La Cámara de Diputados aprobó las nuevas leyes secundarias sobre transparencia y protección de datos personales.
Ciudad de México, 20 de marzo (SinEmbargo).- La Cámara de Diputados concluyó este jueves el proceso legislativo para extinguir al Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), para dar paso al nuevo organismo llamado “Transparencia para el Pueblo”, dependiente de la Secretaría Anticorrupción.
Desde San Lázaro, la Mesa Directiva envió el decreto al Ejecutivo para su publicación y entrada en vigor con los principios establecidos en los artículos seis y 16 de la Constitución Política, luego de contar con 31 votos a favor, 126 en contra y cero abstenciones.
Con ello, el dictamen establece que la Secretaría Anticorrupción se encargará de administrar, implementar y poner en funcionamiento la Plataforma Nacional de Transparencia con las solicitudes de información, la gestión de medios de impugnación, los portales de obligaciones de transparencia y la comunicación entre las autoridades garantes y los sujetos obligados.
Asimismo, se expiden las leyes generales de Transparencia y Acceso a la Información Pública, y de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados; la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares, y se reforma el artículo 37 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal.
Por otra parte, se define la creación de 18 autoridades especializadas en diferentes ámbitos de la administración pública, como lo son cada Poder del Estado, junto con los órganos autónomos. Entre ellos se encuentra: el Instituto Nacional Electoral (INE) con los partidos políticos, el Centro Federal de Registro de Conciliación y Registro Laboral, y el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje para los sindicatos.
De esta forma, los organismos e instituciones de los tres órdenes de Gobierno, así como los autónomos, deberán publicar en sus respectivas páginas oficiales la información sobre remuneraciones, gratificaciones, primas, dietas, bonos, gastos de representación y viáticos de los servidores públicos, entre otras materias.
Sin embargo, la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública prohíbe la información que comprometa la seguridad nacional, la seguridad pública, la defensa nacional o la paz social, o que pueda poner en riesgo la vida, seguridad o salud de una persona física, así como de causar daño u obstruir la prevención de delitos.
"El Estado garantizará la privacidad de los individuos y deberá velar porque terceras personas no incurran en conductas que puedan afectarla arbitrariamente. El derecho a la protección de los datos personales solamente se limitará por razones de seguridad nacional, en términos de la ley en la materia, disposiciones de orden público, seguridad y salud públicas o para proteger los derechos de terceros", se lee en un boletín.
