Si contamos solamente el número de víctimas de homicidio doloso desde el año 2015 a noviembre de 2024 –sin contar las registradas entre el 2009 a 2014, donde las cifras no desglosaban el número de víctimas– durante al menos 10 de los 26 años de la gestión de Zamarripa al menos 27 mil 573 personas fueron asesinadas, sin contar las 203 mujeres víctimas de feminicidio que se registraron en ese periodo.
Ciudad de México, 5 de enero (SinEmbargo).- Carlos Zamarripa, quien estuviera al frente de la Fiscalía General de Justicia de Guanajuato, dejó finalmente el cargo luego de 16 años al frente de la institución —primero como Procurador y después como Fiscal— dejando una herencia a la entidad de decenas de miles de personas asesinadas, miles de desaparecidos, masacres, fosas y dejando a la entidad como la región en la que más policías matan.
Zamarripa ha sido un personaje muy controvertido dentro del sistema de justicia penal en México. Llamado el Fiscal "perenne" o "eterno" es el funcionario que más tiempo ha permanecido al frente de una institución de investigación y de procuración de justicia. Desde su llegada a la entonces Procuraduría General de Justicia y su posterior designación como fiscal general, Zamarripa acumuló un poder sin precedentes en la estructura judicial estatal.
Carlos Zamarripa logró consolidar un control casi absoluto en los aparatos de justicia del estado, al grado de influir directamente en el nombramiento de jefes de policía en diversos municipios y en puestos de otras instituciones de vigilancia o observancia de la procuración de justicia, según explicó en Saul Arellano, profesor de asignatura de las Facultades de Derecho y de Economía de la UNAM, y experto estudioso de seguridad de Guanajuato.
“Carlos Zamarripa, sin duda alguna, es quizá uno de los personajes más siniestros de la justicia a nivel estatal en el país. ¿Por qué me atrevo a decir esto? Porque, a lo largo de toda su carrera, fue ascendiendo al interior de la Fiscalía, antes Procuraduría General de Justicia, y fue un sujeto que, poco a poco, se fue haciendo de cada vez más espacios de poder dentro de los aparatos de justicia del estado. A tal nivel llegó su influencia que no había alcaldía ni gobierno municipal que no le consultara, al menos, a quién nombrar como director de Seguridad Pública. En muchos casos, incluso, se atrevía a imponer quiénes deberían ser las o los jefes de las policías a nivel local”, explicó el experto en entrevista con SinEmbargo.
Zamarripa es un policía que se formó desde muy joven en la entonces Procuraduría Estatal de Justicia y recorrió casi todos los cargos para hacer una carrera policiaca en la entidad. En febrero de 2009, en el sexenio de Juan Manuel Oliva, Zamarripa Aguirre fue nombrado Procurador General de Justicia. Posteriormente, el entonces Gobernador Miguel Márquez Márquez lo ratificó con el argumento que “había hecho un buen trabajo” y que tenía enormes calificaciones en instancias internacionales, sobre todo en agencias norteamericanas, como el FBI y la DEA.
Con la llegada de Carlos Zamarripa a la institución las cifras empezaron a mostrar su tendencia al alza: entre 2001 y 2008, por ejemplo, un año antes de que Carlos Zamarripa asumiera como Procurador General de Justicia en Guanajuato, los homicidios dolosos mantenían un promedio anual de aproximadamente 200 carpetas de investigación. Durante ese periodo, las cifras se distribuyeron de la siguiente manera: en 2001, se registraron 233 carpetas; en 2002, 208; en 2003, 213; en 2004, 194; en 2005, 213; en 2006, 242; en 2007, 229, y en 2008, 257.
Fue justo en el año 2009, el primer año de Zamarripa como Procurador, cuando Guanajuato experimentó un significativo repunte en los homicidios dolosos, con un incremento del 67 por ciento. De las 257 carpetas de investigación registradas en 2008, la cifra creció a 414 en 2009.
