Hay algo que pareciera curioso, pero no lo es si lo pensamos con detenimiento. Me refiero al hecho de que los movimientos populistas contemporáneos acusan a los gobiernos liberal-democráticos de ser corruptos. Sus invectivas suelen ir acompañadas de mucha indignación moral pero pocas veces de información fidedigna que demuestre la verdad de sus dichos. Lo curioso del caso es que cuando estos movimientos se convierten en gobiernos resultan, en los hechos, más corruptos que sus predecesores.

Esto es porque normalmente agregan prácticas patrimonialistas a las violaciones éticas anteriores. Hasta ahora el éxito de estos movimientos en todo el mundo se ha debido al hecho empírico de que hay corrupción aún en los regímenes con mayores salvaguardas para impedirlo. De alguna u otra forma no hemos descubierto la forma para extirpar la corrupción. Este hecho debería ponernos a reflexionar detenidamente.

Pero mientras meditamos en eso, aceptemos el hecho de que, hasta ahora, han sido las democracias liberales el tipo de Gobierno que permite los niveles más bajos de corrupción. Al parecer son las estructuras republicanas que dividen el poder, que permiten la mayor libertad de expresión y garantizan el estado de derecho las que son más exitosas en combatir la corrupción.

De hecho, es cuando estas instituciones son afectadas y vulneradas cuando la corrupción se vuelve rampante. Por ciertas razones, es el poder judicial el primero en ser debilitado por los otros poderes. Hay una relación entre la ofensiva en contra del republicanismo y el aumento de la corrupción.

Empíricamente esto ha sido demostrado en el caso de México. Efectivamente, de acuerdo a un reporte de Transparencia Mexicana recientemente publicado el índice de corrupción muestra que México se encuentra en el punto más bajo desde el 2012. La situación es tan delicada que nuestro país está en el lugar 140 de 180 naciones estudiadas. No sólo eso, sino que somos la nación peor evaluada entre los miembros de la OCDE y estamos en el penúltimo lugar entre las economías del G-20.

Hay que ser claros: la principal bandera de la llamada 4T era el ataque a la corrupción. Dado que esta es mayor ahora, se podría decir que ese movimiento ha fracasado hasta ahora.

Es verdad que el reporte se realizó antes de que la población supiera del alcance de las reformas constitucionales. No obstante, también es cierto es que durante el pasado sexenio y lo que va del presente, el régimen se ha comportado como si no tuviera que rendir cuentas sobre su actuación, aún antes de la aprobación de las reformas que echaron por la borda a la infraestructura de organismos autónomos y a la independencia del poder judicial.

Tal comportamiento ha tenido consecuencias evidentes como lo son los escándalos de Segalmex, los posibles nexos entre Gobierno y crimen organizado, así como la contratación de empresas fantasmas.

A pesar de que el Gobierno federal y varios de los estatales y municipales piensan equivocadamente que su legitimidad está garantizada, la verdad de las cosas es que, de acuerdo con el INEGI, en 2023, 83 por ciento de las personas consideraron que la corrupción en México sigue siendo un problema frecuente o muy frecuente.

En lugar de tomar nota de este sentir popular, miembros del actual Gobierno se comportan como si tuvieran el apoyo total del "pueblo". Esta confianza injustificada quizás se convierta en su mayor vulnerabilidad en el futuro cercano. De cualquier manera, lo que se necesita ahora es que entre todos repensemos cómo fortalecer nuestro sistema republicano, democrático y liberal que ha probado ser el mejor antídoto contra la corrupción en todo el mundo.

Gustavo de Hoyos Walther

https://www.sinembargo.mx/author/gustavodehoyos/

Abogado y empresario. Ha encabezado diversas organizaciones empresariales, comunitarias, educativas y filantrópicas. Concentra su agenda pública en el desarrollo de líderes sociales (Alternativas por México), la participación ciudadana en política (Diputado Federal) y el fortalecimiento del estado de derecho (Consejo Nacional de Litigio Estratégico).

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