El caso de Melani ejemplifica la resistencia de las autoridades a clasificar adecuadamente las muertes violentas de mujeres como feminicidios. A pesar de que las circunstancias de su muerte eran evidentemente violentas, las autoridades no aplicaron el protocolo de feminicidio de oficio; sin embargo, gracias a que la familia exigió una investigación, se esclareció su feminicidio y hoy su agresor, un militar con grado de teniente, ha sido declarado culpable y sentenciado a 36 años de prisión.
Ciudad de México, 8 de diciembre (SinEmbargo).– Melani Ibarra López, de 25 años, fue asesinada por su esposo, José Luis Martínez Rodríguez, un piloto aviador de la Fuerza Aérea, quien la madrugada del 28 de noviembre de 2017 le arrebató la vida en su casa ubicada en Acapulco, Guerrero. Una vez que consumó el feminicidio, la llevó a las escaleras para simular una caída accidental. Posteriormente, llamó a las autoridades y afirmó que Melani se había caído. Sin embargo, gracias a que los padres de la joven no creyeron la versión y exigieron para que se investigara el caso, es que hoy se sabe del feminicidio y el agresor ya ha sido declarado culpable y sentenciado a 36 años de prisión.
El caso de Melani ejemplifica la resistencia de las autoridades a clasificar adecuadamente las muertes violentas de mujeres como feminicidios, optando por categorizarlas como homicidios dolosos o accidentales. En el caso de la joven sonorense que vivía con su esposo en Guerrero, a pesar de que las circunstancias de su muerte eran evidentemente violentas, las autoridades no aplicaron el protocolo de feminicidio de oficio.
“Si en este caso los papás de Melani lo hubieran dejado (sin investigar), desafortunadamente sería un caso más en Guerrero que quedaría en la impunidad”, señaló en entrevista con SinEmbargo Neil Arias, defensora de derechos humanos y abogada de la familia de Melani.
El feminicidio de Melani trató de ser ocultado por su agresor, su esposo, con quien llevaba apenas un año de matrimonio. En ese momento, las autoridades aceptaron la versión de Martínez Rodríguez. Aunque el cuerpo presentaba signos de rigidez compatibles con varias horas de haber fallecido, lo cual era contradictorio con la versión del, esposo, no se abrió una investigación por el delito de feminicidio de manera inmediata.
José Luis también evitó inicialmente la entrada de los peritos y manipuló la escena del crimen para borrar evidencias visibles, como las huellas de sangre en la habitación. Sin embargo, los padres de Melani rechazaron la versión oficial debido a los antecedentes de violencia en la relación y exigieron una investigación exhaustiva. Fueron necesarias tres necropsias y diversos peritajes para confirmar que Melani había sido asesinada. Lamentablemente, muchas pruebas habían sido contaminadas por la falta de resguardo adecuado de la escena.
Tras siete años de lucha y más de siete meses de juicio oral, José Luis Martínez Rodríguez fue declarado culpable del feminicidio de Melani esta semana y este viernes fue sentenciado a 36 años de prisión y un pago de reparación de daño de 405 mil pesos.
A nivel nacional, de acuerdo con cifras oficiales, de las 2 mil 901 mujeres que fueron privadas de la vida de manera violenta, solo el 22.78 por ciento (667 casos) son reconocidos e investigados como feminicidios, mientras que los otros 2 mil 234 corresponden a homicidios dolosos, de acuerdo con datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.
Si desglosamos en análisis de cifras, tenemos que los homicidios dolosos contra mujeres, de enero a octubre de 2024, muestran un aumento del 2.57 por ciento en comparación con los 2 mil 178 casos registrados en el mismo periodo de 2023, y los casos reconocidos como, en 10 meses se reportan al menos 667 mujeres víctimas de feminicidio en el mismo lapso, apenas tres menos que los registrados en 2023.
La violencia previa
Melani tenía 25 años de edad y un bebé de tan sólo cuatro meses. La joven, que era la primera de cuatro hijos que tuvieron los señores Martín Iván Ibarra Talamantes y Jovita Celina López López, era originaria de Hermosillo, Sonora, donde vivió hasta que conoció a José Luis.
La familia y amigos la describieron como una persona alegre desde que era niña, quien siempre cuidaba a sus hermanos menores y quería ser ingeniera en minas. Sin embargo, en 2015, cuando estudiaba el primer año de la carrera, conoció a José Luis Martínez Rodríguez, un piloto aviador de la Fuerza Aérea con grado de teniente, de quien se enamoró y decidió casarse con él al siguiente año.
