Varios nombres que figuran en la lista de aspirantes a ocupar un puesto en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), han generado controversia debido a sus vínculos políticos, familiares y en los casos más graves por diversas acusaciones en su contra.
Ciudad de México, 4 de enero (SinEmbargo).- Uno de los aspectos más destacados de 2024 fue la Reforma al Poder Judicial, la cual se está empezando a materializar con la publicación del listado de personas elegibles -entre ellos políticos cuestionados- para contender en las elecciones de magistrados, ministros y jueces del Poder Judicial de la Federación.
No obstante, a pesar de que las convocatorias y la Constitución establecen que, para ser elegible, los aspirantes deben gozar de una buena reputación, algunos perfiles cuestionados han logrado colarse en la lista de personas elegibles para este proceso.
En junio de 2025 se someterá a voto popular los cargos para cinco ministras y cuatro ministros para la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Además, los cargos de 3 magistradas y 2 magistrados para el Tribunal de Disciplina Judicial, así como de 1 magistrada y 1 magistrado para la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.
También se elegirá a 10 magistradas y 5 magistrados para las salas regionales de este tribunal, ubicadas en Guadalajara, Monterrey, Jalapa, Ciudad de México y Toluca. En total, se elegirán a 464 magistradas y magistrados de circuito y 386 juezas y jueces de distrito.
Varios nombres que figuran en la lista de aspirantes a ocupar un puesto en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), han generado controversia debido a sus vínculos políticos, familiares y en los casos más graves por diversas acusaciones en su contra. Los casos más llamativos son los de Roberto Gil Zuarth y Marisela Morales Ibáñez, dos personajes con una estela de señalamientos y acusaciones.
Gil Zuarth, exsenador panista cercano a Felipe Calderón, ha sido crítico de la Reforma Judicial, calificándola de “insensatez”. Ha estado involucrado en escándalos como los sobornos ligados a la Reforma Energética durante el sexenio de Enrique Peña Nieto y ha sido investigado por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) junto con otros legisladores por presunto enriquecimiento ilícito. También se le vincula con presiones externas en el Tribunal Electoral a través de su despacho Accuracy Legal & Consulting.
Marisela Morales Ibáñez, quien fue Procuradora General de la República durante el gobierno de Calderón, también figura como aspirante. Morales ha estado al frente de investigaciones controvertidas, como la detención del General Tomás Ángeles Dauahare y el caso del excomisario Javier Herrera Valles, quien fue encarcelado injustamente. Además, ha sido relacionada con el "Michoacanazo".
Otro nombre en la lista es el de Gilberto Higuera Bernal, quien renunció en diciembre como Fiscal general de Puebla, para postular al cargo en la Corte. Durante su gestión, fue acusado de operar la justicia de manera parcial y de filtrar información confidencial.
Estela Fuentes Jiménez, Presidenta del Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México, es otro nombre que ha llamado la atención ya que su elección como cabeza del Tribunal ha sido señalada de irregularidades, ya que, la magistrada Xóchitl Hernández impugnó su nombramiento por presuntas violaciones a la ley.
L lista de elegibles publicada el pasado 15 de diciembre, no es definitiva, ya que, según la convocatoria, hasta el 31 de enero se realizarán entrevistas y se seleccionarán a los finalistas. El 4 de febrero, los comités de los Poderes determinarán la conformidad de los aspirantes, quienes deberán ser aprobados antes del 7 de febrero. Posteriormente, el Senado integrará la lista final y tendrá que remitirla al Instituto Nacional Electoral (INE) el 12 de febrero."
Ellxs quieren ser ministros
Roberto Gil Zuarth, quien aparece en la lista con el folio RJM-241107-124, ha sido señalado por su cercanía al expresidente Felipe Calderón Hinojosa y su participación en múltiples controversias políticas. De acuerdo con lo revelado por el periodista Álvaro Delgado, Gil Zuarth forma parte del grupo de políticos incondicionales de Calderón, involucrados en los sobornos relacionados con la aprobación de la Reforma Energética impulsada durante el gobierno de Enrique Peña Nieto.
