La crisis forense por la que a traviesa México quedó exhibida, nuevamente, con dos casos recientes, no relacionados, en los que pasaron años para que los restos de dos jóvenes, uno en Jalisco y una menor de edad en Quintana Roo, fueran entregados a sus familias pese a que estaban en instalaciones del Servicio Forense.
Ciudad de México, 29 de diciembre (SinEmbargo).- Dos recientes casos, no relacionados, de identificación genética exhibieron las negligencias que persisten en el Servicio Forense del país, el cual enfrenta una fuerte crisis. Dos jóvenes, un hombre en Jalisco y una mujer en Quintana Roo, pasaron años en una morgue sin el conocimiento de sus respectivos familiares, quienes incluso formaron colectivos para presionar a las autoridades en sus búsquedas.
Francisca Mariner pasó cuatro años y medio en una morgue de Quintana Roo antes de ser identificada, mientras que Diego Iván Rodríguez Trejo estuvo seis años y tres meses en el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses sin ser identificado. En los dos casos existe evidencia de negligencia por parte de las autoridades de ambos estados, lo que exhibe, nuevamente, la crisis forense por la que atraviesa México.
En junio de 2020, Francisca Mariner fue víctima de feminicidio y sus restos fueron desaparecidos por su agresor, en el estado de Quintana Roo. Desde entonces, su madre, María Dolores Patrón Pat, se dedicó a buscar el cuerpo sin vida de su hija y para ello recurrió a diversas estrategias con el propósito de presionar a las autoridades y que le ayudaran a localizar los restos de su familiar.
Cuatro años y medio después, el 23 de diciembre, María Dolores por fin encontró el cuerpo de su hija Francisca. Todo este tiempo estuvo en el Servicio Médico Forense (Semefo) de Cancún, tal y como confirmó la mujer a través de un video que fue difundido en redes sociales. “Ya encontré a mi hija. No en las condiciones que yo quería, pero ya está en mi casa”, dijo Patrón Pat.
El cuerpo sin vida de la joven, de entonces 17 años de edad, fue localizado sólo un mes después de su feminicidio y llevado a las instalaciones del Semefo, en donde ninguna autoridad implementó los protocolos necesarios para informar a los familiares de Mariner que los restos de esta joven estaban ahí, lo que muestra la negligencia con la que opera el Servicio Forense en México.
Francisca Mariner fue asesinada por su entonces pareja sentimental, identificado como Ángel Conrado, quien pese a que fue sentenciado a 50 años de prisión por acabar con la vida de joven, nunca reveló en dónde dejó los restos de Francisca. Por ello, María Dolores se dedicó a buscar a su hija y, como medida de presión a las autoridades, realizó protestas que incluyeron marchas en la zona hotelera de Cancún y el cierre de carreteras.
Además, creó el colectivo denominado Madres Buscadoras Quintana Roo para ayudar a otras madres y padres de familia a localizar a sus hijos desaparecidos. “Gracias por ser empáticos, por entender la angustia de las madres que salen a buscar a sus hijos, por entender cuando les cerramos las calles, cuando bloqueamos la zona hotelera”, expresó Patrón Pat.
“Cuatro años y medio buscándola por todos lados y mi hija estaba allí. Le doy las gracias a la ciudadanía, a mis amigos, a los que me conocen. [...] Gracias por apoyarnos. Sé que a muchos les provocamos ciertas circunstancias, pero es la única manera en la que podemos presionar a las autoridades para que trabajen”, agregó la mujer.
Por este caso, la Fiscalía General del estado (FGE) de Quintana Roo dio a conocer que inició una carpeta de investigación en contra de los “funcionarios de la pasada administración por la negligencia u omisión en la identificación de los restos de Francisca Mariner”. Así lo anunció la dependencia a través de un comunicado emitido el 23 de diciembre.
La FGE del estado detalló que el cuerpo de la joven fue hallado en Benito Juárez, en Quintana Roo, un mes después de que fuera reportada como desaparecida, por lo que los restos de Francisca fueron trasladados al Semefo de ese municipio, en donde permaneció por más de cuatro años, durante los cuales “los especialistas forenses descartaron pruebas de ADN realizadas desde 2022 a los restos de la víctima”.
Por ello, el pasado mes de noviembre, las autoridades correspondientes practicaron otras pruebas que confirmaron la identidad de Francisca Mariner. “En noviembre del presente año, se llevó a cabo una prueba más completa, con muestras de sangre de la hija de la víctima, la cual dio resultado positivo”, ahondó la dependencia en su comunicado.
