En el sexenio pasado no hubo realmente una política industrial, aunque la presidencia de la República estableció una relación cercana con algunos grupos empresariales y empresas en particular para que se hicieran inversiones en México.

El resultado no fue el mejor: México registró un crecimiento de alrededor de aproximadamente el 1 por ciento en comparación con las de circa 2 por ciento logrado durante los gobiernos de la transición democrática. 

Como sabemos la gran convulsión que llamamos la pandemia trastocó las cadenas de producción, de transporte y de comercio en todo el mundo, aunque en especial en Asia-Pacífico.

Desde entonces se ha insistido en señalar que México tiene una excelente oportunidad para aprovechar la relocalización de empresas, al ser vecino de la mayor potencia económica, cultural, política y militar en el orbe entero.

No es exagerado decir que México ha reaccionado con tardanza a estos cambios económicos y geopolíticos de alto espectro. La razón ha sido política.

El gobierno mexicano se ha encontrado canalizando recursos hacia el control sociopolítico de las clases bajas, destruyendo el esquema de división de poderes y la infraestructura de organismos autónomos de control del Estado e invirtiendo en proyectos sin futuro económico.

Algo importante también ha sucedido: la sustitución de una burocracia racional con conocimiento tecnocrático de los problemas por un grupo de personas sin la educación necesaria para gobernar un Estado moderno.

Es en este contexto en el que la presidenta Sheinbaum, asesorada por la empresaria, Altagracia Gómez, ha decidido confeccionar un plan de política industrial para México.

Aunque las principales características del plan ya habían sido delineadas, su anuncio fue acelerado por la amenaza inminente del triunfo de Trump en Estados Unidos.

El centro estratégico de este plan lo constituye el Consejo Asesor de Desarrollo Económico Regional y Relocalización de Empresas, que será dirigido por la misma Altagracia López.

Las industrias  que se piensa impactar con este nuevo plan son la farmacéutica, automotriz, energía, construcción, turismo, manufactura, entre otras.

El plan tiene otro destinatario evidente: China. Se busca en el mediano y largo plazo sustituir las importaciones de China para priorizar la producción en Norteamérica.

Para ello se piensa construir 100 parques industriales e impulsar sectores con ventajas comparativas como la industria aeroespacial.

Para lograr que se cumplan los objetivos se necesitará de una gran coordinación entre gobierno y empresas. Un problema mayor es que, por ejemplo, en la industria aeroespacial las empresas transnacionales están orientadas hacia el mercado global y no necesariamente les convendrá reorganizarse para ser parte de una política industrial de Estado.

De cualquier manera, parece que el Plan México es un paso en la dirección correcta. Una política industrial coherente es lo que necesitaba México y hoy, al menos, eso parece consolidarse. 

Gustavo de Hoyos Walther

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Abogado y empresario. Ha encabezado diversas organizaciones empresariales, comunitarias, educativas y filantrópicas. Concentra su agenda pública en el desarrollo de líderes sociales (Alternativas por México), la participación ciudadana en política (Sí por México) y el fortalecimiento del estado de derecho (Consejo Nacional de Litigio Estratégico).

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