SinEmbargo hizo una revisión a las cifras de seguridad y los delitos registrados en 10 municipios del Edomex donde se hizo la Operación Enjambre. Los directores de seguridad pública detenidos o señalados comenzaron a desempeñarse en diciembre de 2021, lo que implicaría que su gestión afecta directamente las cifras a partir del año 2022.
Ciudad de México, 1 de diciembre (SinEmbargo).- Durante 2022, primer año completo de gestión de las autoridades municipales electas en 2021 en el Estado de México, los delitos de extorsión se dispararon en al menos ocho municipios, en los cuales, algunos de sus funcionarios ahora están relacionados como blancos de la Operación Enjambre.
Amanalco, Chicoloapan, Coacalco de Berriozábal, Ixtapaluca, Naucalpan de Juárez, Tejupilco, Texcaltitlán y Tonatico registraron en 2022 un aumento significativo en los casos de extorsión, un incremento que coincide con el primer año de gobierno de las autoridades municipales electas en 2021, varias de las cuales han sido señaladas como parte de redes criminales que busca desarticular la Operación Enjambre.
El pasado 23 de noviembre, se dio a conocer la Operación Enjambre como parte de su estrategia de seguridad y tras la ejecución de siete órdenes de aprehensión contra funcionarios municipales del Estado de México, acusados de facilitar actividades de grupos delictivos que operan en la región.
Entre los detenidos destacan: María Elena Martínez Robles, presidenta municipal de Amanalco; Ellery Guadalupe Figueroa Macedo, encargado del DIF municipal de Tonatico; Roberto Malpica Santos, jefe de región de la Dirección de Seguridad en Ixtapaluca; Manuel Alejandro Rangel Salgado, director de Seguridad Pública de Amanalco.
También figuran Omar Leyva Montalvo, subdirector de Seguridad Ciudadana y Movilidad Segura en Naucalpan; Eraclio Campuzano Flores, director de Seguridad Pública y Tránsito de Tejupilco y Rodolfo Chávez Torres, director operativo de Seguridad y Prevención Ciudadana en Ixtapaluca. Además, se identificó a funcionarios de otros municipios como Santo Tomás, Chicoloapan, Coacalco y Jilotzingo (PRI) como objetivos del operativo.
El operativo trascendió aún más con la muerte de Isidro Cortés Jiménez, director de Seguridad Pública de Texcaltitlán, quien se quitó la vida al momento de su detención.
El investigador de la Universidad Autónoma de México (UNAM), Daniel Vázquez,, indicó que la Operación Enjambre es un paso significativo en la lucha contra las estructuras criminales en México. En entrevista con SinEmbargo, el académico destacó tres aspectos positivos de este operativo, aunque también señaló que quedan pendientes que en los que se tiene que debe avanzar para que los resultados sean verdaderamente transformadores.
“La primera buena noticia es que algo se mueve, porque parecía que no se hacía nada para tratar de avanzar en la investigación y detención sobre todo de las estructuras políticas, de servidores públicos, aunque también de presidentas municipales, que forman parte de las redes criminales. Entonces que algo se empiece a mover, eso es buena noticia”.
En segundo lugar, Vázquez destacó la coordinación entre los tres niveles de gobierno como un factor esencial para el éxito del operativo, un enfoque que incluye la participación de autoridades municipales, estatales y federales, así como la intervención de la Guardia Nacional, la Secretaría de la Defensa Nacional y la Marina. "Es imposible desmantelar estas redes únicamente con recursos locales", apuntó.
El especialista puso énfasis que uno de los aspectos destacables del operativo es que no se trató de una operación como las que hacía el expresidente Felipe Calderón, con un fuerte despliegue militar y grandes enfrentamientos. En cambio, se priorizó un enfoque quirúrgico para detener a personas clave vinculadas a las redes criminales.
No obstante, Vázquez planteó dudas sobre los criterios para seleccionar los municipios intervenidos, cuestionando si se basaron en dinámicas estratégicas específicas o en su nivel de violencia. Además, advirtió que aún es pronto para evaluar los resultados finales, ya que recalcó en que es necesario que el operativo escale de nivel, es decir, investigar no solo a nivel municipal, sino también a escalas más altas.
“Habría que ver si hay una estrategia, si se está atacando a los tres al mismo tiempo o solo a uno o dos, o ¿cuál es la dinámica de entrada? Porque, por ejemplo, te podría decir que la selección de los municipios no pasó necesariamente por los municipios más violentos. Entonces, habría que analizar cuáles fueron los criterios a través de los que se haya decidido entrar (desarrollar la Operación) en esos municipios”.
