Familiares de víctimas y colectivos de personas desaparecidas en Nayarit dijeron estar profundamente preocupados ante la noticia de la reducción de sentencia para el exfiscal Edgar Veytia, temiendo que, en México, encuentre protección disfrazada de ineficiencia. O bien, que en Estados Unidos, tras su liberación, en lugar de entregarlo a la justicia mexicana, ingrese al programa de testigos protegidos.
Ciudad de México, 31 de diciembre (SinEmbargo).– A Edgar Veytia lo apodaban “El Diablo” y no era para menos; durante su gestión como Fiscal, Nayarit se convirtió en el infierno, según han denunciado víctimas y organizaciones de buscadoras.
“Era el infierno, donde a la Fiscalía se le llamaba la narco-fiscalía porque era la principal fuente de desaparición y tortura. Más que un centro de justicia, era un centro de tortura, un centro de desaparición, y era un centro donde se cometían las mayores atrocidades que tú te puedas imaginar”, dice Adriana, a quien le desaparecieron a su hermano y ahora es buscadora en Nayarit.
Edgar Veytia, el exfiscal de Nayarit, aún provoca terror. Así lo narran familiares y víctimas de personas desaparecidas, quienes ahora, de nuevo, están sumidos en la angustia, el temor y la incertidumbre ante la noticia de que cuando sea liberado en Estados Unidos, en México, las autoridades no actúen y él encuentre impunidad.
“La verdad, estamos muy preocupados de volver a la época de terror que vivimos en años pasados”, agrega Adriana, quien pidió omitir el nombre del colectivo que encabeza y su apellido, resguardar su identidad, pues afirmó que hay temor entre los colectivos.
La reducción de su pena
Este año 2024 cierra con una mala noticia para los colectivos y familiares de personas desaparecidas en Nayarit. De acuerdo con información de la Oficina Federal de Prisiones de Estados Unidos (BOP, por su sigla en inglés), Edgar Veytia, preso por sus nexos con el crimen organizado, vio reducida su condena de 20 a 10 años, luego de colaborar como testigo clave en el juicio contra Genaro García Luna, por lo que se prevé que sea liberado en el primer trimestre de 2025.
Familiares de víctimas y colectivos de personas desaparecidas dijeron estar profundamente preocupados ante la noticia, temiendo que, en México, encuentre protección disfrazada de ineficiencia y eluda la justicia por crímenes que califican como de lesa humanidad. O bien, que en Estados Unidos, tras su liberación, en lugar de entregarlo a la justicia mexicana, ingrese al programa de testigos protegidos.
"Esperamos una verdadera justicia, que realmente sí exista esa petición de extradición y que pague ante la justicia mexicana".
La incertidumbre crece entre las familias, quienes no olvidan ni recuerdan las atrocidades cometidas durante el mandato de Veytia. Adriana, integrante del colectivo, resalta que hay cientos de cruentos testimonios del terror y el miedo que se le tenía “al Estado”, en donde la Fiscalía, en lugar de ser vista como una institución de protección, era vista como el depredador.
“Al día de hoy, todavía ver una camioneta blanca sin placas, significa terror".
Edgar Veytia, por muchos años, utilizó el poder del estado con el apoyo de personas dentro de la Fiscalía y de las dependencias estatales para cometer delitos como extorsiones, tortura y desapariciones de personas, lo cual quedó comprobado tras el fallo de la corte federal estadounidense.
La organización defensora de derechos humanos IDHEAS, que ha dado seguimiento y acompañamiento a colectivos de personas desaparecidas en Nayarit para llevar las desapariciones en ese periodo hasta la Corte Interamericana de Derechos Humanos, reiteró hoy a SinEmbargo que se ha documentado la existencia de un patrón sistemático y generalizado de casos de desaparición forzada cometidos por funcionarios públicos bajo el mando del exfiscal Edgar Veytia.
En sus reportes se señala que él “ordenó, coordinó y planificó las desapariciones de jóvenes y dio instrucciones para utilizar las instalaciones de la fiscalía del estado para ocultar a las víctimas. También se destaca que los testimonios de las familias identifican varios vehículos oficiales en los que eran detenidas las víctimas”.
