Los deportados y migrantes mexicanos que llegan a la frontera en Baja California, por mencionar una de las ciudades más saturadas en la línea limítrofe del norte de México, no tienen un apoyo especial del gobierno de la República, más allá de la orientación en las instalaciones del Instituto Nacional de Migración donde son recibidos cuando han sido expulsados de los Estados Unidos.

Y depende mucho del compromiso de quien encabece el INM la atención que se prodiga a los connacionales que han sido expulsados de la Unión Americana. Hay desde quienes intentaron crear un centro integral de atención al mexicano deportado, reuniendo a todas las dependencias que son de utilidad en tan difícil condición, para ofrecerles ahí mismo, a unos metros de las garitas internacionales, servicios como tramitación de identificaciones oficiales, impresión de actas de nacimiento, afiliación a la seguridad social, pero no lo lograron, hasta aquellos que se dedican más a “cazar” migrantes extranjeros con fines extraoficiales, hace algunos meses, de hecho, dos agentes fueron detenidos en lo que se develó como una red de extorsión a extranjeros.

Los deportados son entregados por la autoridad norteamericana a la mexicana en los territorios de procesos migratorios y aduanales; cuando se trata de deportados que han permanecido en prisiones compurgando una pena, y tienen pendientes con la autoridad mexicana, son entregados a oficiales nacionales, como ocurrió por ejemplo en 2016 con Héctor Palma Salazar, el Güero Palma, integrante del cártel de Sinaloa quien después de cumplir con su sentencia en la Unión Americana, fue trasladado a la frontera y entregado por agentes del Servicio de Inmigración y Aduanas, a agentes del Instituto Nacional de Migración, y luego trasladado a un penal de máxima seguridad.

Los deportados menores, aquellos que fueron sorprendidos por la autoridad migratoria de los Estados Unidos y no pudieron acreditar su legal estancia en aquel país, también son entregados a los agentes del INM, pero estos no son retenidos, sino liberados de forma inmediata (después de un trámite sobre su internación al país), luego de que, en algunas ocasiones, les proveen de una comida, les ayudan a realizar algún trámite legal o los benefician con el pasaje, sea terrestre o aéreo, a su lugar de origen en México.

Muchos de estos deportados lo pierden todo al ser expulsados del País. Llevaban más de 10, 15, 20 años haciendo una vida en los Estados Unidos, y poco los liga a México, por eso en ocasiones la autoridad migratoria les facilita la obtención de nuevos documentos de identidad, desde una acta de nacimiento hasta un identificador oficial de alguna dependencia federal, estatal o municipal, que les permita identificarse plenamente y no ser abusados en sus derechos humanos, además de tener un documento que les facilite encontrar trabajo o tomar un transporte para internarse en el País.

Las deportaciones no paran en la frontera mexicana. Suceden todos los días, muchos menores son deportados sin la compañía de un adulto, por lo que son enviados a programas del DIF (Desarrollo Integral para la Familia) donde son atendidos y resguardados en tanto que sus familiares en territorio nacional acuden en su búsqueda.

Muchos de los deportados que no tienen hogar en México, o medios económicos para trasladarse a su ciudad de origen, se quedan a vivir en la frontera, en busca de la oportunidad ya sea para internarse de nueva cuenta en la Unión Americana, o establecerse en la ciudad o en algún otro estado. Para ellos no hay gobierno que los apoye, lo que sí abundan, son albergues de migrantes establecidos por la sociedad civil, que funcionan de la caridad, el altruismo, el fondeo de recursos o la cooperación de la ciudadanía, para proveer un lugar seguro para dormir, comida caliente y servicios domésticos básicos, en lo que las personas deportadas establecen su vida económicamente activa.