Se trasladó a Tamaulipas, donde trabajó y realizó negocios durante la administración de Francisco Javier García Cabeza de Vaca, quien enfrenta múltiples acusaciones de corrupción. El panista, abogado de profesión, es conocido por su cercanía con figuras políticas de gran influencia, como Diego Fernández de Cevallos y el expresidente Carlos Salinas de Gortari, a quienes ha acompañado en diversas reuniones sociales.
También se le ha relacionado con el exsecretario de Gobernación, Fernando Gómez Mont, quien lo respaldó en 2010 cuando Gil Zuarth buscó la presidencia del Partido Acción Nacional (PAN).
Como senador, Gil Zuarth fue uno de los principales impulsores de la Reforma Energética promovida por Peña Nieto, junto con otros legisladores cercanos a Calderón, como Ernesto Cordero, Javier Lozano, Francisco García Cabeza de Vaca y Salvador Vega Casillas. Todos ellos fueron investigados por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) por presunto enriquecimiento ilícito, tras una denuncia realizada por el propio senador panista Ernesto Ruffo Appel en agosto de 2020.
Además, Gil Zuarth ha sido señalado por sus vínculos con Reyes Rodríguez Mondragón, a quien impulsó primero como magistrado regional de Monterrey y posteriormente como presidente de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).
Rodríguez Mondragón fue removido del cargo por sus compañeros magistrados, quienes denunciaron presiones externas y la intervención de despachos legales, específicamente Accuracy Legal & Consulting, dirigido por el propio Gil Zuarth. En este contexto, los magistrados Mónica Soto, actual presidenta del TEPJF, Felipe Barrera Fuentes y Felipe de la Mata Pizaña, acusaron a Reyes Rodríguez de "someterse a intereses ajenos al Tribunal" y señalaron una "extraña intervención" de despachos legales en sus decisiones, atribuyendo estas irregularidades a la influencia de Gil Zuarth y su firma.
Marisela Morales Ibáñez, quien figura en la lista de elegibles bajo el folio RJM-241122-1100, fue la polémica Procuradora General de la República durante el sexenio de Felipe Calderón Hinojosa; estuvo al frente de la entonces PGR en el periodo en el que se llevaron a cabo investigaciones cuestionadas y presuntos montajes encabezados por el exsecretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, actualmente sentenciado en Estados Unidos por narcotráfico.
Y es que uno de los aspectos más controvertidos de la gestión de Calderón fue el uso de testigos protegidos por parte de las instituciones de investigación y seguridad; dicha práctica también ha envuelto a Marisela Morales, quien ha sido señalada por su participación en varios casos cuestionados. Un ejemplo de ello es la detención del General Tomás Ángeles Dauahare, vinculado al crimen organizado en su momento. Sin embargo, con el paso del tiempo se esclareció que el militar fue detenido porque había alertado al entonces Presidente Calderón sobre los vínculos de García Luna con organizaciones criminales.
Otro caso similar es la detención del excomisario general de la Policía Federal, Javier Herrera Valles, quien pasó cuatro años en prisión tras ser acusado falsamente por la PGR. Herrera Valles había denunciado públicamente y también a Calderón sobre los nexos de García Luna con el narcotráfico, hechos que hoy están confirmados y por los cuales García Luna cumple una condena de 38 años en Estados Unidos.
En 2014, Herrera Valles presentó una denuncia contra Marisela Morales por las irregularidades en su caso, entre las que destacó el presunto uso de testigos protegidos que habrían sido manipulados para declarar en su contra. Estas anomalías mantuvieron a Herrera encarcelado hasta que un juez federal lo absolvió el 6 de septiembre de 2012. Actualmente, el excomisario sostiene denuncias contra varios agentes y exfuncionarios de la extinta PGR, incluyendo a Morales e Irving Barrios Mojica, actual fiscal de Tamaulipas.