Fue un funcionario cercano al entonces Gobernador de Nayarit, Roberto Sandoval, a quien acompañó desde que Saldoval encabezó el municipio de Tepic entre 2008 y 2011, Veytia se desempeñó como director de Seguridad Pública. Con la llegada de Sandoval al gobierno estatal en 2011, el Congreso de Nayarit lo nombró Fiscal del Estado, cargo que ocupó por un periodo de siete años.
Veytia, quien fue detenido en 2017 en el puente fronterizo que une a las ciudades de Tijuana, Baja California y San Diego, mientras intentaba cruzar hacia Estados Unidos, es señalado no solo por la protección que daba a integrantes de la delincuencia organizada, sino de ser el principal ejecutor de crímenes de alto impacto. Tras su captura, comenzaron a surgir las historias de terror en Nayarit, como desaparición de personas, secuestro, extorsión y asesinatos, cuyas víctimas eran comerciantes y dueños de terrenos que fueron obligados a pagar derecho de piso o a vender sus tierras.
En diciembre de 2013, por ejemplo, ejidatarios y pobladores de La Peñita de Jaltemba, en el municipio de Compostela, denunciaron públicamente al entonces fiscal Veytia de incurrir en amenazas, extorsiones y despojos de sus tierras. Así lo consignaron en su momento diarios como El Universal.
Otro caso dado a conocer por la prensa tras su arresto fue el del empresario inmobiliario Eduardo Valencia, quien denunció a Proceso cómo fue encarcelado injustamente y despojado de su patrimonio por mil 800 millones de pesos, en una embestida encabezada por Veytia y con la complicidad de diversas autoridades municipales, estatales y federales.
El arresto de Veytia abrió la caja de Pandora de sus actos, pero las desapariciones siguieron ocurriendo meses después de que fue detenido, pues el funcionario había dejado un legado de terror. Y es que, luego de su detención, la violencia y la desaparición de personas se dispararon, pues varios de sus colaboradores seguían en diversos puestos dentro de la Fiscalía General de Justicia, denunciaron en su momento activistas y familiares de personas desaparecidas.
Adriana destacó que un ejemplo del terror que se vivía en la entidad es la desaparición masiva de 123 jóvenes entre el 16 y el 22 de junio de 2017, un episodio poco documentado, pero profundamente marcado en la memoria de los habitantes de Nayarit.
“Hay cientos de testimonios de personas que, incluso cuando nosotros iniciamos esta situación de la desaparición en 2017, por la ola de desapariciones de jóvenes, se instituyó la mantilla de la cuenta. Se habla mucho de los 43 de Ayotzinapa, pero nunca se hablaron de las desapariciones masivas de Nayarit, donde, en un solo fin de semana, fueron desaparecidos 123 jóvenes, del 16 de junio de 2017 al 22 de junio de 2017, fecha que marcó una historia en Nayarit y de la cual poco se habla. Sin embargo, cuando nosotros comenzamos en este movimiento, la misma población, las mismas personas, nos decían: 'No vayas a denunciar', porque se conocía que si entrabas a la Fiscalía, ya no salías.”
La detención del exfiscal se registró en el puente fronterizo que une a Tijuana, Baja California, con San Diego, mientras intentaba cruzar hacia Estados Unidos, en el año 2017. Dos años después, en septiembre de 2019, fue sentenciado a 20 años de prisión y cinco años adicionales bajo “vigilancia” por su colaboración con narcotraficantes. En enero de ese mismo año, se declaró culpable ante la Corte Federal de Brooklyn de cargos relacionados con la distribución internacional de drogas, tras ser acusado de conspiración para fabricar y distribuir heroína, cocaína, metanfetamina y marihuana.
Entre los cargos que se le imputan a Édgar Veytia, se incluye el recibir sobornos de Juan Francisco Patrón Sánchez, alias “El H2”, exlíder del Cártel de los Beltrán Leyva. También se le acusa de utilizar su posición para obstruir investigaciones y procesos contra narcotraficantes en México, lo que incluye la liberación ilegal de los acusados y el bloqueo de detenciones de otros traficantes.
En abril de 2016, Grecia Venegas, ahijada de Joaquín “El Chapo” Guzmán, denunció el secuestro de su padre, Julián Venegas, y acusó públicamente a Veytia de colaborar en el crimen, además de su inacción en las investigaciones. “Cuando fuimos con él no nos quiso ayudar, aunque ellos dos eran amigos. Era su trabajo y luego negó que tenía una relación con mi papá”, declaró Venegas a Univisión tras la detención de Veytia.
