Académicos y periodistas denunciaron que, a pesar de la importancia del cargo y que la salida de Carlos Zamarripa abría la oportunidad para renovar la Fiscalía, el proceso para designar al nuevo titular estuvo plagado de opacidad, burocracia y simulación. Destacaron que se excluyó a los sectores afectados por la violencia que azota la entidad y, además, se privilegiaron los acuerdos políticos entre partidos para elegir a los perfiles que competirían por el cargo.
Ciudad de México, 24 de enero (SinEmbargo).- Dos de las personas incluidas en la terna que envió la Gobernadora panista Libia Dennise García Muñoz Ledo al Congreso del estado para la elección del Fiscal de Guanajuato son perfiles relacionados con el “eterno” exfiscal Carlos Zamarripa Aguirre, quien estuvo 16 años en el cargo; un hecho que, de acuerdo con académicos y periodistas de Guanajuato, demuestra que el exfiscal sigue teniendo influencia en la política estatal.
El Congreso de Guanajuato dio a conocer este 24 de enero la terna que envió la Gobernadora de Guanajuato, Libia Dennise García Muñoz Ledo, para elegir al próximo Fiscal general de esa entidad. La terna quedó conformada por Zucé Anastacia Hernández Martínez, quien actualmente está a cargo de la institución como encargada de despacho; Israel Aguado Silva, Fiscal regional conocido por su respaldo público a Zamarripa, ya que incluso organizó manifestaciones en su defensa cuando el exfiscal recibió fuertes críticas a su gestión; y Gerardo Vázquez Alatriste, actual Fiscal regional de la Fiscalía General de la República en Guanajuato, señalado como el perfil más fuerte para ocupar el cargo.
Académicos y periodistas denunciaron que, a pesar de la importancia del cargo y que la salida de Zamarripa abría la oportunidad para renovar la Fiscalía, el proceso para designar al nuevo titular estuvo plagado de opacidad, burocracia y simulación. Destacaron que se excluyó a los sectores afectados por la violencia que azota la entidad y se privilegiaron los acuerdos políticos entre partidos para elegir a los perfiles que competirían por el cargo.
A la crítica y denuncia de los expertos se ha sumado la inclusión de dos perfiles que hicieron su trayectoria dentro de la Fiscalía que encabezó Zamarripa, por lo que representarían la continuidad de estructuras leales al anterior Fiscal. Y aunque consideran que esos dos perfiles no son los favoritos para quedarse con el cargo, sino que parecen estar como "relleno", coinciden en que su inclusión responde a una atención hacia Zamarripa.
Raúl Sandoval, integrante de la plataforma Por la Paz y Justicia en Guanajuato, señaló en entrevista con SinEmbargo que la inclusión de Aguado y Hernández parece ser una “atención” al exfiscal.
“Como organizaciones que hemos dado seguimiento al proceso, consideramos que estos son nombres, pues son solo de relleno y una atención al fiscal, que, sin haber dejado todavía sus redes de poder, sigue controlando los nombres de la terna”, dijo el investigador en entrevista con SinEmbargo.
El periodista Arnoldo Cuéllar, quien hace unos días llevó este tema a la conferencia matutina de la Presidenta Claudia Sheinbaum, calificó el proceso como una oportunidad perdida para combatir la impunidad y la violencia en Guanajuato. “Es una oportunidad perdida para sanear la política de procuración. O sea, no hicieron su trabajo el Congreso y la Gobernadora, y se hizo esto como si fuera un procedimiento normal, como el relevo de cualquier otro funcionario, de forma muy burocrática. Creo que cualquier especialista en recursos humanos o headhunter profesional los hubiera reprobado”, destacó el periodista.
Gerardo Vázquez Alatriste, actual Fiscal (antes delegado) de la FGR en Guanajuato, es la figura que se perfila como el favorito para obtener la mayoría de los votos en el Congreso y quedarse con el cargo. También parece ser la persona que la Gobernadora ha impulsado para ocupar la posición, según explicaron los especialistas.
Sandoval recordó que, a finales de 2023 y por iniciativa de la mandataria estatal, el Congreso estatal modificó los requisitos para ocupar el cargo, eliminando la necesidad de haber nacido en Guanajuato. Esto, según su análisis, allanó el camino para que Gerardo Vázquez Alatriste se convirtiera en el candidato ideal para la gobernadora.