Morales también ha sido vinculada al llamado "Michoacanazo", operativo realizado en 2009 que resultó en la detención de 35 funcionarios, entre ellos 11 presidentes municipales, 16 funcionarios estatales y un juez de Michoacán, bajo acusaciones de vínculos con el narcotráfico. Este caso, encabezado por la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (SIEDO) cuando Morales la dirigía, terminó por derrumbarse debido a la falta de pruebas y la posterior absolución de los implicados.
Además, Morales ha sido señalada de presuntamente tener conocimiento del operativo "Rápido y Furioso", en el que más de 2 mil armas ingresaron ilegalmente a México desde Estados Unidos y terminaron en manos de grupos criminales como los cárteles de Sinaloa y Los Zetas, mientras ella ocupaba un cargo clave en la Siedo.
Gilberto Higuera Bernal, que aparece en la lista con el folio RJM-241123-15966, renunció recientemente como fiscal general de Puebla para competir por un puesto en la Suprema Corte, también ha tenido señalamientos de su gestión, que han evidenciado su papel entre la pugna de los grupos políticos que se disputan el poder el Puebla. Durante su gestión, nombrado por el fallecido gobernador Miguel Barbosa, se le acusó de operar la justicia de manera parcial. En 2022, el diputado Ignacio Mier presentó una denuncia contra Higuera por presunto tráfico de influencias y revelación de secretos. Además, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) lo acusó de filtrar información sobre investigaciones confidenciales relacionadas con lavado de dinero y seguridad nacional, lo que podría representar un riesgo para la seguridad del país. En ese mismo año, la UIF envió un extrañamiento formal a Higuera recordándole su obligación de garantizar la confidencialidad de las investigaciones, subrayando el impacto negativo de sus acciones en procedimientos penales sensibles.
Estela Fuentes Jiménez, identificada en la lista con el folio RJM-241121-8626, es señalada como cercana a la ministra Yasmín Esquivel Mossa. Es Presidenta del Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México (TJACDMX). En 2023, fue acusada por una magistrada del propio tribunal de haber violado la ley junto con el decano José Raúl Armida para lograr su elección como presidenta de la institución.
De acuerdo con un reportaje publicado por Proceso el 3 de marzo de 2023, la magistrada Xóchitl Alejandra Hernández Torres interpuso un amparo en contra de la elección de Fuentes Jiménez. En su demanda, Hernández Torres señaló que planteó un impedimento para que Fuentes fuera electa presidenta, pero este ni siquiera fue sometido a discusión en el Pleno. En consecuencia, responsabilizó a todos los integrantes del cuerpo colegiado. Según el reportaje, Mariana Moranchel Pocaterra, integrante del Pleno de la Sala Superior del TJACDMX, reconoció irregularidades durante la sesión del 9 de enero de 2023, donde Fuentes Jiménez resultó electa. En un informe rendido al juez Octavo de Distrito en Materia Administrativa de la Ciudad de México, Martín Adolfo Santos Pérez, Moranchel admitió que el acto reclamado por Hernández Torres era cierto. Sin embargo, afirmó que no pudo hacer nada para impedir la elección, destacando la cercanía de Fuentes con la ministra Esquivel Mossa.
Alfonso Pérez Daza, exconsejero de la Judicatura Federal designado por el Senado en 2014, pertenece a una familia con vínculos al priista Humberto Moreira. Según una publicación de Zeta, Pérez Daza fue nombrado consejero a propuesta del Partido Revolucionario Institucional (PRI), el cual fue dirigido a nivel nacional por Moreira entre marzo y diciembre de 2011, en el contexto de la campaña presidencial de 2012 que llevó a Enrique Peña Nieto al poder.
Un reportaje de El País del año 2016, firmado por José María Irujo, detalló que cuando el exgobernador de Coahuila, Humberto Moreira Valdés, fue detenido en Madrid por delitos de blanqueo de capitales y vínculos con el cártel de “Los Zetas”, Abraham Pérez Daza, funcionario de la Embajada de México en España y hermano de Alfonso Pérez Daza, aspirante a ministro, asumió tareas clave en su defensa.
