La Operación Enjambre, puesta en marcha en el Estado de México con el fin de desmantelar redes criminales, encarcelar  alcaldes, síndicos, regidores y mandos policiacos, se está quedando corta en sus acciones. Hay municipios y altos jefes policiacos que ya se dieron a la fuga pese a estar acusados de tener vínculos con cuatro cárteles y haber participado en desapariciones forzadas y asesinatos. Recientemente fue detenido en Michoacán Adrián Mauricio Sánchez Mitre, exdirector de la policía municipal de Villa de Nicolás Romero. Era jefe de seguridad del exalcalde Armando Navarrete López, acusado no sólo de mantener vínculos con criminales sino del desvío de 10 mil millones del erario. Al respecto no hay investigación más que silencio. El jefe policiaco era brazo armado de Los Julios, un grupo delictivo que opera en esa demarcación y a quienes se atribuye la ola de desapariciones forzadas, como las de cuatro conductores de Didi desaparecidos el año pasado. También operan el cobro de piso y los secuestros. Al respecto, la Operación Enjambre se ha quedado limitada, pues apenas han golpeado a diez municipios cuando la realidad señala que el 100 por ciento de las demarcaciones están controladas por criminales.

La profesora Delfina Gómez, gobernadora del Estado de México, ha perdido el control del estado en materia de seguridad: la corrupción campea por doquier, la Fiscalía está plagada de funcionarios presuntamente ligados al crimen y a la corrupción institucional, en tanto que  las corporaciones policiacas –estatal y municipales –mantienen un abierto pacto con grupos criminales que impiden a toda costa que la seguridad se imponga.

No todo este desastre surgió en el actual Gobierno. Gran parte de la descomposición viene de tiempo atrás, en particular, del Gobierno de Alfredo del Mazo –antes de Enrique Peña Nieto –que gobernaron de la mano del crimen organizado y convirtieron a las policías en brazos armados al servicio de mafiosos que despachaban –y despachan –como alcaldes, diputados, senadores y altos mandos policiacos.

Es por ello que el Gobierno Federal puso en marcha la Operación Enjambre, pues el objetivo es desmantelar en esa entidad las redes y complicidades que se tejieron entre la política y el crimen organizado. Hasta ahora, dicha operación no ha sido exitosa. Apenas le han pegado a una decena de alcaldes e igual número de mandos policiacos que mantenían ligas con grupos criminales, entre otros, con La Familia Michoacana, el Cártel de Jalisco, Caballeros Templarios y Los Julios de Cahuacán. Éste último es uno de los más temibles, pues un buen número de altos mandos policiacos les brindan protección.

El operativo Enjambre está a cargo de la Secretaría de Seguridad Pública Federal, que encabeza Omar García Harfuch. Lo curioso es que dicha estrategia no se está aplicando en todo el Estado de México, sólo en algunas demarcaciones.

Hasta ahora han caído policías y alcaldes de los municipios de Ixtapaluca, Tejupilco, Naucalpan, Amanalco (en esta demarcación cayó la Alcaldesa María Elena Robles y su jefe de seguridad), en tanto que en Texcaltitlán iba a ser detenido el director de Seguridad Pública Municipal, Isidro Cortés Jiménez, pero antes de su captura empuñó su arma y se suicidó de un balazo en la cabeza.

Este personaje –como ocurre en el 100 por ciento de los municipios mexiquenses –trabajaba para el Ayuntamiento de Texcaltitlán y, a la sazón, servía a La Familia Michoacana, uno de los grupos criminales dominantes en el Estado de México, que encabezan los hermanos José Alfredo y Johnny Hurtado Olasqueaga –El Fresa y El Pez –que, a su vez, están ligados al grupo criminal de los hermanos Sánchez, oriundos del municipio de Luvianos y que, de acuerdo con informes de la DEA, la agencia antidrogas de Estados Unidos, introducen tres toneladas semanales de cocaína a Estados Unidos.

Uno de los miembros del cártel de los hermanos Sánchez –Álvaro Sánchez Sánchez –fue ejecutado en su rancho Los Tres Hermanos, ubicado en Querétaro, en abril de 2023, junto con varios familiares. Un comando armado irrumpió en la propiedad, donde había tres mil cabezas de ganado de alto registro, y abrió fuego contra el capo. Esa ejecución no extinguió al cártel, pues ahora es Lencho Sánchez, “El Señor de los Caballos”, quien comanda al grupo criminal en el Estado de México y goza de total impunidad.

Villa de Nicolás Romero: tierra de muerte

La Operación Enjambre es un buen intento para desmantelar las redes de complicidades entre alcaldes, mandos policiacos y agentes que sirven a los intereses de al menos cuatro grupos criminales que operan en el Estado de México y que tienen muy bien lubricados sus tentáculos en el municipio de Villa de Nicolás Romero, la demarcación que saltó a la fama nacional tras el hallazgo de varios cuerpos de personas desaparecidas que estaban sepultadas en pozos.

De acuerdo con la información consultada, dichos pozos se construyeron para introducir las estructuras de una amplia red de puentes. Los ingenieros consultados aseguran que son excavaciones muy profundas donde se instalan los cimientos y descansan las columnas de varias toneladas que soportan los puentes.

Pero dichas excavaciones no sólo eran utilizadas para las obras: el crimen organizado halló viable que los pozos fueran habilitados como fosas. A mediados del 2024, por ejemplo, en el Estado de México fueron desaparecidos cuatro conductores de taxis que brindaban servicio a la plataforma Didi. También desaparecieron varios narcomenudistas rivales de los grupos criminales que controlan el municipio de Villa de Nicolás Romero.

