El 2024 no solamente fue el año de la elección presidencial que derivó en el triunfo de la primera mujer Presidenta de México, y la primera en no haber tenido un pasado en el PRI en ningún momento de su carrera política en más de un siglo, sino también fue el año de la Reforma al Poder Judicial, lanzada por López Obrador y culminada por Sheinbaum y el nuevo Congreso de mayoría morenista.
Ciudad de México, 31 de diciembre (SinEmbargo).– El año que termina es uno lleno de momentos políticos históricos, pero también es sobre todo el de la Reforma Judicial, cuyo camino comenzó en febrero y a lo largo de 2024 sufrió embates, resistencias e impugnaciones que acabaron por fracasar y evidencia a Norma Piña, la actual Ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), y a sus asesores del PRIAN, ante la inédita propuesta, no sólo para México sino en el mundo, de elegir a jueces, juezas, ministros y ministras, por voto popular, algo que ocurrirá por primera vez en la historia reciente del país el 1 de junio de 2025.
Todo comenzó formalmente en febrero. El Presidente Andrés Manuel López Obrador ya había anunciado desde hacía semanas sus intenciones, pero el 5 de febrero, aniversario de la Constitución de 1917, presentó un paquete amplio de propuestas de reformas a la Constitución.
Se trataba del “Plan C”, designado para los últimos meses del la legislatura del Congreso, pero sobre todo, para las cámaras que iban a legislar a partir de septiembre, resultado de las elecciones de junio. El paquete incluía múltiples reformas constitucionales, por ejemplo, para elevar a rango constitucional programas sociales ya en vigor, reformar el sistema de pensiones o garantizar incrementos adecuados anuales del salario mínimo.
Pero destacaba entonces una de las propuestas, la número 17: “Jueces, magistrados y ministros del Poder Judicial serán electos de manera directa por el pueblo”. Así comenzó el largo, sinuoso e inesperado camino de la Reforma Judicial.
"Se le ha criticado, sobre todo en el extranjero, pero el juego ya está abierto en el Poder Judicial y eso de elegir a los miembros no se da en otros sistema, en ese sentido está innovando", explica en entrevista el historiador Lorenzo Meyer. "La oposición critica eso, dicen: ‘Es el control de Morena del sistema judicial’. En ese sentido se está innovando a escala mundial, y esa innovación conlleva una responsabilidad: no se puede fallar en la construcción de un nuevo Poder Judicial mexicano", completa.
"Porque se apostó muy alto, tan alto como eso de que en el mundo no hay otro similar. Así como la Constitución de 1917, es una innovación, todavía no llegaban los bolcheviques al poder y ya estaba esa Constitución con esos elementos de transformación social. Aquí tenemos otra: un Poder Judicial que no estaba pensado para entrar en temas por la vía electoral. Está muy complejo cómo se va a hacer, yo creo que incluso para el ciudadano, tantos nombres y boletas… Pero ya nos iremos acostumbrando. Pero se rompió, el punto es que se rompió el último bastión del régimen con el cambio en el Poder Judicial, y esto lo está manejando Claudia muy bien. Es, hasta ahorita, una cosa que lleva bien", explica el doctor en Historia.
Pero, a principios de año, precisamente porque el Congreso se encontraba con mayoría oficialista pero sin la mayoría calificada necesaria para las reformas constitucionales, Claudia Sheinbaum, la candidata de Morena a la presidencia, retomó el “Plan C” y centró su campaña en esas y otras reformas propias.
El "Plan C", a las urnas
El 2 de junio, los mexicanos le dieron una victoria aplastante, pero también a Morena y sus aliados, el Partido del Trabajo (PT) y el Partido Verde (PVEM), lograron una abrumadora victoria, que les permitió alcanzar la mayoría calificada en la Cámara de Diputados y, con negociaciones y cambios de partidos, también en el Senado.
Ya el 1 de septiembre, las nuevas cámaras del Congreso, con las mayorías calificadas de Morena, asumieron el control de la nueva Legislatura. En San Lázaro, la aprobación de la Reforma Judicial se dio sin problemas. Pero en el Senado, a pesar de que Morena contaba con una ventaja grande, necesitaba aún un voto más de la oposición para avanzar la elección popular de jueces, magistrados y ministros.
Esto ocurrió la noche del 10 de septiembre: el Senado de la República avaló sin cambios la minuta de reforma al Poder Judicial, luego de una sesión maratónica que estuvo marcada por la irrupción violenta de trabajadores del Poder Judicial de la Federación (PJF) en el pleno de la Cámara Alta, una situación que llevó a terminar la reunión en la Casona de Xicoténcatl.
La Reforma Judicial fue aprobada la noche de aquel martes por una votación que concluyó con un resultado de 86 votos a favor, 41 en contra y cero abstenciones, misma que se dio tras una discusión que se prolongó hasta las 23:19 horas y en la que todos los grupos parlamentarios plantearon sus puntos en contra o a favor del dictamen, además de presentar posibles reservas o modificaciones al proyecto.
La Reforma Judicial avanza en el Congreso
Ya durante la votación, cada Senador y Senadora fue nombrado o nombrada para emitir su respectivo sufragio. El voto clave fue el del Senador Miguel Ángel Yunes Márquez, quien fue elegido por el PRIAN en Veracruz pero que cambió su voto a favor aquel día. Primero, el exgobernador Miguel Ángel Yunes Linares, que asumió por unas horas el escaño al ser su suplente, denunció que su hijo ha sido objeto de presiones por parte del dirigente del Partido Acción Nacional (PAN), Marko Cortés, por la intención de su voto, que al final de la votación fue a favor de la reforma, como él mismo manifestó.