La joven se mudó con su esposo a Acapulco debido a su trabajo, informó la organización de derechos humanos Tlachinollan, que dio acompañamiento a la familia. En esa ciudad rentaban un departamento en la unidad habitacional Canta Luna, en la colonia El Pedregoso. Ella se dedicó al cuidado de la casa y a procurar a su esposo, y pronto tuvo un niño.
Desde el inicio, la joven comenzó a ser víctima de la violencia que su esposo ejercía, la cual fue escalando.
“A menudo la humillaba diciéndole que era ignorante porque no había estudiado, la insultaba y culpaba de haberle arruinado la vida. De los insultos y humillaciones pasó a las agresiones físicas. Varias veces la golpeó estando embarazada, al grado de que tuvo que recibir atención médica en el hospital de la base aérea de Acapulco”, detalla la organización Tlachinollan.
Cuando los padres se enteraron de que su esposo la humillaba, le pidieron dejarlo, pero ella decía que la situación era pasajera y que su esposo estaba estresado por el trabajo.
El feminicidio
La abogada Neil Arias explicó que, de acuerdo con los testimonios presentados durante el juicio oral, el esposo de Melani llegó el 27 de noviembre, ya que, como era piloto aviador, viajaba constantemente. Ese mismo día, el cuidador de los condominios notó que la pareja salió, presumiblemente a comprar cena al supermercado, acompañados del bebé de apenas cuatro meses. Más tarde regresaron a su departamento.
Arias relató que, en la madrugada del 28 de noviembre, el esposo de Melani llamó a los padres de la joven —quienes viven en Hermosillo, Sonora— para informarles que ella había muerto tras caer accidentalmente mientras bajaba a buscar el biberón del bebé. Sin embargo, los padres de Melani cuestionaron su versión, ya que ella amamantaba a su hijo.
El esposo también argumentó que lo despertó el llanto del bebé y el sonido de su despertador, lo que aumentó las dudas de los familiares. Alarmados, los padres decidieron viajar inmediatamente a Guerrero.
Tras la presunta caída, el agresor llamó a la Cruz Roja, y posteriormente llegaron la policía y el Ejército. No obstante, el hombre impidió el ingreso de las autoridades, permitiendo únicamente la entrada de los paramédicos, quienes notaron que el cuerpo de Melani estaba rígido, sugiriendo que había pasado un tiempo considerable desde su fallecimiento, lo que aumentó la duda de los padres.
El esposo contactó a una funeraria que tiene convenio con el Ejército para que se llevaran el cuerpo de la joven. Los padres de Melani llegaron a Guerrero al día siguiente y solicitaron una investigación, pues no creyeron en la versión de una muerte accidental.
Ante la solicitud, las autoridades recuperaron el cuerpo de Melani, que ya había sido embalsamado.
“Ya le habían puesto en exceso formol, de manera muy abundante”, narró la abogada.
La primera necropsia indicó que la causa de muerte fue un traumatismo craneoencefálico. Sin embargo, los padres, insatisfechos con los resultados, exigieron una investigación más exhaustiva.
Los peritajes: la clave
La reconstrucción de los hechos fue clave para esclarecer el crimen. Y es que la carpeta de investigación inicialmente se abrió como homicidio y no se aplicó el protocolo con perspectiva de género, lo que atrasó los avances del caso. José Luis evitó el ingreso inmediato de los peritos al domicilio, retrasando la recolección de pruebas forenses clave.
No fue hasta que los padres de Melani y sus abogados asesores solicitaron la intervención de la Fiscalía de Feminicidios en Chilpancingo que la indagatoria tomó un rumbo distinto, gracias a los peritajes. A pesar de los intentos del agresor por eliminar indicios, el trabajo de un equipo multidisciplinario de especialistas, incluyendo antropólogas forenses y personal médico del Observatorio Nacional del Feminicidio, fue determinante para esclarecer los hechos.
“Él borró todos los indicios que lo incriminaban, pero después de que se hicieron varios peritajes, entre ellos el de mecánica de hechos, se determinó cómo ocurrieron los hechos”.
Pruebas de luminol revelaron rastros de sangre tanto en la habitación como en las escaleras, contradiciendo la versión inicial del agresor.
“Se hizo la prueba de luminol, y la química forense determinó que había sangre en la recámara principal y en las escaleras”, detalló la abogada.
