El 14 de diciembre pasado circuló una noticia que pasó medio desapercibida en México, pero llamó la atención de analistas geopolíticos en Europa y Sudamérica: el Presidente de Ecuador, Daniel Noboa, tomó la decisión de conceder a Estados Unidos las islas Galápagos, paraíso turístico del Pacífico y reserva natural conocida en todo el mundo, para instalar allí una base militar, a mil km del continente. 

Ni sus antecesores, entreguistas y neoliberales políticamente, es decir, Lenin Moreno (Presidente en 2017-2021) y Guillermo Lasso (2021-2023), se habían atrevido a tanto, pero el contexto ha cambiado, el país experimenta una grave crisis de seguridad y elecciones presidenciales en 2025, por lo que hacer el guiño a soluciones inmediatistas y “manoduristas” representa una opción atractiva para Noboa. En este contexto, también fueron aprobados por referéndum popular el pasado 21 de abril cambios constitucionales para militarizar la seguridad pública, junto con medidas restrictivas de los derechos humanos, tornándose así permanente el estado de excepción.

El mandatario, hijo del hombre más rico del país, el expresidente y empresario bananero Gerardo Noboa, mira a la Embajada americana y a las élites más conservadoras de aquel país, incluyendo al complejo militar-industrial con los lobbies de las armas y de la guerra, para mantener “el orden” interno y destellos de gobernabilidad. 

La decisión de Noboa suena más estridente y anticlimática si se mira desde México, en donde los esfuerzos de la Presidenta Claudia Sheinbaum para mantener a rayas al bravucón de Donald Trump y sus huestes de ultras, que se instalarán en la Casa Blanca el 20 de enero, están logrando normalizar, dentro de lo posible, las veleidades intervencionistas yanquis e inclinan a favor de México los equilibrios de una relación bilateral que se antoja incierta y peligrosa con el tycoon reborn. 

Igual de espeluznante, vista desde México, aparece la idea de instalar bases estadounidenses en territorio nacional a la luz de la próxima llegada del exboina verde, admirador del Presidente salvadoreño Nayib Bukele y exembajador en aquel país, Ronald “Rambo” Johnson. Al parecer, su posición al frente de la misión diplomática americana podría ser relativamente más conciliadora o de menor perfil mediático para con el Gobierno mexicano, sobre todo si se compara con la de sus antecesores, Ken Salazar y Christopher Landau. 

Sin embargo, por otro lado, su historial profesional y personal en la CIA y en el ejército, en la época de la guerra civil en El Salvador, preanuncia presiones desde el Norte en materia migratoria y de seguridad, con la probable promoción de variantes del “modelo Bukele”, del estado de excepción al estilo Ecuador-Noboa y de operativos encubiertos en territorio nacional, como la misteriosa detención y extracción express de “El Mayo” Zambada.  

En Ecuador, el objetivo de la instalación militar estadounidense en el archipiélago será “operativizar el proyecto con el fin de hacer frente a los retos de seguridad compartidos en la provincial de Galápagos […] combatir el narcotráfico, la pesca ilegal y otras actividades ilícitas marítimas en esta región […] evitar conflictos violentos y otros delitos conexos entre los grupos narcoterroristas que se disputan las rutas para la exportación de estupefacientes”. 

Nuevamente regresa el término de narcoterrorismo, tan querido aquí por Marko Cortés y usado por las derechas del continente para justificar políticas represivas, belicistas y de excepción en sus países. La concesión que Noboa pretende otorgar a Estados Unidos está prohibida por la Constitución del país sudamericano, pues su Artículo 5 define a Ecuador “un territorio de paz en el cual no se permitirá el establecimiento de bases militares extranjeras ni de instalaciones extranjeras con propósitos militares”, además de que “se prohíbe ceder bases militares nacionales a fuerzas armadas o de seguridad extranjeras”. 

Pero con la excusa de supuestas “guerras al narco” o “al terrorismo” o a un coctel de ambas, todo es posible, aun en contra de toda evidencia empírica que demuestra que la presencia de las fuerzas armadas americanas en el territorio no mejora la situación ni resuelve problemas sociales. Está clara, en cambio, su dimensión y utilidad geopolítica internacional y para fines propagandísticos internos.

