Madres embarazadas, y las organizaciones CASA y el Proyecto de Defensa de los Solicitantes de Asilo (ASAP) presentaron una demanda ante la orden ejecutiva de Donald Trump para negar la ciudadanía a los nacidos en Estados Unidos.
Por Armando Hernández y Araceli Martínez Ortega
Los Ángeles, 22 de enero (LaOpinión).- En el primer día de su segundo mandato como Presidente, Donald Trump firmó una serie de decretos y, en particular, el entorno de la migración acaparó las miradas, luego de que uno de ellos, denominado “Proteger el significado y el valor de la ciudadanía estadounidense”, apunta a redefinir la ciudadanía por derecho de nacimiento, el proceso que garantiza a todos los nacidos en Estados Unidos obtener automáticamente la ciudadanía, no así el caso de los hijos de madres migrantes.
Ante la polémica decisión, un grupo de gobernadores del Partido Demócrata llevó a los tribunales una de las medidas aplicadas por el Presidente en su primer día, pero no fueron los únicos en alzar la voz, pues cinco madres embarazadas, y las organizaciones CASA y el Proyecto de Defensa de los Solicitantes de Asilo (ASAP) presentaron una demanda en respuesta a la emisión de la orden ejecutiva.
Mediante un comunicado conjunto, la demanda acusa que se pretende poner fin al derecho constitucional de ciudadanía por nacimiento previsto explícitamente en la Decimocuarta Enmienda.
Dicha demanda fue presentada en el Distrito de Maryland, y está siendo litigada por ASAP, CASA y el Instituto de Defensa y Protección Constitucional (ICAP) de la Facultad de Derecho de Georgetown.
¿Qué dice la orden firmada por Trump?
Según detalló la propia Casa Blanca, “la 14ª Enmienda nunca ha sido interpretada como una extensión universal de la ciudadanía a todas las personas nacidas en Estados Unidos… siempre ha excluido de la ciudadanía por derecho de nacimiento a las personas que nacieron en Estados Unidos, pero (que) no ‘están sujetas a su jurisdicción’”.
En ese sentido, el Gobierno federal establece que los hijos de migrantes irregulares no están “sujetos a la jurisdicción” de EU y, por lo tanto, no deberían ser considerados ciudadanos.
Demandas desde el vientre
“Cuando huí de la persecución en mi país, encontré un nuevo hogar en Estados Unidos, y estoy orgullosa de la vida que mi marido y yo hemos construido en este país durante los últimos seis años”, dijo Mónica, una madre embarazada, miembro de ASAP, solicitante de asilo y demandante nombrada en la demanda.
“Estoy sorprendida de que el Gobierno no quiera que mi hijo nacido en Estados Unidos tenga la ciudadanía estadounidense. Tengo miedo por mi hijo y por nuestra familia, especialmente porque no podemos regresar a nuestro país ni conseguir que nuestro hijo obtenga otra ciudadanía; no sé qué haremos”, continuó.
Otra demandante es Maribel, miembro de CASA y que ha vivido en los Estados Unidos durante casi dos décadas. Tiene dos hijos que nacieron en este país y que hoy de nuevo se encuentra embarazada compartió:
“Tengo miedo de que a mi hijo por nacer se le nieguen los derechos básicos que disfrutan mis otros hijos, incluido el acceso a la atención médica y a una educación de calidad. Sin las protecciones de la ciudadanía estadounidense, la administración Trump podría incluso intentar arrebatarme a mi bebé a mí y a nuestra familia y deportarlos a un país que nunca han conocido. Es profundamente incorrecto someter a un bebé recién nacido a tal crueldad”.
“Esta Orden Ejecutiva socava la esencia misma de nuestra democracia y representa un ataque directo a la constitución. Al intentar negar la ciudadanía estadounidense a los niños nacidos dentro de nuestras fronteras, basándose únicamente en el estatus migratorio de sus padres, el Presidente Trump está tratando de poner patas arriba siglos de historia y protecciones legales establecidas mediante decretos ejecutivos. Esto no se puede tolerar”, dijo Nicholas Katz, Asesor General de la organización CASA.
