Por: Charlie Punzo Villafuerte*

“El camino al infierno está pavimentado de buenas intenciones”, decía mi abuelita, cuando queriéndole ayudar a barrer, acababa regando las hojas y el polvo por todo el patio.

Bajo la misma lógica, si bien la exposición de motivos del Paquete Económico 2025 recientemente aprobado por la Cámara de Diputados, apuntó a que este fue construido bajo la premisa de sanear nuestras finanzas públicas al disminuir el déficit fiscal, esto se llevaría a cabo a través de reducciones al gasto público, particularmente en rubros muy importantes como salud y medio ambiente, con un recorte del 12.2% y el 39.4% en términos reales respecto del Presupuesto de Egresos de la Federación 2024 (PEF 2024)[1].

Esta decisión, no deja de ser una decisión que afectará directamente la provisión de bienes y servicios públicos, y con ello, vulnerando la esfera de derechos de millones de personas, entre ellos, el derecho a un medio ambiente sano; un derecho de naturaleza universal, cuya tutela corresponde a los Estados, pero que en México y otros países de América Latina, se ha vuelto moneda de intercambio, en un sistema que perpetua el modelo de desarrollo extractivista y contaminante que durante años ha deteriorado la riqueza natural de nuestras naciones.

Y es que mientras la evidencia apunta al incremento de una crisis hídrica sin precedentes en nuestro país, Víctor Rodríguez Padilla, actual director general de Pemex, ha señalado que, si bien dicha Empresa Pública del Estado no tiene planes inmediatos para desarrollar proyectos que empleen la fractura hidráulica o fracking para la extracción de gas, sí se ha planteado la posibilidad de reevaluar el desarrollo de campos no convencionales[2]. Los dichos se refuerzan en tanto que para este último Paquete Económico 2025, se proyectaron un total de $12, 364 millones de pesos para cuatro proyectos aún activos que realizan esta técnica para la extracción de gas natural, según el más reciente estudio realizado por Engenera y Fundar para la Alianza Mexicana Contra Fracking[3].

En el mismo, se advierte que solo fue posible hacer una estimación moderada del análisis presupuestario para fracking, debido a la poca transparencia que presenta la Cuenta Pública en cuanto a la forma en la que se ejerce el monto asignado para cada proyecto, y la dificultad para identificar cuáles llevan a cabo exploración y explotación en yacimientos no convencionales, ya que en la descripción de la misma no se esclarece, sino que ha sido necesario indagar proyecto por proyecto, en su dictamen técnico emitido por la Comisión Nacional de Hidrocarburos.

Lo preocupante de esta falta de transparencia, es que no es posible tener claridad sobre la forma en que se ejercen estos recursos, particularmente tratándose de una actividad que perjudica y amenaza la seguridad hídrica de nuestro país. Un estudio elaborado por CartoCrítica en colaboración con Conahcyt, revela que la extracción del 10% de los recursos prospectivos no convencionales requeriría más de 14,000 nuevos pozos, consumiendo hasta 470 mil millones de litros de agua. Para dimensionar, ello equivale a 47 millones de pipas de agua, suficientes para dar más de ocho vueltas al mundo formadas en fila[4]. Además, apunta que cuatro de las cinco regiones con potencial para fracking ya enfrentan niveles críticos de disponibilidad de agua[5].

Por ello, mientras que algunas entidades sostienen que el gas natural es “aliado de la transición energética y promotor del desarrollo y la prosperidad”[6], no podemos dejar de apuntar que el uso de fracking para su extracción, “no solo agudizaría la escasez hídrica, sino que también exacerbaría otros impactos: contaminación de acuíferos y suelos, liberación de metano y sismos inducidos.”[7] Ante estos datos, es importante subrayar que para el PPEF 2025, la Comisión Nacional del Agua tuvo un recorte del 43.2%, donde lo destinado para el rubro de reducción de la contaminación ha quedado prácticamente en ceros[8].