Las autoridades detenidas, prófugas y señaladas o como parte de la Operación Enjambre son principalmente de los municipios de Amanalco, Chicoloapan, Coacalco de Berriozábal, Ixtapaluca, Jilotzingo, Naucalpan de Juárez, Santo Tomás, Tejupilco, Texcaltitlán y Tonatico.
SinEmbargo hizo una revisión a las cifras de seguridad y los delitos registrados en esos 10 municipios. Los directores de seguridad pública detenidos o señalados comenzaron a desempeñarse en diciembre de 2021, lo que implicaría que su gestión afecta directamente las cifras a partir del año 2022.
De enero a octubre de 2024, se reportan 366 delitos cometidos por servidores públicos en estos 10 municipios, además de 274 casos de extorsión en esos 10 municipios, cinco feminicidios, 192 homicidios dolosos, 201 carpetas por narcomenudeo, seis secuestros, y casos de trata de personas.
El delito de extorsión ha mostrado un comportamiento similar al de delitos cometidos por servidores públicos. De 301 casos registrados en esos 10 municipios en 2019, subió a 356 en 2020, a 380 en 2021 y alcanzó su pico en 2022, con 500 casos. Desde entonces, la cifra comenzó a caer a 355 en 2023 y 274 en lo que va de 2024.
Las denuncias o delitos registrados de narcomenudeo, por su parte, presentan un comportamiento peculiar. De 2019 a 2021, los casos entre esos diez municipios superaban los mil 0 anuales (1,058 en 2019; 1,405 en 2020; y 1,477 en 2021). Pero en 2022, las cifras cayeron drásticamente a 864 y en 2023 bajaron aún más, con 250 registros. En tanto que, en este año, de enero a octubre, se han reportado 201 casos.
En el análisis de las cifras se observa que el delito de narcomenudeo, en la cifra acumulada por los 10 municipios, muestra una tendencia dispar y volátil. De 2021 a 2022, las carpetas de investigación experimentaron un aumento dramático del 76% pasando de 1,477 a 864. Sin embargo, en 2023, se observó una caída significativa a 250 y, en lo que va de 2024, se registran solo 201 casos.
POR CADA MUNICIPIO
En Amanalco –de donde es la Presidenta Municipal detenida y a quien precisamente se le acusa por su presunta participación en el delito de homicidio calificado contra el síndico Miguel Ángel Lara de la Cruz y su chofer, Jerónimo Roque en 2023 – los homicidios dolosos muestran una reducción de forma sostenida: de 5 casos en 2021, pasaron a dos en 2022 y 2023, y en 2024 no se han reportado casos. El narcomenudeo, en cambio, mostró aumento, con 2 registros este año, en comparación con los años 2019 y 2022, donde tenía solo una denuncia.
En el caso del secuestro, Amanalco ha mantenido cifras bajas pero constantes: un caso por año desde 2022 hasta octubre de 2024.
En el municipio de Chicoloapan, las denuncias por delitos cometidos por servidores públicos han mostrado una tendencia a la alza desde 2019. Ese año se registraron 25 casos, cifra que aumentó a 35 en 2020, 44 en 2021, 55 en 2022 y también 55 en 2023. Sin embargo, de enero a octubre de 2024, se han reportado 28 casos.
En cuanto a los homicidios dolosos en Chicoloapan, las cifras han fluctuado en los últimos años. En 2019 se registraron 20 casos, aumentando a 29 en 2020. Sin embargo, en 2021 descendieron drásticamente a 18 y en 2022 se redujeron aún más, con 14 casos. En 2023 repuntaron a 20, y de enero a octubre de 2024 ya suman 17 homicidios.
En Coacalco, las extorsiones han registrado un incremento del 43.33 por cineto en el periodo de enero a octubre de 2024, con 43 casos frente a los 30 reportados en el mismo periodo del año anterior. El delito de narcomenudeo también mostró un aumento, pasando de 15 denuncias en 2023 a 18 entre enero y octubre de 2024.
En Iztapaluca, los delitos de narcomenudeo también han crecido de manera significativa. De enero a octubre de 2024 se reportaron 106 casos, un aumento del 58.20 porciento en comparación con los 67 registrados en el mismo periodo de 2023.