Arnoldo Cuéllar señaló que la llegada de Vázquez Alatriste a Guanajuato hace apenas año y medio y su cercana relación con el secretario de Seguridad, Mauro González, plantean dudas sobre su capacidad para implementar estrategias efectivas contra la inseguridad. “Parece más una estrategia burocrática para conservar el puesto pese a críticas y fracasos, en lugar de atacar los problemas de seguridad en el estado”, apuntó.
Después del yugo...
Zamarripa se convirtió en un personaje muy controvertido dentro del sistema de justicia penal en México, al ser el funcionario que más tiempo permaneció al frente de una institución de investigación y de procuración de justicia, lo que le valió incluso ser llamado el fiscal "perenne" o "eterno".
Desde su llegada a la entonces Procuraduría General de Justicia y su posterior designación como Fiscal general, Zamarripa acumuló un poder sin precedentes en la estructura judicial estatal, pues logró consolidar un control casi absoluto en los aparatos de justicia del estado, al grado de influir directamente en el nombramiento de jefes de policía en diversos municipios y en puestos de otras instituciones de vigilancia o procuración de justicia, según explicó Saúl Arellano, profesor de asignatura de las facultades de Derecho y de Economía de la UNAM, y experto en seguridad de Guanajuato.
“Carlos Zamarripa, sin duda alguna, es quizá uno de los personajes más siniestros de la justicia a nivel estatal en el país. ¿Por qué me atrevo a decir esto? Porque, a lo largo de toda su carrera, fue ascendiendo al interior de la Fiscalía, antes Procuraduría General de Justicia, y fue un sujeto que, poco a poco, se fue haciendo de cada vez más espacios de poder dentro de los aparatos de justicia del estado. A tal nivel llegó su influencia que no había alcaldía ni gobierno municipal que no le consultara, al menos, a quién nombrar como director de Seguridad Pública. En muchos casos, incluso, se atrevía a imponer quiénes deberían ser las o los jefes de las policías a nivel local”, explicó el experto en entrevista con SinEmbargo.
Sin embargo, siendo su gestión una de las más largas en la historia, también fue una de las más ineficientes, pues desde que llegó, los homicidios dolosos y la violencia se dispararon en la entidad, lo que a la larga le valió críticas que escalaron hasta el entonces presidente Andrés Manuel López Obrador, quien llegó a cuestionar en su momento que Zamarripa estuviera durante décadas como procurador y fiscal, aun cuando no había buenos números en los indicadores de seguridad.
Los malos resultados en seguridad durante los 16 años de gestión de Carlos Zamarripa en la Fiscalía General de Guanajuato se deben, a consideración del experto Saúl Arellano, a que no se implementó un modelo claro de seguridad: “Hubo acciones, algunas vendidas de manera casi épica en los medios de comunicación, como el programa Escudo y luego Escudo Titán, que más que un programa de seguridad parecía el nombre de una marca de croquetas para perros", expresó.
Los reclamos a la gestión de Zamarripa ocasionaron que en la pasada campaña electoral, la panista Libia García Muñoz Ledo, ahora gobernadora, tomara la “cabeza” de Zamarripa como una de sus monedas de cambio, pues prometió que, de ganar la gubernatura, se desharía tanto de Zamarripa como de Alvar Cabeza de Vaca, titular de la Secretaría de Seguridad estatal que llevaba el mismo tiempo que él. Y así fue. Carlos Zamarripa presentó su renuncia el 30 de septiembre, la cual se hizo efectiva este 1 de enero de 2025.
A pesar de la complejidad política para lograr la renuncia de Zamarripa, Cuéllar considera que no se aprovechó la oportunidad para impulsar un cambio significativo. Según su análisis, los meses previos a la salida del exfiscal pudieron haberse utilizado para negociar con la Federación y construir un proceso más incluyente que considerara a todos los sectores afectados por la inseguridad.
“Después de ese trabajo (de lograr que Zamarripa renunciara), que fue políticamente complicado, se abría la oportunidad para oxigenar mucho la decisión de quién iba a venir en su lugar, negociando en aspectos con la Federación. [...] Entonces, pues sí, me parece muy pobre la actuación hasta ahora del poder legislativo y del poder ejecutivo para conformar esta terna”, expresó.
Los especialistas coincidieron en que el proceso para la designación del nuevo titular de la Fiscalía General del Estado está plagado de opacidad, simulación y acuerdos políticos cupulares.