Según fuentes citadas por El País, la elección de Abraham Pérez Daza para gestionar este caso no fue casual. Entre sus funciones estuvo buscar a los mejores abogados para la defensa de Moreira e intentar obtener, sin éxito, información de la Policía española sobre las pruebas en su contra. Asimismo, la embajada solicitó a la entonces Procuraduría General de la República (PGR) que preparara con celeridad toda la documentación oficial sobre las investigaciones abiertas y archivadas en México contra el político coahuilense, incluyendo copias certificadas de todos los expedientes.
LISTA_DE_ASPIRANTES_QUE_CUMPLEN_CON_LOS_REQUISITOS_DE_ELEGIBILIDADEn tanto que, entre los perfiles vinculados a gobiernos panistas figura Ricardo Juanes Laviada, identificado en el listado con el folio RJM-241122-1052. Juanes Laviada se desempeñó como coordinador de asesores del exgobernador panista de Yucatán, Mauricio Vila y es primo de la actual presidenta municipal y militante panista, Cecilia Patrón.
La lista también incluye nombres ligados al partido Movimiento Ciudadano o que han contado con su respaldo en el pasado. Uno de ellos es Ulises Carlin de la Fuente, Consejero Jurídico del Titular del Poder Ejecutivo de Nuevo León, estado gobernado por el emecista Samuel García Sepúlveda.
Otro caso es el de Ángel Mario García Guerra, quién se encuentra con el folio RJM-241116-2508 de la lista, es magistrado presidente del Tribunal Superior de Justicia de Nuevo León, luego de enfrentarse al bloqueo de dos años por parte del Congreso local, que en nueve ocasiones le negó la ratificación como magistrado.
García Guerra fue electo magistrado del Tribunal Superior de Justicia de Nuevo León para el periodo 2008-2018 y, al término de su cargo, aspiraba a ser ratificado para el periodo 2018-2028. Sin embargo, en octubre de 2018, el Congreso local argumentó que no merecía la ratificación debido a una supuesta negligencia en su desempeño, señalando expedientes rezagados como justificación.
En ese momento, las bancadas de Morena y MC aseguraron que la verdadera razón detrás del bloqueo era política. De acuerdo con estas fracciones, los legisladores del PRI y el PAN consideraban a García Guerra un magistrado "incómodo" por no alinearse a intereses partidistas.
Ante la negativa, García Guerra promovió un amparo en 2018, dando inicio a una batalla legal que culminó en agosto de 2020, cuando los diputados locales tuvieron que ratificarlo por orden del Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa. Este tribunal, tras llevar el caso a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), advirtió que los legisladores del estado podrían ser destituidos en caso de desacato.
Entre los perfiles que buscan ser ministros, también destacan nombres de abogados que han trabajado con ministros hoy retirados. Entre ellos se encuentra Carlos Pérez Vázquez, quien fue Coordinador de Asesores de la Presidencia de la SCJN durante el periodo de Juan Silva Meza, y Guillermo Pablo López Andrade, exsecretario del ministro Jorge Mario Pardo Rebolledo.
Familiares y allegados se apuntan
Algunos nombres en la lista de aspirantes se destacan por sus vínculos familiares o cercanía con ministros en retiro o políticos influyentes. Uno de ellos, y quizá de los más visibles, es el de Paula María García Villegas Sánchez Cordero, hija de la ministra en retiro Olga Sánchez Cordero. Villegas Sánchez ha ocupado el cargo de magistrada de circuito en el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa de la Ciudad de México y ahora busca un lugar como ministra de la Corte.
Incluso, de la misma familia, otro caso es el de Jorge Emilio Sánchez Cordero, sobrino de la exministra Sánchez Cordero, quien aunque no compite por un puesto en la Corte, pero aspira a ser magistrado de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.
