Enrique Alfaro repartió notarías entre distintas figuras políticas de Jalisco: desde el hijo de un exgobernador panista hasta el hermano de uno de los funcionarios de su gabinete, en lo que se ha convertido en una práctica común en los últimos días del mandato de gobernadores priistas, panistas y ahora emecistas.
Ciudad de México, 1 de diciembre (SinEmbargo).– A un par de semanas de dejar el poder en Jalisco, el Gobernador Enrique Alfaro benefició a familiares de funcionarios de su propio gabinete, así como a exgobernadores y exfuncionarios de distintas administraciones panistas y de derecha, con nombramientos de notarías a lo largo del estado, en medio de acusaciones por nepotismo, influyentismo y supuestas evaluaciones "patito" para colocar a los perfiles deseados en estas codiciadas plazas.
El primer nombre que destaca en recibir el llamado fiat notarial, es decir, la autorización que otorga el Poder Ejecutivo del Gobierno de cada entidad federativa para ejercer funciones como notario, es Emilio González Guzmán, socio del bufete Baker & McKenzie, pero sobre todo hijo del exgobernador panista de Jalisco, Emilio González Márquez (2007-2013).
A González Guzmán se le designó como titular de la Notaría Pública 16, del municipio de Guadalajara, la capital estatal, porque "aprobó y obtuvo la mejor calificación en el examen de oposición que al efecto se practicó, acreditando así los requisitos y exigencias para ser Notario Público en el Estado de Jalisco", de acuerdo con el Periódico Oficial del Estado de Jalisco, en su edición del 21 de noviembre de 2024.
Otro de los que recibieron la titularidad de una notaría –la número 6 del municipio de Zapopan– fue Santiago Guzmán de Anda, egresado de la Universidad Panamericana Campus Guadalajara, e hijo de Fernando Guzmán Pérez Peláez, quien fuera Secretario General del Gobierno de Jalisco con el panista Alberto Cárdenas Jiménez entre 1998 y 2000, y también del mencionado González Márquez, entre 2007 y 2011.
Y es que precisamente Guzmán Pérez Peláez ya es el Notario Público 78 de Jalisco desde 2018, cuando también habían señalamientos contra estos nombramientos en el Gobierno de Aristóteles Sandoval. Ahora, el hijo sigue los pasos de su padre.
A su vez, fue nombrado como Notario Público Titular 18 de Zapopan Gerardo Monraz Villaseñor, hermano del actual titular de la Secretaría de Transporte del gabinete de Alfaro, Diego Monraz Villaseñor.
Por su parte, Daniel Bailón Fonseca fue nombrado Notario Público Titular 35 de Guadalajara. Es hermano de Lorenzo Bailón Fonseca, también Notario Titular, éste de la Número 59 de Guadalajara. Ambos son hijos de Lorenzo Bailón Cabrera, presidente del Consejo de Notarios de Jalisco entre 2001-2006 y actualmente titular de la Notaría 25 de Guadalajara.
Esta familia ha sido acusada de construir una dinastía a partir de las Notarías que ostentan, ya que su hermano, José de Jesús Bailón Cabrera, también se desempeña como titular de una Notaría, la número 22 de Guadalajara. Manuel Bailón Cabrera, hermano de ambos, y quien murió en 2021, encabezaba la Notaría número 35 de Guadalajara. El padre de todos ellos, y abuelo del recientemente nombrado Bailón Fonseca, es Manuel Bailón González, quien recibió su fiat para ser Notario de Arenal, Jalisco en 1957 y falleció en 1986.
Un proceso opaco para designar notarías
Estos nombramientos se dan en el marco de crecientes denuncias contra algunos notarios del estado, como Álvaro Guzmán Merino, a quien el Gobierno de Jalisco revocó su nombramiento como Titular de la Notaría 126 de Guadalajara, por irregularidades en su labor. Tan sólo en la administración de Alfaro, que culmina el 6 de diciembre, se suspendieron a 10 notarios de forma definitiva y hay docenas de casos en espera de ser resueltos.
En teoría, los notarios consiguen su nombramiento luego de realizar un examen de oposición, pero aspirantes en este tipo de procesos en años pasados han denunciado que algunos reciben un trato preferente entre candidatos.
En enero de este año, por ejemplo, la abogada María Guadalupe Sánchez González consiguió que un Tribunal ordenara al Colegio de Notarios que le aplicara de nuevo el examen de evaluación que presentó como candidata a una notaría en Jalisco, le aplique de nueva cuenta el examen de evaluación como candidata a notaria, ya que recibió menos tiempo para responderlo, y con preguntas diferentes.
El mismo 21 de noviembre, cuando se publicaron los últimos nombramientos de 15 notarías, Alfaro prefería pelear en sus redes sociales con el Senador Gerardo Fernández Noroña, con respecto al tema del Pacto Fiscal que puso en duda en sus últimas semanas al frente de Jalisco.
Entrega de notarías, una práctica común
En enero de este año, Marko Cortés Mendoza, entonces dirigente nacional del Partido Acción Nacional (PAN), desnudó en su reclamo por posiciones en Coahuila cómo negoció con el Partido Revolucionario Institucional (PRI) y su líder Alejandro Moreno Cárdenas espacios dentro del Poder Judicial, notarías e incluso designaciones en órganos autónomos.
Al reclamar al Gobernador Manolo Jiménez Salinas el supuesto incumplimiento de acuerdos en la designación de candidaturas en Coahuila, entidad que el priismo logró retener gracias a la alianza Va por México, Cortés Mendoza mostró un documento firmado por él y "Alito", como se conoce al dirigente del PRI.
En el papel se revela que dentro de las negociaciones entre el PAN y PRI se pusieron sobre la mesa el 20 por ciento de los registros civiles y oficinas de recaudación, el 20 por ciento de las direcciones de los planteles educativos y universidades, seis notarías, y la “ratificación de Bernardo como Magistrado”, presumiblemente el Magistrado del Tribunal de Conciliación y Arbitraje Bernardo González Morales, quien entre 2014 y 2019 fue presidente del Comité Directivo Estatal del Partido Acción Nacional.
Marko Cortés acusó al Gobernador priista de mentir y de no respetar los acuerdos partidistas a los que se llegaron en 2023 de cara a la elección gubernamental. Por su parte, Manolo Jiménez sostuvo que el panismo no puede exigir más posiciones, ya que no alcanzó el 20 por ciento de la votación que se había acordado.
Pero lo del PAN, PRI y los gobernadores no es una excepción sino la regla. En 2022, en los tres últimos meses de mandato en Tamaulipas, el Gobernador Francisco Javier García Cabeza de Vaca, quien es investigado por la Fiscalía General de la República (FGR) por enriquecimiento ilícito, delincuencia organizada y lavado de dinero, entregó más de 60 notarías a dirigentes panistas, funcionarios estatales y municipales.
En 2018, el entonces Gobernador de Chiapas, Manuel Velasco del Partido Verde, entregó días antes de terminar su periodo notarías a sus funcionarios, exalcaldes y amigos cercanos. Ese mismo año, el entonces priista y hoy aliado del Verde y de Morena, Eruviel Ávila, hizo lo mismo como Gobernador del Estado de México: entregó 12 notarías a políticos y personajes cercanos a la clase empresarial, aunque fueron combatidos en lo judicial.
