los políticos estuvieran dispuestos a rechazar los cuantiosos sobornos que el crimen paga para poder secuestrar, asesinar y desparecer personas y continuar con su negocio y estuvieran dispuestos a consignar, entre los suyos, a los responsables de proteger a los asesinos.

María Rivera

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María Rivera es poeta, ensayista, cocinera, polemista. Nació en la ciudad de México, en los años setenta, todavía bajo la dictadura perfecta. Defiende la causa feminista, la pacificación, y la libertad. También es promotora y maestra de poesía. Es autora de los libros de poesía Traslación de dominio (FETA 2000) Hay batallas (Joaquín Mortiz, 2005), Los muertos (Calygramma, 2011) Casa de los Heridos (Parentalia, 2017). Obtuvo en 2005 el Premio Nacional de Poesía Aguascalientes.

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