Entre los aspirantes con relaciones políticas destaca Magda Zulema Mosri Gutiérrez, magistrada de la Segunda Sección de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Administrativa. Ingresó a este tribunal en 2012 mediante concurso de oposición y figura en la lista con el folio RJM-241120-5831. Mosri Gutiérrez es esposa del general Rafael Macedo de la Concha, quien fue procurador durante el gobierno de Vicente Fox.
También sobresalen abogados que trabajaron con ministros en retiro. Entre ellos están Carlos Pérez Vázquez, quien fue coordinador de asesores de la presidencia de la Corte con Juan Silva Meza, y Guillermo Pablo López Andrade, secretario del ministro Jorge Mario Pardo Rebolledo.
LOS MUY ALLEGADOS A MORENA
Entre los nombres que destacan en la lista se encuentran varias figuras vinculadas a Morena y a la Cuarta Transformación, movimiento que fue el principal impulsor de la reforma judicial con la cual ahora es posible que los cargos de ministros, magistrados y jueces sean sometidos a elección popular.
Entre los perfiles resalta Bernardo Bátiz, uno de los candidatos elegibles para el cargo de ministro de la Suprema Corte. Bátiz es considerado una persona cercana y de confianza del expresidente Andrés Manuel López Obrador. Durante el gobierno de López Obrador en el entonces Distrito Federal, Bátiz ocupó el cargo de Procurador General de Justicia de la Ciudad de México entre 2000 y 2006. Posteriormente, en 2009, fue candidato del PRD a la jefatura delegacional en Benito Juárez.
Bátiz en 2019, buscó dirigir la Fiscalía General de la República (FGR) y en 2021 integró la terna enviada por López Obrador al Senado para ocupar un lugar en la Suprema Corte, en sustitución del ministro José Fernando González. Sin embargo, el puesto fue asignado a Loretta Ortiz Ahlf.
Otro de los nombres destacados es el de Jaime Cárdenas Gracia, identificado con el folio RJM-241117-2629. Cárdenas ha tenido una trayectoria larga : fue consejero electoral del Instituto Federal Electoral (1996-2003), consejero de la Judicatura del entonces Distrito Federal (2007-2008), diputado federal durante la LXI Legislatura (2009-2012) y diputado constituyente de la Asamblea Constituyente de la Ciudad de México (2016-2017). Además, fue director del Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado entre junio y septiembre de 2020, cargo al que renunció.
En una entrevista con Milenio, Cárdenas recordó que llegó a la política de la mano de Luis Martínez Fernández del Campo, quien lo presentó a Manuel Camacho Solís. "Camacho me mandó a estudiar las transiciones democráticas a EU; de ahí le preparé un ensayo sobre cómo podía darse el cambio democrático en el país. Ese texto llegó por casualidad a manos de miembros del PRD, quienes me invitaron a participar en el proceso para ser consejero del IFE", relató. Reconoció su lealtad a López Obrador y expresó que uno de sus objetivos futuros es convertirse en ministro.
María Estela Ríos González, registrada con el folio RJM-241124-22782, fue consejera jurídica del Ejecutivo federal durante el gobierno de López Obrador (2021-2024). Anteriormente, ocupó el cargo de consejera jurídica y de servicios legales del Distrito Federal entre 2000 y 2006.
Entre las aspirantes también se encuentra Ana María Ibarra Olguín, licenciada en Derecho por el Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE) y maestra en Derecho, actualmente cursando un doctorado en la Universidad de Virginia, Estados Unidos. Ibarra ha sido secretaria de Estudio y Cuenta en la ponencia del ministro Arturo Zaldívar, donde contribuyó al desarrollo de líneas jurisprudenciales sobre temas como el interés superior del niño, responsabilidad patrimonial del Estado y el derecho al libre desarrollo de la personalidad. Además, dirigió el Centro de Estudios Constitucionales de la Suprema Corte.
Otra figura vinculada a Zaldívar es Fabiana Estrada Tena, quien también presentó su candidatura. Estrada fue magistrada de circuito en el Vigésimo Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa y actualmente es coordinadora de asesores del exministro presidente Arturo Zaldívar.