La Union Americana de Libertades Civiles (“American Civil Liberties Union”) demandó a la administración de Trump horas después de que el presidente firmara una orden ejecutiva que elimina el conferir ciudadanía americana a los hijos de extranjeros que nacen en los Estados Unidos…
— Osvaldo Carlo (@OCarloLaw) January 21, 2025
“CASA está comprometida a proteger a nuestros miembros y defender sus derechos, mientras continúa luchando por un sistema de migración justo y equitativo, basado en la dignidad y el respeto por todas las personas”, aseguró.
“La ciudadanía por derecho de nacimiento está garantizada por la Decimocuarta Enmienda y ha sido reconocida por la Corte Suprema como Ley del país durante más de 100 años”, dijo Rupa Bhattacharyya, directora jurídica de ICAP. “El Presidente de los Estados Unidos no tiene poder para enmendar la Constitución de un plumazo en una Orden Ejecutiva. Confiamos en que la Corte corregirá esta extralimitación y garantizará que todos los bebés nacidos en los Estados Unidos reciban su ciudadanía legítima y todos los privilegios y beneficios que se derivan de ella”.
“Esta orden ejecutiva ha creado caos y confusión en las comunidades migrantes, y entre nuestros miembros, ya que muchos solicitantes de asilo se preguntan si sus hijos nacidos en Estados Unidos tendrán que solicitar asilo”, dijo Swapna Reddy, codirectora ejecutiva de ASAP.
“Nuestros miembros, como tantos otros padres migrantes en los Estados Unidos en este momento, tienen miedo: miedo de que sus hijos no puedan vivir una vida estable sin temor y miedo de que sus hijos no pertenezcan al único país que han conocido. Hace más de 150 años, las personas negras trabajaron juntas para garantizar un derecho más igualitario a la ciudadanía estadounidense, y ahora estamos orgullosos de defender este derecho para nuestros miembros, más de 90 mil de los cuales son negros”, sentenció.
Piden a madres y padres tranquilidad ante orden de Trump
Líderes migrantes pidieron a los padres irregulares mantener la calma frente a la orden ejecutiva del Presidente Trump que pone fin al derecho de ciudadanía por nacimiento en Estados Unidos.
“Es pura retórica política para satisfacer a los que lo apoyaron a llegar a la Presidencia”, dijo el abogado de migración Alex Gálvez.
En uno de sus primeros actos de Gobierno, Trump firmó una orden ejecutiva para acabar con la ciudadanía por derecho de nacimiento para los hijos de migrantes irregulares y quienes entraron con visas temporales, ya sea visas de turistas o de estudiante.
Se trata de un derecho que se otorga de manera automática a quienes nacen en el país.
El Fiscal General de California, Rob Bonta, presentó una demanda que desafía la orden ejecutiva del Presidente Trump.
“Intentar rescindir la ciudadanía por derecho de nacimiento es descaradamente inconstitucional y francamente antiestadounidense”, dijo el Fiscal Bonta.
“California condena los intentos del Presidente por borrar la historia e ignorar 125 años de precedentes de la Corte Suprema”.
Por lo tanto, señaló que están pidiendo a un tribunal que bloquee de inmediato esta orden para que no entre en vigor y garantice que los derechos de los niños nacidos en Estados Unidos afectados por esta orden sigan vigentes mientras se lleva a cabo el litigio.
“El Presidente ha excedido su autoridad con esta orden y lo haremos responsable”.
Bonta se suma a los 18 fiscales generales estatales y a organizaciones promigrantes como la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU) que han demandado a Trump para evitar que entre en vigor su orden ejecutiva que elimina el derecho a la ciudadanía por nacimiento.
Bajo la Cuarta Enmienda de la Constitución de Estados Unidos, a todos los niños nacidos en suelo estadounidense se les garantiza automáticamente la ciudadanía, y los derechos y privilegios que vienen con eso.
