La firma del “Acuerdo para la Cobertura Informativa de la Violencia” se dio en el Museo de Antropología de la Ciudad de México, donde se instaló un plató de televisión. La ceremonía de ese día fue encabezada por Carlos Loret de Mola, uno de los responsables del montaje del Caso Cassez, y Sergio Sarmiento, quien preside "Caminos de la Libertad", ligada a la red de extrema derecha Atlas Network.
Ciudad de México, 24 de marzo (SinEmbargo).– En medio de la guerra declarada por Felipe Calderón, que para entonces había disparado una tendencia de asesinatos en todo el país, Televisa y TV Azteca encabezaron en 2011 un acuerdo firmado por los principales medios de comunicación para hacer una cobertura de la violencia que recibió el aplauso del régimen.
Avalado también por asociaciones civiles e intelectuales, el “Acuerdo para la Cobertura Informativa de la Violencia” reunió a 715 medios de comunicación y ese mismo día que se presentó, Calderón los felicitó: “Me he enterado de una muy buena noticia, una gran noticia que se ha dado a conocer el día de hoy: al presentar la Iniciativa México 2011 por parte de los medios de comunicación, se ha dado a conocer un acuerdo muy importante que hacía falta para el manejo de la información vinculada a la violencia en el país. Yo quiero reconocer ampliamente a los propietarios, a los directivos, a los cuerpos editoriales, a los comunicadores de los medios de comunicación que hoy suscriben el acuerdo”.
Se trató de un hecho inédito enmarcado en la llamada Iniciativa México, que al igual que el acuerdo fue impulsada por Televisa y Televisión Azteca, y firmada por 715 medios de comunicación de todo el país, entre ellos Radio Fórmula, Grupo ACIR, Grupo Imagen, periódicos como El Financiero, Excélsior, El Universal, Grupo Milenio y muchos medios más en el interior de la República. A su vez medios como Proceso, La Jornada, MVS y el Diario de Yucatán no suscribieron la iniciativa.
El reconocimiento de Calderón ocurrió paradójicamente en el mismo estado en el que un año atrás, en 2010, dos estudiantes del Tec de Monterrey habían sido asesinados por elementos del Ejército Mexicano, quienes al percatarse de que habían confundido a los jóvenes montaron una escena para incriminarlos. Calderón nunca ofreció una disculpa por estos hechos, no obstante para marzo de 2011 ya hablaba de la “responsabilidad” de los medios frente al “fenómeno de la violencia delictiva causada por los grupos y las organizaciones criminales que afectan a la sociedad”.
Dos días antes de la presentación de ese evento, Felipe Calderón se reunió con los directivos de medios de comunicación que participaron en Iniciativa México. La Jornada informó en esas fechas que se trató de un encuentro privado en el que los concesionarios de las televisoras y demás integrantes de este proyecto le hicieron saber los detalles de los nuevos criterios con base en los cuales realizarán ahora sus noticiarios.
Aunque, de acuerdo con lo que reportó Proceso en ese entonces, todo empezó la mañana del 5 de agosto de 2010, cuando Felipe Calderón se reunió en Los Pinos con los dueños de las principales cadenas de radio y televisión y de periódicos y revistas para pedirles “ser parte de su estrategia” de guerra contra el narcotráfico, “autorregular” sus contenidos, impulsar la idea de que el gobierno iba ganando la batalla y “evitar” entrevistar “criminales” para no convertirlos en héroes.
Siete meses después llegó ese Acuerdo para la Cobertura Informativa de la Violencia.
Uno de los impulsores fue Claudio X. González, quien en nombre de la Fundación Televisa, invitó a algunos medios a firmar el documento. “Nos dijeron que el presidente Calderón estaba interesado en tener una reunión previa el martes en Los Pinos o en algún otro lugar, y que le daría mucho gusto que estuviéramos presentes. Dijimos que muchas gracias, pero no”, comentó Pedro Torres Estrada, subdirector editorial de El Diario, de Ciudad Juárez.
Medio año antes, cuando tuvieron lugar los Diálogos por la Seguridad, Calderón reconoció que su estrategia de comunicación no era su fuerte de Los Pinos. “No hemos sabido explicar qué estamos haciendo; porque lo estamos haciendo; qué es lo que estamos viendo a nuestro alrededor”, expuso el mandatario en el Diálogo por la Seguridad. Evaluación y Fortalecimiento, que se realizó en el Campo Militar Marte de la Ciudad de México.
Ya para marzo de hace 14 años contó con el respaldo de la plana mayor de medios.
La firma del “Acuerdo para la Cobertura Informativa de la Violencia” se dio en el Museo de Antropología de la Ciudad de México, donde se instaló un plató de televisión. La ceremonía de ese día fue encabezada por Carlos Loret de Mola, uno de los responsables del montaje del Caso Cassez, y Sergio Sarmiento, quien preside "Caminos de la Libertad", ligada a la red de extrema derecha Atlas Network.
El contenido del acuerdo fue dado a conocer por Javier Alatorre, Óscar Mario Beteta, José Cárdenas, Leonardo Kurzio, Jorge Fernández Menéndez, Ciro Gómez Leyva, Pedro Ferriz de Con, Joaquín López Dóriga, Adriana Pérez Cañedo, Carlos Puig, Iñaki Manero y Denisse Maerker.
Como testigos “ciudadanos” estuvieron el entonces rector de la UNAM, el priista José Narro; el presidente de Transparencia Mexicana, Federico Reyes Heroles; el presidente de la Asociación Internacional de Universidades, Juan Ramón de la Fuente, el director de Cinépolis, Alejandro Ramírez, y Héctor Aguilar Camín, de Nexos, entre otros. En ese acto, Aguilar Camín sostuvo que “en México hay más gente atemorizada que gente insegura” y aseguró “que los medios tienen la responsabilidad de modular con todo rigor e inteligencia la información”, según consignó La Jornada.
Para monitorear y dar seguimiento al Acuerdo, los firmantes apoyaron la creación del Observatorio de los Procesos de Comunicación Pública de la Violencia, el cual elaboró informes y emitió recomendaciones desde el inicio del ACIV hasta diciembre de 2013. Una investigación del académico José Carlos Lozano Rendón del Tec de Monterrey señale durante los casi dos años que duró en funcionamiento, el Observatorio nunca identificó a los medios específicos que violaban el convenio y sin capacidad de imponer sanciones, “lo que impidió la aplicación de criterios y estándares comunes en la cobertura de la violencia y cambios sustanciales en la misma”.