“El cuerpo de Francisca Mariner fue encontrado un mes después de su desaparición, el 21 de julio de 2020, en un área verde de la Supermanzana 105, entre avenida Francisco I. Madero con calle Caranbachel, de este municipio; la causa de muerte fue traumatismo craneoencefálico por proyectil de arma de fuego”, detalló la Fiscalía, la cual consignó que el resultado del primer análisis de compatibilidad genética fue negativo.
“El primer análisis de genética forense, practicado por especialistas forenses de la pasada administración, con una muestra de sangre de la madre de la víctima fue realizado el 26 de enero de 2022, confrontándolo con el perfil de los cadáveres sin identificar, con resultado negativo”. Por ello, el cuerpo permaneció casi tres años más sin identificar y derivó en el inicio de una carpeta de investigación”.
Las indagatorias son “contra de funcionarios de la pasada administración, por su probable negligencia u omisión en los trabajos de confronta de perfiles genéticos relacionados con la joven Francisca Mariner, reportada como desaparecida el 22 de junio de 2020, cuyos restos fueron identificados mediante pruebas de ADN, luego de permanecer más de cuatro años en el Servicio Médico Forense”, indicó la FGE.
En entrevista para la agencia de noticias EFE, Patrón señaló que desde hace cuatro años ella sospechaba que el cuerpo de su hija era uno de los seis cuerpos de mujeres que estaban sin identificar en el Semefo de Cancún, pero que pese a su insistencia para que le realizaran las pruebas genéticas, la FGE, entonces a cargo de Óscar Montes de Oca, rechazaban su petición, lo que logró sólo cuando inició con protestas.
Fue hace dos meses cuando la madre de Francisca volvió a insistir, ahora al Fiscal Raciel López Salazar, en que se le realizara una nueva prueba de compatibilidad genética, esta vez con la hija de la víctima, a lo que accedieron las autoridades, por lo que se llevó a cabo un análisis más completo con el que se lograron identificar los restos de la joven, quien después de ser asesinada también fue incinerada.
Investiga #FGEQuintanaRoo a funcionarios de la pasada administración por negligencia u omisión en la identificación de los restos de Francisca Mariner.#CeroImpunidad#JusticiaParaTodos
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— Fiscalía General del Estado de Quintana Roo (@FGEQuintanaRoo) December 24, 2024
Después de permanecer desaparecido por seis años, el cadáver de Diego Iván Rodríguez Trejo, un joven de quien no se supo nada desde el 2018, fue entregado a sus familiares. Todo ese tiempo permaneció en el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses y pese a que fue sometido a pruebas de ADN, las autoridades de la entidad no procedieron con su identificación, así lo denunció el Colectivo Buscando Nuestros Tesoros Lagos de Moreno.
La organización civil detalló que el cuerpo de Diego Iván ingresó al Instituto Forense el 14 de septiembre de 2018, sólo tres días después de su desaparición, y permaneció hasta el pasado 18 de diciembre, lapso en el que la madre del joven acudió en varias ocasiones para conocer los avances sobre el caso sin obtener una respuesta favorable.
El colectivo detalló que por la Fiscalía de Jalisco tuvieron que pasar tres fiscales: Raúl Sánchez, Gerardo Octavio Solís Gómez y Luis Joaquín Méndez; así como dos gobernadores, Aristóteles Sandoval y Enrique Alfaro, para que el cuerpo de Diego fuera devuelto a sus familiares.
La organización destacó que pese a que al Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses obtuvo muestras de ADN, mismas que fueron positivas en compatibilidad, del 99.9 por ciento entre Diego y su mamá, no se le informó a la familia de los resultados, los cuales sí fueron del conocimiento del entonces Fiscal Raúl Sánchez, quien firmó y selló de recibido el dictamen de la prueba genética.
Sin embargo, de estas pruebas no volvió a saber nada la familia de Diego Iván y los restos del joven permanecieron en el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses hasta el pasado 18 de diciembre. "¿Quién responderá por estos seis años, tres meses y cinco días de dolor, angustia e incertidumbre de esta familia?”, cuestionó en forma de reclamo el Colectivo Buscando Nuestros Tesoros Lagos de Moreno.
Datos de la ONU señalan que en México, hasta el 2023, existían 52 mil restos humanos sin identificar en los servicios periciales de todo el país. Además, el “Análisis de las capacidades de los Servicios Forenses y Periciales del país” —documento al que tuvo acceso A dónde van los desaparecidos— indicó que hasta febrero de 2019, en 25 de las 32 entidades sólo se identificó a menos del 30 por ciento de los cuerpos que se encontraban en los Semefos.