Temor de madres y padres
El abogado Gálvez dijo que las demandas en contra harán que se congele la orden de Trump, y por lo tanto, los padres irregulares que esperan a sus bebés, no deben sentir temor alguno de no poder registrarlos como ciudadanos de este país.
“Tampoco es una orden con carácter retroactivo”, señaló.
Afirmó que el asunto será solucionado en la Corte Suprema, y no va a durar mucho tiempo porque ya hay precedentes.
Añadió que debido a que el derecho a la ciudadanía está garantizado en la Constitución de Estados Unidos, se requieren dos tercios de los votos de ambas cámaras del Congreso para enmendarlo.
“Un Presidente por decreto no puede cambiarlo. No vivimos en una dictadura, sino en una democracia; y Trump no puede modificar ese derecho sin las dos terceras partes del voto. Si quiere hacerlo tiene que negociar con los legisladores”.
Mientras tanto, pidió a los padres migrantes que no se preocupen que sus hijos van a nacer con todo el derecho a ser ciudadanos de Estados Unidos, y podrán registrarlos como tales sin problema alguno.
En 1898, la Corte Suprema de Estados Unidos confirmó este derecho en un caso presentado por Wong Kim Ark, un chino-estadounidense nacido en San Francisco a quien se le había negado su derecho a volver a ingresar al país después de un viaje al exterior.
En la demanda, 18 fiscales generales estatales –encabezados por California, Nueva Jersey y Massachusetts– argumentan que la orden ejecutiva sin precedentes del Presidente Trump viola la Decimocuarta Enmienda de la Constitución de Estados Unidos, y la Sección 1401 de la Ley de Inmigración y Nacionalidad, y que se debería bloquear de inmediato su entrada en vigor mientras se desarrolla el litigio.
En una entrevista en diciembre con "Meet the Press" en la cadena NBC, Trump declaró que los hijos de los padres migrantes irregulares debían ser deportados junto con sus progenitores, aún si nacieron en Estados Unidos.
“No quiero romper familias. Así que la única manera de no separar a la familia es mantenerlos juntos y enviarlos a todos de regreso”.
Mantener la tranquilidad
Juan José Gutiérrez, director de la Coalición por los Derechos Plenos de los Inmigrantes pidió incluso a los padres migrantes que estén en espera de un hijo que no tengan miedo, y que antes que nada se enfoquen en que su bebé nazca sano.
“Deben saber que la orden ejecutiva para negar la ciudadanía a niños nacidos en Estados Unidos no es Ley. Es un decreto que choca con la Constitución, y ya hemos ido a los tribunales para echarla abajo”.
Recalcó que no puede proceder porque necesita modificarse la Constitución, y para eso deben votar las dos terceras partes del Congreso federal.
“En dado caso que fuera aprobada por el Senado y la Cámara de Representantes, luego tendría que ir a las legislaturas de los 50 estados, y pasar con un margen de 66 por ciento o más con por lo menos el voto de 33, 34 estados”.
Gutiérrez consideró muy difícil que eso suceda.
“Trump dijo que daba 90 días para que su decreto entre en vigor. Lo que va a pasar es que antes de esa fecha, las cortes federales en especial las más progresistas, como la de California, van a bloquear esta orden”.
Destacó que la Constitución es la Ley suprema de Estados Unidos, y no se puede cambiar así nomás porque sí.
“Así que les digo a los padres migrantes que no tengan miedo. Estén tranquilos porque está por verse que se les niegue la ciudadanía. Para eso vamos a luchar con todo”.
Una subclase sin derechos
Anthony D. Romero, director ejecutivo de la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (ACLU), una de las organizaciones demandantes, dijo que la orden busca repetir uno de los errores más graves de la historia estadounidense, al crear una subclase permanente de personas nacidas en Estados Unidos a las que se les niegan todos los derechos como estadounidense.
“No permitiremos que este ataque a los recién nacidos y a las futuras generaciones de estadounidenses quede sin respuesta. La extralimitación de la administración Trump es tan atroz que confiamos en que finalmente prevaleceremos”.