Raymundo Sandoval recordó el contexto de 2019, cuando las procuradurías a nivel nacional se transformaron en fiscalías autónomas tras reformas constitucionales que eliminaron la figura del “pase automático”. En ese entonces, organizaciones sociales en Guanajuato, como el movimiento local Fiscalía que sirva a Guanajuato, denunciaron que Carlos Zamarripa carecía de independencia y propusieron modificar el artículo 95 de la Constitución local para impedir que el procurador pasara automáticamente a ser fiscal autónomo.
Sin embargo, de acuerdo con el investigador, el proceso actual está dominado por negociaciones entre partidos políticos. La Junta de Gobierno y Coordinación Política del Congreso estatal, integrada por las representaciones parlamentarias, decidió la metodología sin hacer pública la minuta de sus reuniones. Cada partido propuso nombres basándose en intereses político-partidistas, y Morena, pese a su discurso de independencia y autonomía, cayó en contradicciones al participar en este esquema.
“Morena, siendo minoría con ocho diputadas y diputados en el Congreso, negoció con el PAN y otros partidos. Incluso, el Partido Verde, que ha sido aliado de Morena en otros contextos, parece estar sirviendo como apoyo a la gobernadora para proponer nombres”, señaló Sandoval.
Inicialmente, desde la cúpula de los partidos se propusieron nueve nombres: Zucé Anastacia Hernández Martínez, encargada del despacho; Israel Aguado Silva, fiscal regional B; Ricardo Vilchis Contreras, director general de Investigaciones; y Juan Manuel Álvarez González, quien participó en la entonces Procuraduría de Justicia; Julio César Maldonado Ledesma, guanajuatense encargado de la subdelegación de la FGR en Durango; Gerardo Vázquez Alatriste, delegado de esta en Guanajuato; Antonio Mendoza Chávez, exdelegado en la entidad de la PGR; Carlos Díaz Abrego, que se desempeñó como contralor en Moroleón; y la abogada irapuatense Dalia Ramírez Delgado, esta última quien habría sido la propuesta de Morena.
El incluir figuras con vínculos actuales con la Fiscalía es motivo suficiente de preocupación, de acuerdo con Sandoval. “Sospechamos que las fiscalías regionales son donde se dan los mayores acuerdos con grupos delincuenciales, incluyendo prácticas de extorsión, secuestro y desaparición. Es alarmante que tres integrantes actuales de la Fiscalía estén en esta lista”, afirmó.
Para Cuéllar, la inclusión de figuras cercanas a Zamarripa podría provocar la continuidad en la forma de operar de la Fiscalía: “Su manera de entender la Fiscalía tiene mucho que ver con esa lealtad a una sola persona, con una estructura piramidal, sin descentralizar, con mucho control interno. Sin ser Zamarripa, tratarán de replicar un esquema similar y, probablemente, ni siquiera lo logren”, dijo.
La ausencia de deliberación pública es otro aspecto criticado por los especialistas. Sandoval destacó que, aunque el artículo 95 no obliga explícitamente a realizar consultas ciudadanas, la Junta de Gobierno del Congreso no estableció criterios claros de idoneidad ni dio espacio a propuestas ciudadanas.
“No hubo un proceso de deliberación más amplio a nivel social ni una negociación transparente entre partidos. Morena, que en Guanajuato es minoría en el Legislativo con ocho diputadas y diputados, también negoció. Esto es, Morena, con su discurso de autonomía e independencia de las fiscalías, en Guanajuato está cayendo en una contradicción enorme. Lo que hicieron los siete partidos representados en el Congreso, a través de la Junta de Gobierno y Coordinación Política, fue barajar nombres y proponer candidatos en función de sus propios intereses político-partidistas y de los acuerdos con la gobernadora. [...] Lo que vemos ahora es un proceso accidentado y opaco, un acuerdo entre cúpulas de partidos políticos sin mayor trascendencia hacia lo social. En ese sentido, hay pocas expectativas de que la terna sea cercana al perfil de idoneidad que establece el artículo 95. La falta de deliberación y de crítica también genera la ausencia de un espacio de diálogo”, destacó el analista.
Arnoldo Cuéllar coincidió en ello: “En primer lugar, limitaron las propuestas a los partidos políticos, incluso a partidos súper minoritarios. Bueno, en la terna está entrando Gerardo Vázquez Alatriste, propuesto por el PRI, el Verde y el PT en conjunto. Son 5 diputados de los 36 de Guanajuato [...] Me parece que se ha perdido la oportunidad de buscar una solución a la pérdida de la paz en Guanajuato y el crecimiento de la violencia de los últimos años”, concluyó Cuéllar.
