La inclusión de las personas con discapacidad (PCD) es un derecho sobre el cual la narrativa demanda un enfoque disruptivo: las limitantes para su participación plena no son físicas o mentales, sino sociales y culturales.

El Día Internacional de las Personas con Discapacidad, conmemorado cada 3 de diciembre, invita a reflexionar sobre las políticas sociales y avances hacia una sociedad más inclusiva. Con un 16 por ciento de la población mundial —aproximadamente mil 300 millones de personas— el cómo garantizar sus derechos y bienestar es prioridad global.

Esa cifra se intensifica ante el envejecimiento de la población y el impacto de enfermedades crónicas no transmisibles, que incrementan la prevalencia de la discapacidad en todos los grupos etarios y regiones del mundo.

En México, según el Censo de Población y Vivienda de 2020, 7.2 millones de personas viven con alguna discapacidad y en la capital nacional se concentra aproximadamente el 6.2 por ciento.

A nivel mundial, la exclusión estructural y las barreras al acceso a servicios de salud, educación y empleo constituyen los principales desafíos. Muchas personas con discapacidad enfrentan pobreza, discriminación y falta de oportunidades. En México, programas como las pensiones han beneficiado a más de 1 millón de ciudadanos en 2023, pero aún enfrentan alcance limitado.

Garantizar el bienestar de las PCD no es solo un imperativo moral, sino un compromiso con la justicia social. Pensadores como John Rawls sostienen que la justicia debe priorizar a los más desfavorecidos, lo cual implica no solo eliminar barreras, también ofrecer recursos adicionales para permitir una participación equitativa en la sociedad.

Los datos demuestran brechas preocupantes. Según la Organización Internacional del Trabajo, las personas con discapacidad que trabajan perciben, en promedio, un salario por hora 12 por ciento inferior; las mujeres ganan aproximadamente seis por ciento menos que los hombres con discapacidad; solo el 30 por ciento forma parte activa del mercado laboral, y entre quienes tienen empleo, dos de cada cinco enfrentan entornos laborales poco accesibles y falta de políticas incluyentes.

La construcción de un Estado de bienestar integrador de las PCD requiere un cambio paradigmático hacia políticas universales y equitativas. Esto incluye la implementación de sistemas de salud accesibles, promoción de empleos dignos y educación inclusiva. Una realidad comprendida y promovida por el Gobierno de Clara Brugada en la CDMX, que en el Sistema Público de Cuidados contempla acciones en favor de este segmento de la población.

El desafío no es menor, tampoco inalcanzable: derribar las barreras.

@guerrerochipres

Salvador Guerrero Chiprés

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Salvador Guerrero Chiprés es coordinador general del C5, ex presidente del Consejo Ciudadano para la Seguridad y Justicia de la Ciudad de México. Es doctor en Teoría Política por la Universidad de Essex, Inglaterra; maestro en Comunicación por la Universidad Iberoamericana y licenciado en Derecho y en Comunicación por la UNAM. Fue asesor de la Secretaría de Seguridad Pública del entonces Distrito Federal y de la Comisión Nacional de Seguridad, y Comisionado Ciudadano de Transparencia en el InfoDF.

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