A partir de entonces, la tendencia continuó al alza. En 2010 se abrieron 437 carpetas de investigación; en 2011, 604, y en 2012, 641. Aunque en 2013 hubo un ligero descenso con un total de 641 carpetas, para 2014 la cifra aumentó nuevamente, llegando a 709. Entre 2015 y 2017, los homicidios dolosos continuaron incrementándose. En 2015 se registraron 863 carpetas; en 2016, 947, y en 2017, la cifra superó la barrera de las mil, con un total de 1,084 carpetas.
En 2018, el gobierno de Diego Sinhue Rodríguez Vallejo nuevamente lo ratificó y el año pasado, en medio de manifestaciones y severas críticas, Zamarripa fue propuesto y designado como primer Fiscal de la entidad, con una duración de nueve años en el cargo.
Sin embargo, lejos de disminuir las cifras crecieron aún más. En el 2018, las cifras se dispararon drásticamente, alcanzando las 2,609 carpetas de investigación, un incremento porcentual alarmante respecto al año anterior.
La tendencia en aumento continuó en 2019, cuando se abrieron 3 mil 359 carpetas de investigación por homicidio doloso, de acuerdo con los datos, ya de la nueva metodología del SESNP, consolidando a Guanajuato como uno de los estados más violentos del país bajo la gestión de Carlos Zamarripa.
Las altas cifras y los malos resultados llevaron a que el entonces Presidente Andrés Manuel López Obrador cuestionara con insistencia que Zamarripa estuviera durante décadas como Procurador y Fiscal, a pesar de los malos números en los indicadores de seguridad. Pese a ello, Sinhue Rodríguez Vallejo lo mantuvo en su cargo.
Tras años de incremento, las carpetas de investigación por homicidio doloso en Guanajuato comenzaron a mostrar una tendencia a la baja a partir de 2021. En ese año, se registraron 2,823 carpetas, marcando un leve descenso respecto a los picos más altos registrados en años previos. Para 2022, la cifra se redujo ligeramente a 2,634 carpetas de investigación, y en 2023 continuó la disminución con un total de 2,581 carpetas abiertas por homicidio doloso. En lo que va de 2024, de enero a noviembre, se han registrado 2,324 carpetas de investigación.
Una tendencia similar a la registrada en las carpetas de investigación por homicidio doloso se observa en los datos de víctimas de este delito, aunque las cifras son más elevadas debido que una sola carpeta de investigación puede incluir una o varias víctimas, lo que hace que el registro de víctimas sea un poco más precisa del número de personas afectadas.
La herencia de sangre
A partir de 2015, el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública comenzó a desglosar las cifras de víctimas con una nueva metodología. Según estos datos, en 2015 se registraron 896 víctimas de homicidio doloso. Para 2016, el número aumentó a 1,096 víctimas, y en 2017 subió a 1,423.
Sin embargo, fue en 2018 cuando las cifras se dispararon drásticamente, alcanzando 3,290 víctimas, un aumento del 152.28 por ciento en comparación con el año anterior. En 2019, el número de víctimas se elevó a 3,590, y en 2020 se registró otro incremento significativo, con 4,490 víctimas, lo que representó un aumento del 25.06 por ciento respecto a 2019.
A partir de 2021, al igual que con las carpetas de investigación, se comenzó a observar una reducción en las cifras de víctimas. Ese año cerró con 3,516 víctimas de homicidio doloso. En 2022, la cifra descendió a 3,260, y en 2023 se registraron 3,104 víctimas. De enero a noviembre de 2024, se contabilizaron 2,847 víctimas, lo que sugiere una posible continuación de esta tendencia a la baja.
Si contamos solamente el número de víctimas de homicidio doloso desde el año 2015 a noviembre de 2024 –sin contar las registradas entre el 2009 a 2014, donde las cifras no desglosaban el número de víctimas– durante al menos 10 de los 26 años de la gestión de Zamarripa al menos 27 mil 573 personas fueron asesinadas, además de las 203 mujeres víctimas de feminicidio que se registraron en ese periodo.