De igual manera, resulta sumamente incongruente que, ante el evidente contexto de crisis climática, en términos de los programas presupuestarios del Anexo 16, de nueva cuenta fueron incluidos proyectos y programas que no tienen una relación directa con el combate al cambio climático, como el proyecto Tren Maya, el transporte de gas fósil y el programa Sembrando Vida. Tan solo estos tres programas (que no guardan una relación directa con el combate a las causas y efectos del cambio climático) representan 55% del monto total de este anexo[9].

Este tipo de decisiones de reducción presupuestaria, además del lobby constante de las empresas extractivas por mantener un marco jurídico laxo, tienen impactos directos e indirectos como:

1. Deterioro de Ecosistemas Críticos: La falta de recursos compromete la capacidad de conservar y restaurar ecosistemas esenciales para mitigar los efectos del cambio climático, como bosques, manglares y arrecifes de coral.
2. Afectaciones a Comunidades Vulnerables: Las comunidades indígenas y rurales, que dependen directamente de los recursos naturales, son las más afectadas por los recortes.
3. Incumplimiento de los compromisos internacionales: México corre el riesgo de incumplir metas como las establecidas en el Acuerdo de París, afectando su posición como líder regional en asuntos ambientales.
4. Aumento de los Costos Futuros: Los recortes actuales podrían traducirse en costos mucho mayores en el futuro, debido a la necesidad de responder a desastres naturales más frecuentes y severos.

Es por lo anterior, que resulta urgente hacer un llamado al gobierno y legisladores, a la construcción de un presupuesto con perspectiva y visión social y ambiental, de reformas fiscales más profundas que graven las ganancias de los más ricos (particularmente las industrias extractivas), y a retomar el dictamen para la prohibición constitucional del fracking y sea turnada lo antes posible a Pleno para su discusión y votación. Es importante insistir que no basta con las buenas intenciones, sino en los impactos irreversibles a la salud y la vida, de continuar postergando estas decisiones.

* Charlie es investigador en el programa de Territorio, Derechos y Desarrollo de @FundarMexico.

[1] Benumea, I. Castaño, P. (et al.). (2024). Nuevas propuestas, menos presupuestos. Análisis del Paquete Económico 2025. Colección PPEF 2025, Fundar, Centro de Análisis e Investigación, pp. Ciudad de México https://fundar.org.mx/wp-content/uploads/2024/11/Nuevas-propuestas-menos-presupuesto.-Analisis-del-Paquete-Economico-2025.pdf

[2] El Sol de Tampico (2024). Pemex reevalúa si estrategia ante la Nota disponible en:

ttps://www.elsoldetampico.com.mx/finanzas/fracking en Tamaulipas Pemex reevalúa su estrategia

ante la controversia 12863630.html

[3] Olivera B., Punzo C. (2024) Recursos para Fracking 2025. Alianza Mexicana Contra Fracking.

[4] Flores Hernández, J.R., y Llano Vázquez Prada, M. (2024). Estimación del consumo requerido de agua para la explotación de recursos petroleros no convencionales mediante fracturación hidráulica en México. México: CartoCrítica a.c.; Plataforma Nacional Energía Ambiente y Sociedad (Planeas); Pronace ecc-Conahcyt. https://conahcyt.mx/wp-content/uploads/pronaces/micrositios/energia_y_cambio_climatico/energia/cuadernos_tematicos/Cuaderno_VIII.pdf

[5] Idem

[6] https://imco.org.mx/gas-natural-aliado-de-la-transicion-energetica-y-promotor-de-desarrollo-y-prosperidad/

[7] https://cartocritica.org.mx/2024/nuevo-informe-estimacion-del-consumo-requerido-de-agua-para-la-explotacion-de-recursos-petroleros-no-convencionales-mediante-fracturacion-hidraulica-en-mexico/

[8] Benumea, I. Castaño, P. (et al.). (2024). Nuevas propuestas, menos presupuestos. Análisis del Paquete Económico 2025. Colección ppef 2025, Fundar, Centro de Analisis e Investigación, pp. Ciudad de México, p.89

[9] Benumea, I. Castaño, P. (et al.). (2024). Nuevas propuestas, menos presupuestos. Análisis del Paquete Económico 2025. Colección ppef 2025, Fundar, Centro de Analisis e Investigación, pp. Ciudad de México, p.85

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