En 1999, fue el expresidente Jamil Mahuad (1998-2000) quien firmó el acuerdo con el Gobierno de EU para instalar la base militar de Manta, en la zona central del litoral ecuatoriano, pero también es recordado por la decisión de dolarizar la economía, otra importante cesión de soberanía a favor de una supuesta estabilidad financiera y económica. Tanto sus predecesores como sus sucesores inmediatos, el ya mencionado Gerardo Noboa (2000-2003), Lucio Gutiérrez (2003-2005) y Alfredo Palacio (2005-2007) continuaron en la senda de las políticas neoliberales, exacerbando las desigualdades y la pobreza en el país, así como la emigración masiva, prácticamente forzada, de centenares de miles de ciudadanos y ciudadanos a países como Italia, España y Estados Unidos. 

Entre 2007 y 2017 los dos mandatos de Rafael Correa sostuvieron un régimen de cambios acelerados en el marco del “posneoliberalismo” y la primera oleada de gobiernos progresistas latinoamericanos. Su proyecto, denominado “Revolución Ciudadana”, quizás fue, en los hechos, más cercano a una socialdemocracia keynesiana que al Socialismo del Siglo XXI de Hugo Chávez, pero sin duda, aunque no exento de contradicciones, fue transformador y positivo para las clases populares y la constitucionalización de derechos laborales y sociales, así como de modelos de desarrollo alternativos como el Buen Vivir. 

Fue Correa quien, en 2009, ya no renovó la concesión de la base de Manta a las Fuerzas Armadas estadounidenses, pues no había contribuido a luchar en contra del narcotráfico, sino que su función había sido más bien “contrainsurgente”, de hostigamiento o “monitoreo” de gobiernos progresistas en la región, de bloqueo de la migración y de apoyo al Presidente colombiano Álvaro Uribe, y su cruzada de narcoguerra y terrorismo de Estado, enmarcada en el eufemismo de la “Seguridad Democrática”.

Lenin Moreno debía ser el continuador y sucesor del proyecto de Correa y su movimiento, pero en su mandato de 2017 a 2021 se distanció sorpresiva y radicalmente de la Revolución Ciudadana para correrse a sus antípodas, hacia un neoliberalismo conservador y corrupto que profundizó Guillermo Lasso en tan sólo un par de años de Gobierno, entre 2022 y 2023, tras los cuales tuvo que retirarse en medio de denuncias por corrupción. 

Italia, mi país de origen, en cuanto perdedor de la Segunda Guerra Mundial y parte de la esfera imperial estadounidense, formalizada en la “Alianza Atlántica” OTAN, cuenta con el mayor número de bases de la OTAN o americanas en su territorio: tiene 120, además de una veintena que son “secretas” con un total de cerca 13 mil militares estadounidenses operativos, mientras que Alemania tiene 70 y el Reino Unido tiene 30. Buena parte de éstas gozan de un régimen de extraterritorialidad que las excluye de la jurisdicción nacional. Además, en el Mar Mediterráneo circula y patrulla la VI Flota de Estados Unidos. 

Al respecto, hay problemáticas de distintos órdenes que, a partir del caso italiano, interesarían tanto a Ecuador como a México, aunque los dos países por el momento hayan mantenido posiciones diametralmente distintas al respecto, con el Gobierno mexicano que mantiene una negociación franca y directa desde el respeto de su autonomía: 