Después de la aprobación en el Congreso, los congresos locales tardaron algunas horas en pasar la Reforma Judicial y la enviaron al escritorio de López Obrador, todavía Presidente, pra que la firmara y se publicara en un día simbólico: el 15 de septiembre, día en que se celebra el Grito de Independencia de México.
El decreto fue firmado en Palacio Nacional con una testigo de lujo: la entonces Presidenta Electa Claudia Sheinbaum. . “Es un honor estar con Claudia hoy”, añadió el entonces mandatario.
El camino de la impugnación
Pero la Elección Judicial estaba aún lejos de quedar firme. El 3 de octubre, un par de días después de que la Presidenta Claudia Sheinbaum asumiera el poder, la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó que sí podía analizar la constitucionalidad de esta reforma, luego de admitir la procedencia de una consulta a trámite elaborada por jueces y magistrados federales.
No obstante, la Ministra Lenia Batres aseguró que al aceptar la resolución de la consulta, la Corte estaría dando un golpe de Estado. Con 8 votos a favor y tres en contra, la Corte admitió una consulta a trámite que impugna la Reforma Judicial impulsada por el expresidente Andrés Manuel López obrador, por lo que ahora será turnada para su estudio a otro Ministro para determinar si el Alto Tribunal tiene facultades para revisarla y frenarla.
Los ministros que votaron a favor fueron Juan Luis González Alcántara, Norma Piña Hernández, Margarita Rios Farjat, Luis María Aguilar Morales, Jorge Mario Pardo Rebolledo, Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, Alberto Pérez Dayán, Javier Laynez Potisek, mientras que Lenia Batres, Loretta Ortiz Ahlf y Yasmín Esquivel votaron en contra.
El 23 de octubre, antes de esta discusión, el Congreso ya había declarado improcedente solicitar a la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo que acate la orden de una Jueza para eliminar la Reforma Judicial del Diario Oficial de la Federación.
Las resoluciones del Legislativo ocurrieron tras discutir la consulta que solicitó al respecto la Consejería Jurídica. En el Senado, con 80 votos a favor y 35 en contra, el pleno suscribió un acuerdo para declarar improcedente eliminar la publicación en el DOF respecto a los cambios constitucionales. Lo propio hizo la Cámara de Diputados esa misma jornada.
El proyecto fue realizado irónicamente por uno de los ministros propuestos por el entonces Presidente López Obrador. El 5 de noviembre, el Pleno de la Suprema Corte rechazó el proyecto del Ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá sobre la constitucionalidad de la Reforma Judicial, que proponía modificar gran parte de la legislación aprobada por el Congreso, en línea con los intereses de la derecha mexicana, incluidos los partidos que la representan: PRI, PAN y MC.
Con ello, la Reforma Judicial aprobada por el Poder Legislativo y publicada en el Diario Oficial de la Federación (DOF) tiene la vía libre para su aplicación. Es decir, la elección de jueces, magistrados y ministros se llevará a cabo tal y como se establece en la Constitución.
El 1 de junio de 2025, elegiremos a los nuevos ministros y ministras de la Corte; a los magistrados faltantes del Tribunal Electoral y a la mitad de las personas juzgadoras del Poder Judicial Federal. En 2027, se elegirá a la otra mitad.
El último intento (fallido) de la SCJN
Después de una jornada de cinco horas, la sesión histórica en la Corte se definió con el voto del Ministro Alberto Pérez Dayán, quien se afirmó que las acciones promovidas por el proyecto del Ministro González Alcántara Carrancá eran improcedentes, y con ello rompió el bloque de los ocho ministros opositores y necesarios para que ese proyecto pasara, el cambio constitucional ha ratificado su validez.
Luego de la clara postura del Ministro Pérez Dayán, y en un acto desesperado, la Ministra presidenta de la Corte Norma Piña, sugirió un cambio a la votación con el fin de darle el visto bueno al proyecto de Alcántara e, inesperadamente, expuso que era posible avalarla sólo con seis votos en vez de los ocho que se necesitaban para la mayoría calificada, su esfuerzo fue infructuoso.
Tras un receso de más de 45 minutos para revisar si la propuesta de Piña Hernández era legalmente viable, los ministros volvieron al Pleno sólo para corroborar la improcedencia de dicha propuesta y, en sólo unos minutos, dar por terminada la sesión.
Los cuatro ministros que se pronunciaron en contra del proyecto fueron Lenia Batres, Yasmín Esquivel, Loretta Ortiz, y el propio Alberto Pérez Dayán; en tanto, los que votaron a favor fueron Luis María Aguilar, Jorge Pardo, Margarita Ríos-Farjat, Javier Láynez, Alfredo Gutiérrez, Juan Luis González Alcántara, el Ministro ponente, y la propia Ministra Piña.
Después de la discusión, el 18 de noviembre pasado, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) aprobó el proyecto para reactivar la elección judicial, debido a que el proceso electoral no puede ser interrumpido por ninguna autoridad.
En sesión pública, la autoridad determinó que las 280 suspensiones y sanciones del Instituto Nacional Electoral (INE) no serían válidas, al tratarse de un mandato expreso en la Constitución, decisión con la que ordenaron al Consejo General del órgano autónomo y al Senado de la República regresar de inmediato a sus actividades.
Asimismo, el pleno de la Sala Superior determinó que al avalar esta sentencia no está abusando de sus facultades ni “extralimitando su competencia”; sin embargo, no puede revocar los amparos de juzgados federales, los cuales “no tienen efecto” en materia electoral.
El año 2024 fue el de la Reforma Judicial. El 2025 será, pues, el de la Elección Judicial.