Las desapariciones las operaron agentes de la policía municipal, la mayoría de ellos vinculados a los cárteles citados, por órdenes de Director de Seguridad Pública, Adán Mauricio Sánchez Mitre. Tras el hallazgo de los cuerpos, el mando policiaco se dio a la fuga. Su persecución se intensificó con la Operación Enjambre y fue capturado en Michoacán luego de ocho meses de estar prófugo y de haber recorrido poblaciones de Chiapas, Oaxaca, entre otras, donde se escondía.

Sánchez Mitre era jefe de seguridad del exalcalde de Villa de Nicolás Romero, Armando Navarrete López, miembro de Morena, a quien acusan no sólo de tener presuntos vínculos con el crimen organizado sino de haber desviado, presuntamente, diez mil millones de pesos durante su periodo como Alcalde. Al respecto nunca hubo una investigación, por el contrario, Navarrete fue premiado con una diputación federal.

La historia de Sánchez Mitre, el brazo armado de La Familia Michoacana y de “Los Julios”  es larga. Fue policía federal y realizó cursos de capacitación en Colombia y Ecuador. Llegó a Villa de Nicolás Romero en un momento de choques entre grupos criminales y policías. Tomó posesión en octubre de 2022. Un mes antes –según relató el periodista Héctor de Mauleón, había sido balaceado el subdirector operativo de la policía, Miguel Osvaldo Castillo Martínez, cuando paseaba con su familia.

En abril del año pasado, las autoridades del Estado de México comenzaron a investigar la desaparición de cuatro conductores de Didi, desaparecidos, según se sabe ahora, por órdenes de Sánchez Mitre. Los cuerpos fueron arrojados en pozos, donde también hallaron otros cuerpos de presuntos rivales de La Familia Michoacana, el grupo criminal del que era empleado Sánchez Mitre y presuntamente el entonces Alcalde, Armando Navarrete López.

Las autoridades comenzaron a hurgar en los pozos para hallar las evidencias –los cuerpos de las personas desaparecidas –y los encontraron. Luego, se libraron varias órdenes de aprehensión contra Sánchez Mitre, entre otros altos jefes de la policía,  quien se dio a la fuga. El 10 de enero último, el exjefe policiaco fue detenido en Michoacán. Era uno de los objetivos prioritarios de la Operación Enjambre. Vivía en Pino Suárez, una céntrica calle de la ciudad de Morelia, Michoacán.

En Villa de Nicolás Romero el problema de las complicidades entre agentes y grupos criminales continúa. No todo terminó con la captura de Sánchez Mitre. El 90 por ciento de la policía municipal de esa demarcación mexiquense tiene vínculos directos con el grupo criminal conocido como Los Julios –los de Cahuacán –porque hay otra célula llamada igual que pertenece al municipio de Atizapán.

Este grupo opera con las cabezas policiacas de varios municipios para mover droga, cobrar piso y ejecutar secuestros y asesinatos. En Villa de Nicolás Romero, de acuerdo con informes policiacos, operan los cárteles de Jalisco Nueva Generación, Familia Michoacana, Caballeros Templarios  y Los Julios.

Una fuente consultada sostiene que las ligas del crimen llegan hasta los alcaldes, fiscales y altos mandos policiacos. Respecto de la búsqueda de cuerpos humanos en los pozos, la fuente mencionada señala que las autoridades no llevaron a cabo revisiones en todas las fosas. “Faltan como veinte pozos por revisar donde hay cuerpos” y añade que dichos cementerios clabdestinos se ubican en comunidades como El Vidrio, Magú, Cahuacán, entre otros.

También hay otros mandos policiacos vinculados a desapariciones que están libres e impunes. Es el caso de Fernando Cruz Cruz, quien estaba destacamentado en Villa del Carbón y fungía como jefe de la Quinta Región. Era jefe de turno. Operó desapariciones y está vinculado a las redes del crimen. Actualmente está prófugo.

En su lugar dejó a una de sus cómplices en ese puesto, conocida en el mundo policiaco y criminal como Mara, quien participó en las desapariciones, según la fuente, sigue activa y gozando de protección oficial.

La tal Mara –como se le conoce a la agente que sustituyó a Fernando Cruz --, según las investigaciones, está relacionada con el cártel de Jalisco. Es jefa de región de la policía estatal y es una de las responsables de mover droga –de acuerdo con la investigación Enjambre –en Villa de Nicolás Romero, donde actualmente gobierna el partido en el poder.

Paralelamente al escándalo de las desapariciones, las matanzas y la complicidad entre altos mandos policiacos y los grupos criminales, cobra relevancia el caso de la desaparición de 10 mil millones de pesos en el municipio de Villa de Nicolás Romero. Nadie sabe, hasta ahora, qué pasó con esos fondos.

El desvío se le atribuye al exalcalde y actual diputado federal, Armando Navarrete López, a quien nadie molesta. Hasta ahora no se conoce que haya investigación en su contra, al contrario: el exalcalde está bien blindado en palacio de Gobierno por la maestra Delfina Gómez, gobernadora del estado, aunque se afirma que en realidad la profesora más bien ejerce una suerte de cogobierno con el crimen organizado.

Ricardo Ravelo

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Ricardo Ravelo Galó es periodista desde hace 30 años y se ha especializado en temas relacionados con el crimen organizado y la seguridad nacional. Fue premio nacional de periodismo en 2008 por sus reportajes sobre narcotráfico en el semanario Proceso, donde cubrió la fuente policiaca durante quince años. En 2013 recibió el premio Rodolfo Walsh durante la Semana Negra de Guijón, España, por su libro de no ficción Narcomex. Es autor, entre otros libros, de Los Narcoabogados, Osiel: vida y tragedia de un capo, Los Zetas: la franquicia criminal y En manos del narco.

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