Una mañana de 1972, en la Universidad Autónoma de Chihuahua, donde yo cursaba el quinto año, llegó un grupo de trabajadores que estaban en huelga contra la empresa transportista Líneas de Juárez. Ellos desconfiaban tanto de los abogados institucionales del sindicato que prefirieron jugársela con un estudiante de quinto año de Derecho, que sólo tenía fama de tener inquietudes en derecho laboral y que había puesto formalmente una demanda contra el Gobernador, el Procurador de Justicia y el jefe de la Policía Estatal por homicidio, ya que asesinaron a tres guerrilleros después de haberlos detenido y cuando ya los tenían en las instalaciones policiacas.

Llegué a mi primera audiencia y advertí de inmediato la parcialidad de los funcionarios de la Junta de Conciliación y Arbitraje. Estaba constatando en la realidad lo que gritábamos en la calle contra los líderes charros, protegidos por las juntas de conciliación y por el Gobierno. En la práctica, se había cancelado el derecho a la libre sindicalización, y sólo se admitía a aquellos que se sometían a la CTM o la CROC en el estado de Chihuahua.

Las negociaciones con el patrón eran negociaciones en las que uno tenía enfrente al abogado patronal, al representante patronal y al presidente de la Junta de Conciliación, mientras que el representante de los trabajadores tenía una enorme habilidad para voltear a otro lado cuando había que sostener y apoyar una propuesta de negociación de los trabajadores.

Eran años de gran efervescencia social en el estado de Chihuahua. Precisamente, los hechos que motivaron la demanda que mencioné contra las altas autoridades estatales generaron una gran movilización con dirigentes estudiantiles muy honestos y destacados. Sólo daré cuatro nombres: Irma Campos, Jaime García Chávez, Rogelio Luna y Víctor Orozco. El quinto me lo reservo porque se convirtió en un político corrupto, al servicio del PRIAN.

Sabiendo que lo jurídico no tenía ningún valor sin una fuerza social actuante, sugerí a los dirigentes sindicales que salieran a la calle. Ellos decidieron ir a las escuelas que estaban movilizadas e iniciaron una campaña de solidaridad en la plaza pública.

Cuando la presión social aumentó, las negociaciones empezaron a funcionar y llegamos a un acuerdo conciliatorio que permitió que la empresa siguiera funcionando, respetando al sindicato y mejorando los salarios de los trabajadores en términos muy razonables.

Las juntas de conciliación en asuntos sindicales o juicios colectivos se convertían en una hidra de tres cabezas dirigida por el abogado patronal de la empresa. Eran tan cínicos y desvergonzados como la tentativa de la Ministra Piña de modificar el quórum para aprobar un dictamen que le diera las facultades a la Corte para legislar.

Recuerdo con alegría que, al terminar la huelga, me dirigí a una escuela que estaba tomada por los estudiantes, también declarados en huelga. En ese momento, llegó la policía a la escuela porque habían decidido desalojarlos, y al verme ahí, con gusto me detuvieron y me honraron con el trato que en aquel tiempo se daba a quienes estábamos registrados como agitadores profesionales.

La lucha por la independencia y democracia sindical en México viene desde los mediados cincuentas, con Demetrio Vallejo y Valentín Campa, y se prolongó hasta el 2018, por eso no es indispensable afiliarse a Morena para los que empujamos la causa desde aquellos tiempos, incluyéndonos en ese gran movimiento social que continúa con el liderazgo actual de Claudia Sheinbaum y el muy respetable "Presidente en Retiro" Andrés Manuel López Obrador.

De inmediato se hicieron las reformas legales necesarias a la Ley Federal del Trabajo cambiando las juntas por jueces y estableciendo centros especializados para la conciliación y el registro sindical, aplicable a los trabajadores protegidos por la Ley Federal del Trabajo.

Sin embargo, la tarea no está completa, y tenemos que seguir empujando, por la independencia y democracia sindical en todas las áreas donde existan relaciones de trabajo.

Todavía sobrevive un tiranosaurio, el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje que aplica la Ley Federal de Trabajadores al Servicio del Estado. Y todavía ahí están enquistados y protegidos de la misma manera que hace tantos y tantos años, los líderes sindicales que han esquilmado sistemáticamente a los empleados que trabajan para las diferentes secretarías de estado o para los diferentes Estados de la Unión.

Es un tiranosaurio enorme increíble, si era difícil lidiar con las juntas de tres integrantes, este tribunal se compone por 14 ministros.

Lo que queda pendiente es mucho muy importante para la ciudadanía mexicana.

Vamos, Claudia, Trump ya se enredó en el espagueti

Gustavo De la Rosa

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Es director del Despacho Obrero y Derechos Humanos desde 1974 y profesor investigador en educacion, de la UACJ en Ciudad Juárez.

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