La puesta en escena de la reforma al Poder Judicial de la Federación ha tropezado con obstáculos que se han sorteado artificialmente, por la sola voluntad de que tiene que hacerse como muestra de que hay un poder que la dictó y que, sin más, ha de ejecutarse. Es más que sintomático que se haya tramitado un presupuesto que se consideró excesivo, pero quizás necesario para garantizar el proceso comicial, como también lo es que se haya pedido más tiempo para su realización y no se haya conseguido.

De las consecuencias de estos dos escollos se podrá hablar con mayor contundencia avanzado el tiempo. Ahora estamos en presencia de un desaseado proceso para allegar aspirantías a ministros, magistrados, jueces y órganos disciplinarios que son la cabeza de ese Poder Judicial, imprescindible para catalogar a nuestra república como una entidad con división de poderes.

A estas alturas las cartas se han ido abriendo y hemos empezado a conocer a algunos rostros de los que se inscribieron para tan importantes cargos. De entrada hubo una grotesca actividad desde el poder, y de Morena como partido, para generar una apariencia de nutrida participación por los cargos que pasarán a consulta electoral, en un ejercicio que se piensa “histórico” e “innovador”, pero que puesto bajo la escrupulosa mirada de juristas de talla mundial, como Gargarella y Ferrajoli, no tan sólo lesionará la construcción de un genuino Estado de derecho, sino que puede derivar en un estruendoso fracaso. Ya habrá tiempo para hacer una valoración objetiva.

Ya hay aspirantes, algunos de ellos –los más– llamarán la atención; el resto será de auténticos desconocidos e inclasificables para augurar que sus designaciones abonarán a integrar un poder tan importante como el judicial. Es difícil clasificarlos, pero aquí intento hacerlo a grosso modo.

Me llaman la atención, y no daré nombres porque sería prolijo, de quienes se inscribieron y que antes en el proceso de reforma hicieron saber sus discrepancias con la misma, no obstante lo cual ambicionan los cargos. Estaríamos en presencia de algunos que aspiran a realizar una tarea desde adentro, abonando a la construcción de un nuevo poder sin los vicios del pasado y presente, y seguramente los hay sinceros.

También, en este apartado, están los que simple y llanamente saben que las reglas cambiaron y se acogen a las nuevas y emprenden su ruta en pos de los cargos. Es natural, más no sabemos si en este rubro se esconden todo tipo de logreros o ganapanes que hoy están desocupados. Es temprano para documentarlo.

Pero más que esa clasificación, me interesa resaltar la puerta por donde entraron los aspirantes. Se sabe que hay tres comités de evaluación, señalados algunos de sus integrantes como facciosos morenistas y que los mismos corresponden a cada uno de los tres poderes que formalmente dispone la Constitución.

Pues bien, los más de los aspirantes prefirieron entrar por la puerta del Congreso de la Unión y por las de Palacio Nacional; es decir, donde tiene su asiento el poder hegemónico morenista; y por exclusión, los menos, quizá más osados, optaron por la puerta del Poder Judicial, al que, en todo caso, le correspondería especializadamente dictaminar las solicitudes.

Esto nos habla de que el cabildeo para llegar a los cargos en disputa, es decir los nueve ministros de la Suprema Corte, los magistrados de circuito, los jueces de distrito, los tribunales de apelación y lo que corresponda del Tribunal Electoral, se centrará en un músculo eminentemente político, donde manda el oficialismo y se obliga a obedecer. Mal pronóstico.

La consecuencia a corto y mediano plazo es la dependencia del Poder Judicial de la política, el abandono de la obligada neutralidad e independencia de los juzgadores, la discrecionalidad a la que el Poder Ejecutivo de la república se expanda y engorde a costa de los otros poderes, y la ausencia de la prerrogativa de la persona para resistir, mediante el juicio de amparo y otros controles de la constitucionalidad, los actos de autoridad de quienes están encaramados en el poder en gran parte del país.

Finalmente, en las entidades de la federación se ha abdicado de las soberanías del régimen interior, para conformar los poderes locales, salvaguardando el principio democrático, representativo y popular. Además, con muy poca pericia y visión, no se va a permitir ir por etapas, viendo las experiencias, corrigiendo para escoger los mejores procesos, sino que los cacicazgos locales, representados por los gobernadores y la jefatura de gobierno de la Ciudad de México, moverán sus fichas para colocar a su gente.

Así se prorrogará por mucho tiempo la instauración de un Estado de derecho en el país, garantizado por quienes tienen la responsabilidad de que el poder se norme por el derecho y sus intérpretes constitucionales, y no por la política partidaria.

Jaime García Chávez

https://www.sinembargo.mx/author/jaime-garcia-chavez/

Político y abogado chihuahuense. Por más de cuarenta años ha dirigido un despacho de abogados que defiende los derechos humanos y laborales. Impulsor del combate a la corrupción política. Fundador y actual presidente de Unión Ciudadana, A.C.

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