Los reclamos a la gestión de Zamarripa ocasionaron que en la pasada campaña electoral, la panista Libia García Muñoz Ledo, ahora Gobernadora, prometió deshacerse de Zamarripa y de Alvar Cabeza de Vaca, titular de la Secretaría de Seguridad estatal que llevaba el mismo tiempo que él.
"Quiero ser muy contundente porque sé que además va a ser una pregunta recurrente en este ejercicio de campaña, yo les digo el día de hoy también de cara a los guanajuatenses que Alvar y Zamarripa no continuarán en mi gobierno”, dijo Libia García Muñoz Ledo en marzo pasado.
Y así fue. Carlos Zamarripa presentó su renuncia el pasado 30 de septiembre, la cual se hará efectiva este 1 de enero de 2025.
“Lo siniestro no tiene que ver solo con esta permanencia (de Zamarripa) y estas prácticas que se dan en muchos lados. Lo verdaderamente siniestro es que, a cuestas, se lleva más de 25 mil cadáveres, porque en su gestión hubo más de 25 mil personas asesinadas en el estado”, dijo Arellano.
Y es que aunque las cifras recientes indican una ligera disminución en los homicidios, Saul Arellano reprochó que las autoridades lo presenten como un logro. “No puedes presumir que llevaste al estado a la peor crisis de derechos humanos y que luego le empezaste a bajar poquito”, declaró el investigador, ya que a pesar de la disminución, los niveles de violencia en Guanajuato siguen siendo insostenibles.
Hay otro dato que expone Saul Arellano, y es el de número de homicidios culposos en Guanajuato, que representa más del 20 por ciento del total nacional.
El experto cuestionó cómo es posible que una entidad federativa con menor población que el Estado de México o la Ciudad de México juntos, pueda superar sus cifras combinadas. A ello se suma el alto registro de muertes violentas con intención no determinada, muchas de ellas vinculadas a armas de fuego, según datos del INEGI.
La gestión de Carlos Zamarripa es un caso emblemático de cómo la impunidad, la corrupción y la ineficacia gubernamental pueden llevar a un estado al borde del colapso en materia de seguridad y derechos humanos. "Si vas juntando homicidios culposos (primer lugar nacional), muertes violentas de intención no determinada (primeros lugares nacionales), y números absolutos de defunciones violentas por agresiones, es decir, homicidios intencionales, y si vamos viendo los otros capítulos delictivos, Guanajuato, pues, es de verdad un infierno. Tenemos justo una entidad o una crisis de derechos humanos muy grave y que, finalmente, uno de los responsables directos de esto es Carlos Zamarripa, sin duda alguna”.
Cuestionado sobre si las cifras de homicidios dolosos reportadas por la Fiscalía estatal al Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública podrían estar maquilladas, el experto respondió que, al menos, existen "errores graves" en la integración de los datos, pero también es posible que haya un registro deliberado inadecuado de los homicidios intencionales.
Según Saúl Arellano, estas discrepancias se hicieron más evidentes a partir de 2021, cuando las cifras oficiales comenzaron a mostrar una tendencia a la baja, coincidiendo con el periodo en que el expresidente Andrés Manuel López Obrador criticó públicamente al Fiscal General de Guanajuato, Carlos Zamarripa. "No hay nada metodológicamente, científicamente o teóricamente que justifique por qué Guanajuato tiene tantos homicidios culposos si no registra una proporción equivalente de accidentes", aseguró.
La violencia no solo ha afectado a la población civil, sino también a las fuerzas de seguridad. Guanajuato lidera las cifras de asesinatos de policías a nivel nacional, incluyendo mujeres policías, quienes han sido blanco de ataques directos.
