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Fabrizio Lorusso

09/01/2025 - 12:05 am

4490 sillas vacías: vuelta de año, Fiscalía y ausencias en Guanajuato

La distribución de los colectivos, de sus acciones públicas, y de los grupos organizados de familiares y solidarios refleja fielmente la geografía de la violencia y el peso de la ausencia, más insostenible en esta época de convivencias con sillas vacías y recurrencias para no celebrar.

Integrantes de colectivos de familiares de desaparición forzada en Guanajuato.
Integrantes de colectivos de familiares de desaparición forzada en Guanajuato realizaron un mitin y una simulación de Fosas frente a Palacio Nacional. Foto: Andrea Murcia, Cuartoscuro

Hablar de que “no hay nada que celebrar” o de “sillas vacías” en las aulas, en las mesas navideñas o en Los Reyes entre las familias con un ser querido desaparecido no es un ejercicio de pura retórica, sino que plasma en palabras la materialidad y el dolor de la ausencia. Ésta se hace presente y estruendosa en la cotidianeidad, en la vivencia de centenares de miles de mexicanos y mexicanas que en estas fechas no descansan en su búsqueda.

En la semana de cierre del 2024, la cuenta @DesapGto en la red social X y la Plataforma por la Paz y la Justicia en Guanajuato dieron a conocer el dato más reciente disponible sobre personas desaparecidas en Guanajuato: hay cuatro mil 490 personas desaparecidas al 30 de noviembre de 2024.

Así comienza el sexenio de la primera mujer Gobernadora de Guanajuato, Libia Denisse García, y cierra con este dato la polémica gestión de la Fiscalía General del Estado de Carlos Zamarripa Aguirre, quien condujo la institución de 2009 a 2024 y dejó el cargo anticipada y “forzadamente” el pasado 1 de enero, no sin antes legarnos una última producción audiovisual, perla autocelebrativa al extremo (ver https://x.com/arnoldocuellaro/status/1874485409637666829).

En espera de que el Congreso a más tardar el próximo 10 de febrero designe a su sucesor o sucesora a partir de una terna que enviará la Gobernadora el 20 de enero, la responsabilidad de la Fiscalía recaerá en la Mtra. Zucé Hernández, quien tiene larga experiencia en la procuración de justicia, particularmente en la zona más “caliente” del estado, la Laja-Bajío, y se considera cercana al exfiscal y parte de su equipo. Desde que escalaron las desapariciones en los últimos años, ha fungido como titular de la Fiscalía Especializada en Derechos Humanos, y ha mantenido una relación cercana a los colectivos de búsqueda y las buscadoras independientes en la entidad, dando seguimiento a las mesas de trabajo periódicas y al tema de la Acciones Urgentes ONU, entre otros, de la mano de la Fiscalía Especializada en el delito de desaparición.

Por eso tras el relevo, aunque sea transitorio y no constituya “una ruptura”, y ante un largo listado de retos y pendientes, su figura constituye un puente de continuidad, en espera de un cambio más substancial, que implicará mayor coordinación entre niveles de Gobierno, un fortalecimiento decidido con recursos y, sobre todo, personal capacitado de las agencias de los ministerios públicos regionales y locales, y una reingeniería y limpieza profunda de la procuración de justicia. Mientras tanto, la sociedad queda atenta a los posibles perfiles y candidaturas para dar el esperado “giro” al frente de la institución. El anunciado interinato de Hernández será corto, pero ha suscitado entre varios colectivos expectativas para que se marquen ciertas líneas o se den señales frente a la crisis de la seguridad, de las desapariciones y la impunidad, que ha sido apremiante y amenazante, sobre todo en contra de las personas buscadoras. Estas han padecido desplazamientos y acosos de todo tipo por el crimen organizado y las propias autoridades, además de haber sido perseguidas, asesinadas o incluso desaparecidas, como en el caso de Lorenza Cano, desaparecida en Salamanca hace casi un año, y todavía buscada por las compañeras de su colectivo y familia.

De vuelta al contexto: ¿de dónde viene el dato sobre desapariciones? Del 1 de enero de 2012 al corte del 30 de noviembre de 2024, la Fiscalía de Guanajuato tenía registro de cuatro mil 330 personas desaparecidas, con base en una respuesta a solicitud de información vía Plataforma Nacional de Transparencia. Por su lado, el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas de la Comisión Nacional de Búsqueda registraba otras 160 personas desaparecidas, con fecha de desaparición anterior al 2012.

La suma de las dos cifras es de cuatro mil 490. Pese a que siempre hay una cifra negra importante, pero de difícil estimación, que no permite un acercamiento más preciso al tamaño real de la problemática de las desapariciones, es posible afirmar que el total de personas desaparecidas en Guanajuato ha crecido, cuando menos, del 5.1 por ciento (218 personas) según cifras oficiales entre el 30 de junio (cuando eran cuatro mil 272) y el 30 de noviembre del año pasado, o sea, en el lapso de cinco meses.

Una primera consideración es que según la Fiscalía estatal hay al menos mil 310 personas desaparecidas más que según el Registro Nacional, que para Guanajuato arroja la cifra de tres mil 022 personas. Esta diferencia importante entre las dos fuentes mencionadas no es nueva, ha sido una constante a lo largo de los últimos cuatro años, y representa un foco de atención y alerta.

Si se verificara que también en otros estados la brecha entre fuentes locales y nacionales es tan amplia y persistente, esto evidenciaría posibles fallas del Registro Nacional, o bien, desfases y desaseos institucionales de fiscalías y comisiones de búsqueda estatales. La expresión de las familias y los colectivos en búsqueda de sus seres queridos, con la cual denuncian que sus familiares son “desaparecidos dos veces”, se sustancia, por lo tanto, en formas de desaparición burocrática desde los registros oficiales o desde los expedientes en manos de ministerios públicos omisos.