A pesar de su participación comprobada con el crimen organizado en México y los atroces crímenes cometidos —una situación conocida por la jueza estadounidense—, Veytia recibió una reducción de más de la mitad de su condena, gracias a su papel como “testigo clave” en el caso contra Genaro García Luna, exjefe policial durante el gobierno de Felipe Calderón Hinojosa.
Y es que, aunque la jueza Carol Ann Bagley Amon, de la Corte Federal del Distrito Este de Nueva York, rechazó la solicitud de Veytia de ser liberado por tiempo cumplido —argumentando que había ordenado asesinatos y había formado parte del crimen organizado al permitir el tráfico de drogas hacia Estados Unidos—, redujo su sentencia de 20 años en 10 años. La reducción fue defendida por el fiscal Philip Pilmar, quien destacó que Veytia no solo fue un testigo valioso en el juicio contra García Luna, sino que también proporcionó información crucial para procesar a Salvador Cienfuegos Zepeda, exsecretario de la Defensa Nacional durante el gobierno de Enrique Peña Nieto.
Además de su colaboración en el caso contra García Luna, Veytia fue quien acusó a Salvador Cienfuegos de tener vínculos con el crimen organizado, una acusación que fue retirada por Estados Unidos tras la presión de México, que cuestionó la solidez de las pruebas proporcionadas por la DEA. Este caso generó mayor desconfianza del presidente Andrés Manuel López Obrador hacia la Agencia Antidrogas de Estados Unidos.
Durante el juicio contra García Luna, en febrero del año pasado, Veytia acusó directamente al expresidente Felipe Calderón Hinojosa de haber brindado protección a Joaquín Guzmán Loera, conocido como “El Chapo”, en medio del conflicto entre grupos delictivos. Aunque Calderón negó más tarde estas acusaciones, en la actualidad reside en España.
Veytia también implicó a Ney González Sánchez, exgobernador de Nayarit, en el apoyo a la organización criminal de los Beltrán Leyva, y señaló que la extinta Policía Federal, bajo el mando de García Luna, estaba alineada con el Cártel de Sinaloa, dirigido por “El Chapo”. Narró además cómo González y su sobrino se reunieron en Ciudad de México con el expresidente Calderón y el exsecretario de Seguridad Pública, quienes les habrían instruido sobre la necesidad de proteger a “El Chapo” y a sus socios del Cártel de Sinaloa.
"Seis órdenes de arresto no son suficientes"
Tras la difusión de la noticia sobre la liberación de Édgar Veytia en marzo de 2025, el Fiscal General de Nayarit, Petronilo Díaz Ponce Medrano, confirmó que permanecen activas seis solicitudes de extradición en su contra por delitos graves, entre los que se incluyen secuestro agravado, extorsión, abuso de autoridad y tortura. En entrevista con medios locales, Díaz Ponce explicó que el trámite ante la Fiscalía General de la República (FGR) para solicitar la extradición está completo.
Entre las carpetas de investigación destaca la número 1461/2019, que lo involucra en delitos de tortura y abuso de autoridad contra Miguel Ángel “N”. También está la causa 1882/2019 por extorsión, abuso de autoridad, tráfico de influencias y secuestro en contra de Gerardo “N” y Yadira Yesenia “N”.
Sin embargo, aunque se habla de seis órdenes de aprehensión estatales, las familias de desaparecidos temen que la justicia mexicana no actúe con la firmeza necesaria.
“Seis órdenes de aprehensión me parecen muy pocas para las atrocidades que se cometieron […] Sí estamos preocupadas, como madres, padres y familiares buscadores, significa una alerta”, agregó Adriana.
“Estamos realmente preocupados por el activismo que hemos realizado y que hemos llevado. Tememos porque sabemos que (Veytia) es una persona que sólo infundió mucho terror y que sabemos que aún sigue teniendo poder en el estado, aunque no lo parezca. Toda la atención se ha ido hacia el exgobernador Sandoval o Édgar Veytia, pero se sabe que hay muchos más”.
Los colectivos piden que las autoridades mexicanas actúen para garantizar que Veytia enfrente la justicia por los crímenes cometidos y que no sea liberado sin antes rendir cuentas ante las víctimas y la sociedad. Además, exigen que se garantice la seguridad de los buscadores y familiares de las víctimas, quienes han sido objeto de amenazas y persecuciones.