En 2024, un total de 320 policías fueron asesinados en todo México, de acuerdo con datos de la organización civil Causa en Común. Guanajuato se consolidó como el estado más peligroso para los integrantes de las corporaciones de seguridad, con 61 oficiales asesinados. La mayoría de estos crímenes se dieron en ataques directos o durante enfrentamientos con grupos criminales, lo que evidencia la grave situación de violencia que enfrenta la entidad.
Después de Guanajuato, los estados con más policías asesinados en 2024 fueron el Estado de México, con 24 víctimas; Guerrero, con 22; Chiapas, con 20; Michoacán, con 17; y Nuevo León, Tamaulipas y Sinaloa, con 16 casos cada uno.
Arellano señala que, durante la gestión de Zamarripa, se acumuló una grave crisis de derechos humanos. La entidad registra altos índices de desapariciones, fosas clandestinas y ataques a personas buscadoras de desaparecidos, quienes han enfrentado amenazas, atentados e incluso asesinatos. La comisión estatal de búsqueda opera con recursos limitados y bajo la injerencia de la fiscalía, lo que obstaculiza su labor.
Respecto al panorama actual, Arellano mencionó que el Cártel de Santa Rosa de Lima, pese a la detención de "El Marro", sigue operando y se presume que ha establecido alianzas con otros grupos delincuenciales como el Cártel de Sinaloa y la Familia Michoacana. También destacó la presencia de organizaciones como el Cártel Jalisco Nueva Generación, e incluso la incursión de grupos como Guerreros Unidos y Los Rojos en la entidad.
"Nunca hubo modelo de seguridad"
Los malos resultados en seguridad durante los 16 años de gestión de Carlos Zamarripa en la Fiscalía General de Guanajuato se deben, a consideración del experto Saúl Arellano, a que no se implementó un modelo claro de seguridad.
"Quizá ese es el gran problema: que no hubo un modelo. Hubo acciones, algunas vendidas de manera casi épica en los medios de comunicación, como el programa Escudo y luego Escudo Titán, que más que un programa de seguridad parecía el nombre de una marca de croquetas para perros", expresó.
Arellano destacó que los programas supuestamente tecnológicos, como la instalación de cámaras y el manejo de datos, no lograron resultados efectivos. Incluso, señaló que dichas herramientas fueron usadas en contra de periodistas, como Arnoldo Cuéllar, en lugar de contribuir a la seguridad pública.
El analista calificó las estrategias como un "espejismo" y criticó la falta de conexión entre las autoridades estatales y municipales. "Si hubo un modelo, fracasó rotundamente. No solo por la cantidad de muertos, sino también por la ineficiencia en el procesamiento de responsabilidades penales, la sanción del delito y la atención a las víctimas", afirmó.
No obstante, para Arellano no todo es culpa de Zamarripa, sino que destacó que hay una responsabilidad compartida, pues apuntó que también hubo una falta de acción de los gobernadores que respaldaron a Zamarripa: desde Juan Manuel Oliva, quien lo nombró procurador, hasta Miguel Márquez y Diego Sinhue Rodríguez, quienes lo mantuvieron en el cargo.
“Otro que se olvida: gobernadores totalmente, pues digamos, irresponsables, que es la palabra quizá menos agresiva que se puede usar, pero que es descriptiva. Finalmente, el tema de los gobernadores irresponsables, que delegaron el tema de la seguridad en este personaje y en el secretario de Seguridad Pública. No desde Juan Manuel Oliva, quien nombró como procurador a este señor Carlos Zamarripa, después Miguel Márquez, que lo ratificó, y, posteriormente, ya el cambio de Procuraduría a Fiscalía con Diego Sinhue, quien se obstinó en decir que Zamarripa era uno de los mejores policías del país”, puntualizó.
Finalmente, advirtió que Guanajuato seguirá siendo un territorio en disputa mientras no se atiendan los problemas estructurales como el robo de combustible, las desapariciones, las fosas clandestinas y la extorsión. "La tragedia en Guanajuato es una muestra de la incapacidad del Estado para garantizar la seguridad y la justicia", concluyó.