En Jilotzingo, los homicidios dolosos presentaron un notable incremento en 2020, con 11 casos frente a los 6 reportados en 2019. En 2021, la cifra cayó a 3, pero volvió a subir ligeramente en 2022 con 5 homicidios y alcanzó 6 en 2023. De enero a octubre de 2024, ya se han registrado 6 casos, con dos meses aún por contabilizar.
En Naucalpan, los delitos de extorsión han crecido ligeramente este año, con 148 casos de enero a octubre de 2024 frente a los 145 reportados en el mismo periodo del año anterior. Por otro lado, el narcomenudeo ha mostrado variaciones significativas. En 2019 se registraron 880 casos, cifra que aumentó a 1,391 en 2021, pero disminuyó considerablemente en 2022 con 765 casos y cayó aún más en 2023, con 124 denuncias. De enero a octubre de 2024, solo se han registrado 66 casos.
En cuanto a los homicidios dolosos en Naucalpan, las cifras mostraron una tendencia a la baja entre 2019 y 2021, con 150 casos en 2019, 142 en 2020 y 137 en 2021. Sin embargo, en 2022 se dispararon a 165. Para 2023, volvieron a disminuir a 123, y de enero a octubre de 2024 se han reportado 95 homicidios.
El municipio de Santo Tomás destaca por su baja incidencia delictiva. En cuanto a delitos cometidos por servidores públicos, solo se han registrado dos casos en 2020. En extorsiones, se reporta un caso anual en 2019, 2021 y 2023. Los homicidios dolosos fueron dos en 2019, uno en 2020, dos en 2021, y no hubo casos en 2022 y 2023. De enero a octubre de 2024 se ha registrado un homicidio. Además, desde 2019 no se reportaban secuestros, pero de enero a octubre de 2024 se registró uno.
En Tejupilco, los homicidios dolosos han tenido altibajos. En 2019 se reportaron 6 casos, que bajaron a 3 en 2020, pero subieron a 7 en 2021. En 2022 disminuyeron drásticamente a 2, en 2023 aumentaron a 4, y de enero a octubre de 2024 se ha registrado un caso.
En Texcaltitlán, las extorsiones alcanzaron su pico en 2022, con 4 casos, frente a 0 reportados en 2019 y 2020. En 2023 se registró solo una extorsión, y de enero a octubre de 2024 también se reporta un caso. En cuanto a homicidios dolosos, el municipio tuvo 2 en 2019, 1 en 2022 y otro en 2023, mientras que de enero a octubre de 2024 no se han registrado casos.
En Tonatico, el pico de homicidios dolosos se dio en 2020, con 6 casos, frente a los 2 registrados en 2019. En 2021 se reportaron 3 casos, y desde 2022 la cifra se ha mantenido constante, con un homicidio anual en 2022 y 2023. De enero a octubre de 2024 no se han reportado homicidios.
Daniel Vázquez explicó que en el Estado de México operan tres cárteles: el Cartel Jalisco Nueva Generación, la Unión de Tepito y la Familia Michoacana. Con respecto a la violencia en ese estado, explicó que la entidad se divide en tres regiones con patrones específicos de criminalidad.
Dicho zonas son el Valle de México, el Valle de Toluca y la región suroeste, donde operan diversos grupos del crimen organizado como el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), La Familia Michoacana y La Unión Tepito.
En el Valle de México, que comprende municipios colindantes con la Ciudad de México como Ecatepec y Nezahualcóyotl, se registra la mayor cantidad de homicidios y desapariciones. Vázquez destacó que esta zona es un epicentro de actividad delictiva debido a la presencia de células criminales bien establecidas.
Por otro lado, el Valle de Toluca, considerado hasta hace poco una región relativamente tranquila, debido a que, al interés o centro de políticos, ha mostrado un aumento en el número de desapariciones desde el año pasado, particularmente en municipios como Chalco.
Finalmente, la región suroeste, donde opera La Familia Michoacana, muestra un patrón de violencia que Vázquez atribuye más a dinámicas relacionadas con Guerrero y Michoacán que al propio Estado de México.
A pesar de la percepción de relativa calma en comparación con otras áreas, Vázquez insistió en que esta gobernanza criminal en zonas como el suroeste del Estado de México “no la hace menos grave”.
El especialista concluyó que es crucial observar si la Operación Enjambre avanza hacia una diversificación estratégica que abarque tanto a estructuras empresariales vinculadas con el crimen organizado como a los nodos de poder criminal a niveles más altos.