Antes de la llegada de Morena a los gobiernos, -primero a la presidencia, después a los estados y municipios-, los albergues para migrantes solían recibir recursos del Estado para la atención de los connacionales, y posteriormente de extranjeros cuando llegaron las caravanas migrantes de Centroamérica, pero eso ya no sucede y cuando así ocurre, es a cuenta gotas. A muchos de estos albergues no se les concede ni la energía eléctrica, ni el agua, ni la recolección de basura como forma de retribuirles desde la autoridad por el trabajo que hacen en favor de mexicanos.

Cuando los albergues no son suficientes, y eso que existen algunos que dan techo y comida a más de mil 500 personas al mismo tiempo, los migrantes levantan campamentos en distintas zonas de la ciudad para resguardarse, organizarse y vivir. Cuando las caravanas de extranjeros llegaron hasta Baja California en busca de internarse por la vía del asilo o el refugio en territorio norteamericano, había campamentos de haitianos, de hondureños, de guatemaltecos, etcétera. En algunos casos el gobierno del Estado, o el municipal, aportaron predios o instalaciones para albergarlos, pero aquello no tuvo destino oficial y la ayuda fue única.

Información pública de análisis de Universidades en los Estados Unidos, y del Instituto de Políticas Migratorias (MPI por sus siglas en inglés), para 2024, destaca que más de 11 millones de extranjeros residían en los Estados Unidos sin tener la documentación legal para hacerlo; de esa cifra, destacaron, casi la mitad, unos 5.1 millones de ciudadanos tenían la nacionalidad mexicana.

Donald Trump, el presidente electo de los Estados Unidos que tomará posesión del cargo en enero próximo, tuvo como bandera de su campaña, una vez más, pues ya lo había hecho en 2016 cuando por primera vez llegó a la Casa Blanca, la migración sin documentos. En esta ocasión, acusó además el tráfico de drogas como el fentanilo y criminalizó en general a los inmigrantes, pero de manera particular a los mexicanos.

Prometió a sus electores y conciudadanos, deportaciones masivas, ofreciendo una mejoría en las condiciones de seguridad para los norteamericanos producto de esas expulsiones. Aun al tanto del alto costo que ello significa, pues calculan en Inmigración y Aduanas que deportar a una sola persona a su lugar de origen desde los Estados Unidos ronda una inversión de 2 mil dólares, Trump podría recurrir a una estrategia que ya en el pasado le funcionó, y deportar migrantes por las fronteras terrestres de este pais sean o no de nacionalidad mexicana.

Ha dicho el futuro mandatario de la Unión Americana, que tan pronto como el día uno de su gobierno, iniciarán las deportaciones masivas, para lo cual ha formado aliados públicos que ya se aprestan a habilitar centros de detención de migrantes en estados fronterizos, como Texas, que ha sido muy complaciente con la idea y ofrecido tierras e infraestructura para centros de detención y deportación.

Si eso sucede, y efectivamente se concretan las deportaciones masivas, sea únicamente de mexicanos por las fronteras norte del país, la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo, ha dicho que su gobierno ya se está preparando para “darle la bienvenida a México a todas las y los mexicanos que por alguna razón sean deportados desde Estados Unidos”; al tiempo, Juan Ramón de la Fuente, el ministro de Relaciones Exteriores, ha informado de reuniones integrales de gabinete federal para establecer un plan de acción conjunto en caso de la deportación masiva. Pero en las fronteras norte, por lo menos en Baja California, nada de eso se aprecia, se ve o se concreta. Ahí, son las organizaciones ciudadanas, altruistas, de caridad y religiosas, las que mantienen vigentes sus albergues migrantes para la atención inmediata y exitosa de connacionales deportados todos los días, o que arriban a los linderos internacionales con el fin de huir del país.

Al momento, la narrativa presidencial no es una realidad. México no está preparado para las deportaciones masivas, ni sus fronteras, ni sus estados, ni sus ciudades, ni los gobiernos. Los únicos que han sacado la casta son los ciudadanos que terminan pagando los equívocos del centro y el abandono institucional de los migrantes mexicanos.

Adela Navarro Bello

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