Aunque México no aparece en los primeros diez sitios de los países productores de vino en el mundo, su actividad vitivinícola atraviesa por una escalada importante que, para octubre de 2023, fue reconocida por el gobierno de la República como un sector con valor de mercado de 2 mil 468 millones de dólares.

Los productores de vino han crecido en número de hectáreas sembradas y de botellas producidas, a pesar de los pocos incentivos que encuentran en los estados donde cultivan la vid y la federación que les tasa la actividad; frecuentemente se enfrentan a problemas significativos de abastecimiento de agua, de ausencia de incentivos para la cosecha, de altos y variados impuestos, y, en sintonía con el clima generalizado en México, a una creciente inseguridad y violencia.

Como sucede en cada vez más sectores productivos, la desatada violencia e inseguridad son un inhibidor no sólo de la inversión sino de la promoción de productos y servicios. Por ejemplo, Culiacán, Sinaloa, ha registrado pérdidas millonarias desde inicios de septiembre de 2024 cuando se desató una narcoguerra civil dentro del cártel de ese estado, entre las huestes de los Chapitos y las de los Mayitos, embroncados por la delación y entrega del padre de los segundos, por autoría de los primeros.

Negocios, comercios, prestadores de servicios, han debido de pausar sus actividades, o limitarlas en tiempo y forma, debido a las ráfagas de balas, el descubrimiento de cuerpos, los enfrentamientos, los ataques en lugares públicos y a luz de día, que protagonizan todos los días los juniores criminales de las dos alas del cártel de Sinaloa. Aun cuando el gobierno del Estado, titulado por el sospechoso y morenista Rubén Rocha Moya, suele calificar los recuentos de pérdidas y estragos por el clima de inseguridad y violencia en aquella entidad, como exageraciones, tan no es así, que la presidenta de México, envió a residir a aquel estado, aun cuando de manera temporal, a su secretario de seguridad ciudadana.

Esta medida de Claudia Sheinbaum Pardo refleja un reconocimiento oficial de la violencia e inseguridad que están sometiendo la actividad económica lícita y las actividades sociales en Culiacán, Sinaloa. Lo mismo que los grandes decomisos de droga que han realizado, particularmente de fentanilo, confirman que el notorio estupefaciente sí está siendo producido en México aun con precursores importados de Asia.

El apoyo a través de elementos del Ejército o de la Guardia Nacional que han sido enviados desde el centro del País a estados como Michoacán, cuyos agricultores están siendo extorsionados, amenazados o secuestrados, lo que impacta en la cosecha de frutas, verduras y granos, y encarece a su vez el costo de la canasta básica, es también la confirmación de que el campo mexicano está en peligro por la delincuencia organizada y que requiere de apoyo para continuar con su legal y fructífera actividad.

La industria del vino en México hace unos días vio manchado su brillante futuro con el asesinato de uno de los principales promotores de la enología en Guanajuato, Ricardo Vega Cámara, propietario de la casa vinícola Cuna de Tierra. Lo mataron mientras transitaba por una de las carreteras que tanto promovió como seguras para que más aficionados al vino visitaran los viñedos de Guanajuato. Le dieron siete balazos cuando conducía su camioneta entre un punto y otro en el municipio de Apaseo El Grande.

Por supuesto, los primeros en pronunciarse fueron los productores de vino, enólogos, vitivinícolas y asociaciones relacionadas en todo el país, mientras que la autoridad local, en un dejo de insensibilidad y falta de capacidad indagatoria, solo atinó a informar que había dos líneas de investigación sobre el homicidio apenas ocurrido: el intento de un robo con conclusión fatal o un ataque directo. Es decir, o fue un “delito menor” llevado al extremo, o alguien quería, por alguna razón, asesinar al vitivinicultor.

La realidad es que Guanajuato es el estado más inseguro de todo el país. Para darse una idea, de los 200 mil 78 ejecutados que se contaron en México durante la administración de Andrés Manuel López Obrador, de diciembre de 2018 a septiembre de 2024, Guanajuato ocupó la primera posición entre las entidades federativas, con un registro de 23 mil 416 homicidios dolosos en tal periodo.

La mayoría de esos ataques que terminan en fatalidad tienen origen en grupos del crimen organizado y el narcotráfico, y en Guanajuato, al tiempo que las masacres se contaron también por decenas (175 en el mismo periodo en que Zacatecas con 210 multihomicidios ocupó el primer lugar), muchos inocentes cayeron ante las balas de los criminales por no haber aceptado el cobro de piso, la extorsión, el pago de un porcentaje de las ganancias a cambio de “protección”.

Dos de los tres estados con mayor producción de vino, Baja California y Guanajuato (Coahuila es el segundo), figuran entre las primeras tres posiciones de los parámetros de inseguridad y violencia en el país: con más asesinatos y con más masacres. En Baja California, desde cuyo Valle de Guadalupe se produce la mayor cantidad de vino por entidad en la República Mexicana, el cártel de Sinaloa mantiene un control criminal en muchos de los sectores que integran la cadena productiva de la entidad, sin embargo, esto no ha sido suficiente para que tanto autoridades federales como locales, incrementen la seguridad en la zona, o desarrollen estrategias específicas para proteger los intereses del sector vinícola, o del turismo que atrae.

El doloroso asesinato del vitivinícola Ricardo Vega Cámara, en Guanajuato, pone en evidencia, una vez más, lo vulnerados que están los sectores productivos y agricultores del país, y el poco apoyo que reciben para continuar, sin obstáculos burocráticos ni amenazas fatales, el creciente negocio.

Al parecer la inseguridad y las estadísticas violentas de asesinatos y masacres seguirán incrementando antes de que el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum eche a andar su estrategia de combate a la criminalidad organizada, una herencia funesta que sigue creciendo desde los abrazos y no balazos de un sexenio que ya debería ser pasado, pero cuyas consecuencias se siguen sufriendo.

Adela Navarro Bello

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