Una tercera necropsia, realizada en junio de 2021, confirmó que la causa de muerte fue asfixia tras la fractura del hueso hioides.
Con la evidencia recopilada y al establecer la mecánica de hechos, se determinó que Melani se encontraba con su esposo en la recámara principal del segundo piso del departamento. Él empezó a maltratarla, la discusión subió de tono y comenzó a golpearla. En un momento, la tomó del cabello y la azotó contra la puerta; después la tiró al piso y la ahorcó con ambas manos, provocándole la ruptura del hueso hioides y asfixia, privándola de la vida. José Luis llevó el cuerpo a las escaleras que dan al primer piso, dejándolo en los escalones para simular una caída accidental. Horas más tarde, pidió ayuda.
La detención de José Luis se realizó el 13 de enero de 2023, tras la emisión de una orden de aprehensión solicitada por la Fiscalía. Durante el juicio oral, iniciado el 12 de abril de 2024, se presentaron pruebas científicas y testimonios que ilustraron el contexto de violencia de género en el que Melani vivía. La jueza Ramírez Venegas valoró esta evidencia con perspectiva de género, y el pasado 2 de diciembre emitió su fallo, concluyendo que el feminicidio estaba plenamente acreditado.
La abogada Neil destacó la importancia de la evidencia científica en el fallo: “Todas estas pruebas ayudaron, ilustraron a la jueza de mejor manera para que pudiera emitirse este fallo, porque al final ella valoró bastante la prueba científica”, dijo la defensora.
Además, la abogada destacó que otro aspecto importante para lograr el fallo fue el análisis de contexto, que permitió acreditar razones de género y establecer un patrón de violencia en el matrimonio desde los primeros meses de casados. Testimonios de los padres de la víctima evidenciaron episodios de agresión física, verbal y económica, incluido un incidente en el que José Luis golpeó a Melani cuando tenía cinco meses de embarazo, enviándola al hospital militar.
Una pena máxima
Este 5 de diciembre se realizó la audiencia en la que fue condenado a 36 años- Neil Arias destacó que, si los padres de Melani no hubieran impulsado que el caso fuera investigado como feminicidio, las autoridades lo habrían clasificado como homicidio imprudencial, dejando el crimen en la impunidad, como ocurre con numerosas carpetas de investigación en el país.
“Aquí, en este tipo de casos de feminicidio, lo que vemos es que, desafortunadamente, las carpetas de investigación, en su mayoría, se inician por homicidio. Entonces, eso es un grave problema que hay en todo el país. Es un problema porque, desde el inicio de las investigaciones, no se actúa con los protocolos, a pesar de que hay protocolos propiamente de investigación pericial, policial y ministerial que establecen que tiene que actuarse con perspectiva de género para estos casos de muertes violentas de mujeres. Pero es un grave problema que las autoridades no los aplican de oficio, porque las fiscalías las inician por homicidio”, explicó.
Otra falla en la procuración de justicia, explicó la defensora, es que también ocurre que, en muchas ocasiones, se contamina la escena del crimen, lo que impide la correcta recolección y el procesamiento de indicios, además de que se desestiman testimonios clave. En el caso de Melani, los primeros elementos no se recabaron de forma adecuada, lo que complicó aún más el avance de la investigación.
Además, en este caso, la situación se agravó porque los padres de Melani no son originarios de Guerrero, lo que dificultó su seguimiento constante del caso. La abogada Neil destacó que fue necesario que los asesores jurídicos impulsaran la carpeta procesalmente para que se acreditaran las razones de género y se reclasificara el delito como feminicidio.
“Aquí consideramos que una de las cosas que ayudaron para que el caso avanzara, se acreditaran razones de género y se reclasificara como feminicidio, fue porque nosotros, como asesores jurídicos, estuvimos impulsando esta carpeta para que se continuara investigando”.
La falta de perspectiva de género en los procesos de investigación pericial, policial y ministerial es un problema estructural en México. La abogada concluyó que la Fiscalía de Guerrero, al igual que en otras entidades del país, no inicia de manera oficiosa las investigaciones por feminicidio, dejando esta responsabilidad en manos de los familiares o sus representantes legales.
“La Fiscalía del Estado no inicia de manera oficiosa la investigación por feminicidio, no hace su trabajo de impulsar las carpetas de investigación. Forzosamente tiene que haber alguien más, ya sean los familiares o los asesores jurídicos”, sentenció la abogada.
