Trump dice que con el objeto de hacer frente a la crisis del fentanilo en su país—la cual representa un enorme problema social, así como la muerte para decenas de miles de estadounidenses cada año—se debe denominar a los cárteles mexicanos como organizaciones terroristas internacionales. Él promete que lo logrará. Pero eso no es todo; el futuro presidente estadounidense no descarta una incursión militar directa en territorio mexicano para enfrentar a los “bad hombres” de nuestro país. En otras palabras, Donald Trump ha alertado/amenazado a México varias veces diciendo que sí el gobierno mexicano fracasa en su lucha contra lo que ellos denominan “cárteles”, o no se desmantelan efectivamente las redes de narcotráfico, entonces el ejército estadounidense se verá forzado a invadir militarmente al vecino país del sur.

La declaración literal de una “guerra contra los cárteles mexicanos” parece algo descabellado, pero hasta el día de hoy no sabemos lo que significa realmente la advertencia de Trump. No sabemos a ciencia cierta si Estados Unidos sería capaz de enviar a México a su ejército para acabar con algo a lo que ellos llaman cárteles, o más bien si ésta es sólo una herramienta de presión, amenaza y negociación de mano dura del movimiento América Primero para dirigir a su vecino a donde a ellos les convenga. No obstante lo anterior, y sin importar si Trump se atreverá o no a mandarnos a sus hombres del DOD (Department of Defense) para luchar contra nuestros bad hombres, parece ser que Estados Unidos ha venido operado una estrategia adecuada (para ellos) en medio de las debilidades de nuestro gobierno federal y algunos gobiernos estatales claves de extracción morenista.

Hablo en particular de los casos de Sinaloa y Sonora. En efecto, ahora el Departamento de Justicia del país vecino cuenta con testigos protegidos de lujo (después de los arrestos de El Mayo y Los Chapitos) y se ha ido construyendo una narrativa anti-cárteles que se nutre con propaganda en medios, redes sociales, series televisivas y el mundo del espectáculo en general, así como con acciones aparentes de “paramilitarismo criminal”. Ello, aunado a la corrupción y la impunidad a todos los niveles, dificulta la operación efectiva del gobierno mexicano contra la delincuencia organizada. Por el otro lado, la acción de algunos gobiernos locales y estatales clave profundiza aún más el problema de la seguridad en México y deja al país en una encrucijada y en las garras de Trump.

La situación en Sinaloa es particularmente delicada. Los constantes enfrentamientos entre grupos de sicarios, quema de negocios, emboscadas, homicidios múltiples, desapariciones e incluso la cancelación de vuelos comerciales por violencia en la capital del estado, dan la impresión de una situación de descontrol total por parte de las autoridades estatales y federales. En medio de esta situación, el gobernador Rubén Rocha Moya se encuentra fuertemente cuestionado y navega en el desgobierno de la entidad en medio de acusaciones aún no confirmadas de vínculos con la delincuencia organizada y otras cuestiones turbias relacionadas con los eventos que dieron lugar a la situación actual (el arresto de El Mayo un Chapito).

Por su parte, regiones importantes en el estado de Sonora parecen ingobernables. “Ciudad Obregón, Guaymas, Empalme, Altar, Caborca, Sonoyta y el área de Santana se han vuelto zonas de guerra y de terror, donde los rehenes son los ciudadanos sonorenses, incluyendo uno que otro alcalde, migrante o visitante ocasional—mexicano o incluso extranjero (véase https://www.eluniversal.com.mx/opinion/guadalupe-correa-cabrera/el-infierno-en-sonora-y-la-guerra-de-trump/). Recientemente, resultó herido el veterano estadounidense Sisson Jason Thomas de 44 años de edad, víctima del crimen organizado; hasta hace poco se encontraba en delicado estado de salud. En esta entidad fronteriza, quien fracasara totalmente como Secretario de “Seguridad y Protección” Ciudadana—y diera la estocada final al proyecto civil de reforma policial, justificando así un peligroso proceso de militarización—es decir, el gobernador Alfonso Durazo, mira con calma cómo se desmorona su estado en temas se seguridad, en medio de la opacidad en obras concretas (como un “tren fantasma”) y con la promesa de proyectos de energías renovable que posiblemente nunca se hará realidad (como los promete).

En medio de la tragedia, nos fallan también el gobierno federal por supuesto, así como los medios de comunicación locales y la sociedad civil. ¿Qué está pasando en Culiacán? En medio del horror y la violencia extrema, resulta patético que los gobiernos federal y estatal sean tan omisos, negligentes e incapaces de resolver una situación apremiante en el tema de la inseguridad. Es triste además, que los empresarios sinaloenses más importantes no hayan realizado algo contundente y no deseen hablar claro. ¿Dónde está la sociedad civil organizada y privilegiada sinaloense? Ellos tienen también una responsabilidad con el estado—que al parecer, no han sabido reconocer.

Lo mismo pasa en Sonora. El empresariado más importante y los medios locales parecen estar ausentes pues la denuncia no llega a señalar a los responsables, que se encuentran quizás a los más altos niveles del gobierno estatal. Resulta desconcertante la desatención del gobierno en algunas regiones donde reinan los delincuentes y donde algunos de sus habitantes—realmente desesperados e inconscientes—empiezan a anhelar la presencia de Trump. Así, en medio de la tragedia, se prepara el camino para la avanzada del comandante en jefe del movimiento América Primero. En Sinaloa y en Sonora el ya pronto presidente que abandera una “nueva era” para Estados Unidos, puede encontrar dos grandes excusas para su guerra (o amenaza de la misma) en lo que pudiera considerar como su “patio trasero”.

Guadalupe Correa-Cabrera

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Guadalupe Correa-Cabrera. Profesora-investigadora de Política y Gobierno, especialista en temas de seguridad, estudios fronterizos y relaciones México-Estados Unidos. Autora de Los Zetas Inc.

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