• El problema legal, constitucional y ético de las acciones de guerra o violatorias del derecho internacional humanitario y los derechos humanos, como ataques y detenciones, cometidas con armas, drones, tropas o equipamientos dirigidos o lanzados desde bases en territorio italiano (o de cualquier otro país con bases extranjeras). Esto va junto con pegado a la secrecía de una parte de las operaciones, de las instalaciones y sus ubicaciones en el territorio. 
• El problema nuclear. Además, en estas bases y depósitos se resguardan ojivas nucleares en un país en donde fue prohibido por referéndum popular su uso y producción, así como la energía nuclear en sí. Es posible que, al almacenar bombas atómicas, sucedan incidentes relacionados con tales armas altamente destructivas, o bien, que puedan ser utilizadas en algún escenario de guerra, sobre todo ahora que se da una escalada en el conflicto entre Rusia y Ucrania, léase, entre la OTAN y EU. Por ejemplo, sin pedir ningún permiso al Gobierno italiano, la OTAN podría solicitar el envío y uso de un arma atómica en otro país miembro de la Alianza, por ejemplo, a Polonia, en caso de que fuera atacada por Rusia o Bielorrusia, y bombardear el territorio ruso.
• El problema de la soberanía limitada. Italia y la mayoría de la OTAN no son países aliados o socios, sino, más bien, satélites imperiales, perdedores de la II Guerra mundial, insertados en la esfera de influencia americana, con reducidos márgenes de maniobra internacional y geopolítica, o sea, en un régimen de soberanía limitada. Italia representaba una de las fronteras más “calientes” de la cortina de hierro en la Guerra Fría, y tenía el Partido Comunista más importante y combativo de Europa occidental, otras dos razones por las cuales se justificaba la presencia estadounidense. 
• El problema de los “incidentes” internos. Por ejemplo, el incidente de la base aérea de Sigonella (en la región de Sicilia) en 1985, que desembocó en una crisis diplomática internacional entre Reagan (Presidente de EU) y Craxi (Primer Ministro de Italia) y en un momento de tensión entre militares de EU, enfrentados a policías y carabineros italianos en territorio italiano; y el del Cermis (región Trentino, fronteriza con Austria) en 1998, en donde un avión militar americano que volaba muy bajó cortó los cables de una funicular matando a veinte civiles. El delito “incidente” quedó prácticamente impune. 

Entonces, no es cualquier cosa que el Gobierno de Ecuador haya dispuesto la entrega de las islas Galápagos para la construcción de una base militar de EU, pese a la prohibición constitucional, y a las alertas de personas expertas en la materia y organizaciones como el ALBA (Alianza Bolivariana para las Américas). Noboa envió a la Asamblea Nacional una reforma a la Constitución para quitar la prohibición de bases de otros países, pero el tema todavía no ha sido tratado o aprobado.

Según el acuerdo con EU, “los buques de guerra, buques de Estado, aeronaves y tripulaciones estadounidenses están exentas de impuestos administrativos y tendrán privilegios e inmunidades equivalentes a lo recibido por el personal administrativo y técnico de las misiones diplomáticas bajo la Convención de Viena”. De hecho, se trata de la misma Convención que Noboa decidió violar el 5 de abril pasado, al ordenar la invasión armada de la Embajada mexicana en Quito. 

Finalmente, entre los factores en juego y posibles explicaciones, más allá del omnipresente “combate a las drogas” o a las “pandillas” o al “narcoterrorismo”, visualizo los siguientes:

• La narrativa tóxica del narcoterrorismo se impone por encima de y en ocultamiento de los intereses reales en juego.
• La presencia de China en Chancay, Perú, en donde acaba de inaugurar el puerto comercial más grande de Sudamérica en el proyecto comercial y geopolítico de las “Nuevas Rutas de la Seda”. En un puerto así potencialmente podrían alojarse buques militares en caso de “necesidad” o crisis. Así, se trata de avanzar en la contención de China en el Pacífico por parte de EU: hay un tema geopolítico y militar, pero también comercial, ante la llegada de Donald Trump a la Presidencia y sus promesas de “guerras arancelarias”, sobre todo antichinas, dentro de la tradicional política de defensa del Pacífico y blindaje de la influencia de China en este Océano.
• La estación china de Neuquén: pieza clave en la guerra de satélites y de las galaxias 2.0. Los programas espaciales chinos dependen de su red global de estaciones orbitales y terrestres y, en 2012, una pieza clave de esto fue la apertura en Argentina de la estación Espacio Lejano, provincia de Neuquén. El peligro para Washington parece estar en la capacidad de su antena de 450 toneladas que funge como una enorme “aspiradora de información”. América Latina y el Caribe son parte del tablero de esta peculiar “guerra de las galaxias 2.0”, además de la disputa por los recursos naturales, y en ese marco se dio la revelación de que desde 2019 China operaba una base de espionaje en Bejucal, Cuba, la que no sería la única en el continente considerado por Estados Unidos como su “patio trasero”. 

Fabrizio Lorusso

https://www.sinembargo.mx/author/fabrizio-lorusso/

Profesor investigador de la Universidad Iberoamericana León sobre temas de violencia, desaparición de personas y memoria en el contexto de la globalización y el neoliberalismo. Maestro y doctor en Estudios Latinoamericanos (UNAM). Colaborador de medios italianos y mexicanos. Integra la Plataforma por la Paz y la Justicia en Guanajuato, proyecto para el fortalecimiento colectivo de las víctimas.

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