También hay una brecha enorme entre contextos de hallazgo de personas sin vida (fosas clandestinas y otros) registrados por la Fiscalía en estos años, que serían sólo 44, y la realidad que, mediante otras fuentes y análisis, da cuenta de más de 660 fosas clandestinas entre 2009 y 2024.

Si ampliamos la temporalidad del análisis para Guanajuato, la cifra de las y los desaparecidos creció de más del 700 por ciento (siete veces) en tan sólo seis años, del 2018 al 2024, pasando de 621 a cuatro mil 490. Esto en el mandato de Diego Sinhue como Gobernador y de López Obrador como Presidente.

Por otro lado, a nivel nacional, el crecimiento fue del 81.2 por ciento, pues al cierre del sexenio había 51 mil 791 personas desaparecidas más que en 2018. Esto representa el 44.8 por ciento de las 115 mil 591 personas registradas como desaparecidas al 30 de septiembre de 2024. Para el 1 de enero de 2025, ya son 120 mil 558 las personas desaparecidas en el país, cinco mil más en tres meses.

La tendencia al alza de las desapariciones incluso supera con creces la de los homicidios dolosos en Guanajuato, pues estos aumentaron del 327.7 por ciento en cinco años, durante el periodo de 2013 a 2018 y, en el sexenio pasado, hubo altibajos: de tres mil 517 homicidios en 2018 llegaron a su punto máximo en 2020 con cinco mil 370 asesinatos, y bajaron hasta tres mil 104 en 2023, perdurando como la primera entidad a nivel nacional por este delito.

En Guanajuato, desde hace ya varios años y hasta la fecha, los municipios con mayor incidencia de la desaparición son: Celaya (581); León (521); Irapuato (480); Villagrán (280); Salamanca (234); Pénjamo (227); Juventino Rosas (191); Cortazar (156); Silao (130), Acámbaro (121); Apaseo el Grande (110); Abasolo (100); Uriangato (109); Valle de Santiago (98); Apaseo el Alto (97); Salvatierra (87); Cuerámaro (78); San Fco Rincón (72); Yuriria (71).

Entre el 1 de enero de 2012 y el 30 de noviembre del 2024, la Fiscalía de Guanajuato ha registrado un total de 34 mil 747 denuncias por desaparición, un promedio de dos mil 673 al año y más de siete por día. Con el 4.9 por ciento de la población nacional, la entidad suma el 12.38 por ciento de todas las denuncias por desaparición a nivel nacional en los últimos 13 años (2012-2024) y un crecimiento exponencial de las personas que a la fecha no han podido ser localizadas, ya sea con o sin vida.

Aunque la “tasa de localización” de personas, en promedio en el periodo considerado, es del 87.5 por ciento en el estado, más alta que la nacional del 64.8 por ciento, el aumento constante y muy acentuado, sobre todo durante el último lustro, en el número de personas desaparecidas muestra la gravedad de esta problemática en Guanajuato y la necesidad de una política de Estado integral, entre los tres niveles de Gobierno, para atajarla.

Así lo ha expresado, en entrevista con El Sol de Irapuato, Bibiana Mendoza, representante del colectivo Hasta Encontrarte: “Las desapariciones son todos los días, es un tema cotidiano que la sociedad ya normalizó […] no es que una vida valga más que otra, todas valen igual, y vimos que uno de los temas que las autoridades no tocan es hacerse la pregunta de quién desaparece. Por lo general, es la gente de escasos recursos, personas racializadas, discriminadas por clase social [...] vivimos en un estado que nos ha enseñado durante siglos, décadas, que nos merecemos lo que estamos viviendo, y sin que el mismo Estado mexicano acepte las ausencias que ha tenido para que se llegase a este punto”.

Aunque puede golpear a cualquier persona, y nos toca a todos y todas como problema social, la desaparición es reflejo de las desigualdades y vulnerabilidades de distintos sectores de la población en el país.

Ante las desapariciones y la insuficiente actuación de las autoridades, desde 2019 se han formado más de veinte colectivos de personas buscadoras, sobre todo en la región del corredor industrial y Laja-Bajío, con el fin de reforzar la búsqueda y acciones concretas del Estado mexicano, además de que se han activado unos veinte y cinco procedimientos de Acción Urgente ante el Comité contra las Desapariciones Forzada de Naciones Unidas.

También se han desplegado repertorios de acción colectiva, cada vez más presentes en el espacio público y la arena mediática, con el fin de trabajar narrativas y memorias distintas sobre quienes fueron desaparecidos y desaparecidas y esperan regresar a casa, para exigir verdad y justicia, sensibilizar a la sociedad y la política, propiciar cuidados, solidaridades y mecanismos de protección por y para quienes se exponen con sus búsquedas o se tornan defensoras de los derechos de todos y todas. La distribución de los colectivos, de sus acciones públicas, y de los grupos organizados de familiares y solidarios refleja fielmente la geografía de la violencia y el peso de la ausencia, más insostenible en esta época de convivencias con sillas vacías y recurrencias para no celebrar.

Fabrizio Lorusso
Profesor investigador de la Universidad Iberoamericana León sobre temas de violencia, desaparición de personas y memoria en el contexto de la globalización y el neoliberalismo. Maestro y doctor en Estudios Latinoamericanos (UNAM). Colaborador de medios italianos y mexicanos. Integra la Plataforma por la Paz y la Justicia en Guanajuato, proyecto para el fortalecimiento colectivo de las víctimas.

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