México
El Senado avala reforma para ampliar delitos con prisión preventiva oficiosa.

Amplían gama de delitos

El Senado aprueba que extorsión y tráfico de fentanilo ameriten prisión preventiva

28/11/2024 - 1:05 pm

La ampliación del catálogo de delitos que contemplan la prisión preventiva oficiosa consiguió la mayoría calificada para su aprobación con 94 votos a favor y 34 en contra. Morena, el Partido Verde Ecologista de México (PVEM) y el Partido del Trabajo (PT) resaltaron que estos cambios permitirán proteger a la ciudadanía de delitos que han aumentado en los últimos años.

Ciudad de México, 28 de noviembre (SinEmbargo).- El Senado de la República aprobó anoche en lo general y en lo particular la reforma al Artículo 19 de la Constitución mexicana para añadir la extorsión, el tráfico de fentanilo y las actividades relacionadas con la falsificación de comprobantes fiscales al catálogo de delitos que ameritan prisión preventiva oficiosa.

El dictamen alcanzó la mayoría calificada necesaria para su aprobación, luego de obtener 94 votos a favor y 34 en contra.

La asamblea rechazó en lo particular, con 93 votos a favor y 35 en contra, las reservas para modificar el proyecto que presentaron senadores del Partido Acción Nacional (PAN), Partido Revolucionario Institucional (PRI), Movimiento Ciudadano (MC) y Morena.

En un debate de casi siete horas, los grupos parlamentarios de Morena, del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) y del Partido del Trabajo (PT) resaltaron que estos cambios permitirán proteger a la ciudadanía de delitos que han aumentado en los últimos años.

Aunque las fracciones del PAN, PRI y MC argumentaron que la prisión preventiva oficiosa atenta contra los derechos humanos.

Por Morena, Lucía Trasviña Waldenrath defendió que la prisión preventiva es una medida para proteger a las víctimas, y explicó que las nuevas disposiciones constitucionales cerrarán la puerta impunidad y evitarán que quienes cometen delitos graves, como la extorsión y el tráfico de drogas, sigan dañando a las comunidades. “Es una medida excepcional, sí, pero indispensable”, subrayó.

Andrea Chávez, Senadora morenista, pidió a los legisladores que se oponen a esta reforma “no ser parte del problema si rechazan ser parte de la solución".

Además, recordó que en mayo de este año los gobernadores de los 31 estados de la República y la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, incluidos mandatarios del PAN, PRI y MC, solicitaron a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) que no elimine la figura de la prisión preventiva.

Por su parte, Francisco Javier Ramírez Acuña aclaró que su bancada, el PAN, está de acuerdo con la figura de la prisión preventiva mientras sea justificada y se encuentren elementos para garantizar la aplicación de la justicia.

“No podemos avalar con nuestro voto el poder de las fiscalías de encarcelar a cualquier ciudadano víctima de la invención de delitos, de la fabricación de carpetas de investigación, de la siembra de pruebas falsas o de denuncias anónimas”, añadió el Senador panista.

De igual forma, Juanita Guerra Mena, del PVEM, se pronunció a favor de la enmienda, pues aseguró que cumple con las demandas del pueblo de México, aunque resaltó que se deben cumplir estrictamente los principios del proceso penal para que los jueces determinen la medida con base en argumentos sólidos.

“Desvirtúa el principio de la justicia y en la práctica castiga a quienes aún no han sido declarados culpables, además de contradecir las recomendaciones de organismos internacionales", dijo la Senadorea del PRI, Karla Guadalupe Toledo.

Por el PT, la Senadora Geovanna Bañuelos de la Torre destacó que con esta reforma se fortalecen las disposiciones para enfrentar delitos de alto impacto que en los últimos años han mostrado un incremento “alarmante”.

La Senadora Bañuelos resaltó que tan sólo en 2022 se registraron más de 10 mil casos de extorsión, según datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP).

Finalmente, Clemente Castañeda, de MC, sostuvo que la aplicación de la prisión preventiva oficiosa afecta a las personas más vulnerables y tiene un impacto directo en el incremento de la población penal.

Castañeda ofreció datos oficiales que indican que en 2018 había 196 mil personas privadas de su libertad, y que en 2023 la cifra creció a 233 mil, de las cuales casi 87 mil no tienen una sentencia.

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