Víctimas de tentativa de feminicidio y de feminicidio denunciaron que el acceso a la justicia sigue siendo tardío y revictimizante debido a tácticas dilatorias estructurales dentro del Poder Judicial de la Ciudad de México, que lo que buscan es cansar a las familias. Se han enfrentado a prácticas administrativas y judiciales convertidas en obstáculos para garantizar justicia y la erradicación de la impunidad en casos de violencia contra las mujeres. Acá las historias de Yeritza Bautista, Zaira Maité y Fátima Cecilia.
Ciudad de México, 30 de noviembre (SinEmbargo).- ¿Qué papel juega el Poder Judicial de la Ciudad de México en el acceso (u obstrucción) a la justicia para víctimas de violencia feminicida? Es uno de los actores más importantes y que en casos recientes ha contribuído a que los procesos sean tardíos y revictimizantes con fallas administrativas y judiciales estructurales dentro del mismo sistema, convertidos en verdaderos obstáculos para mujeres sobrevivientes de violencia feminicida y familias de víctimas de feminicidio.
El pasado 25 de noviembre se conmemoró el Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres y en México, de enero a octubre de 2024 y con base en datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, suman 2 mil 901 asesinatos de mujeres a nivel nacional, 110 en la CdMx y de los cuales sólo 45 se clasificaron como feminicidio.
Pese a la cantidad de víctimas de feminicidio y de sobrevivientes de feminicidio, el acceso a la justicia sigue siendo una deuda pendiente que se traba, en muchos casos, cuando entra al Poder Judicial de la capital porque se convierte en un viacrucis: “poco se habla de las fallas estructurales que aún en casos en los que se ha detenido y vinculado a proceso al agresor, la justicia no es pronta ni expedita y, en algunas ocasiones, no llega”.
El objetivo, que no se cumples, es garantizar procesos justos, expeditos y con perspectiva de género (obligatorio bajo la sentencia Mariana Lima Buendía de la SCJN), sin embargo, algunos casos demuestran que el sistema judicial, al menos de la CdMx, sigue fallando apostando al desgaste de las víctimas y en pro de la impunidad.
“Lo hemos escuchado muchas veces, que la justicia es pronta y expedita. Pero una justicia no puede ser ni pronta ni expedita si dura más de 3 años el inicio del juicio, o sino podemos empezar un juicio. No puede ser pronta y expedita si se tiene que reponer tres veces el proceso. No puede ser pronta y expedita si la fijación de audiencias es cada 10 días en lugar de hacerlo de manera concentrada en un día, o en una semana, como se hace en otros estados”, dijo Ana Yeli Pérez, directora de la organización Justicia Pro Persona y asesora jurídica del Observatorio Ciudadano Nacional de Feminicidio (OCNF).
Las familias de víctimas de feminicidio y mujeres sobrevivientes de violencia feminicida se enfrentan a adversidades dónde no pueden promover un recurso jurídico para cuestionar la actuación de un juez o jueza porque no ha resuelto su caso, “pero en cambio la persona juzgadora sí puede observar el contexto de violencia institucional y no lo está considerando. Y esto es de manera estructural”.
Repiten tres veces juicio por tentativa de feminicidio
A principios de 2024, Yeritza Bautista, víctima de intento de feminicidio en la Ciudad de México, denunció que el Octavo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito anuló la sentencia condenatoria y la etapa de juicio oral contra Carlos Enrique “N”, su agresor que ya había sido sentenciado a 11 años y 8 meses en prisión.
Fue la ponencia de la Magistrada Silvia Estrever Escamilla la que propuso otorgar el amparo a Carlos Enrique, dejar sin efectos la condena en su contra y reponer el juicio, a más de 4 años de los intentos de feminicidio contra Yeritza, es decir dejando de lado la justicia expedita.
La próxima audiencia de este caso está programada para enero de 2025 y esto ocurre pese a que el delito de intento de feminicidio ya fue acreditado en dos ocasiones pues antes de la sentencia condenatoria, obtenida en septiembre de 2022, la defensa del agresor logró un amparo para reponer el proceso. Entonces, dos jueces distintos fueron quienes lo vincularon a proceso pero pese a todo esto, el juicio iniciará otra vez.
“Nuevamente me imponen iniciar el juicio dejando de lado el derecho primordial de las víctimas a la no revictimización. En 2025 iniciaré por tercera vez el juicio en contra de mi agresor y esta estrategia se está volviendo tan recurrente y lo peor es que es respaldada y solapada por un sistema que apuesta a cansarnos hasta lograr que las víctimas desistamos”.
“Llevo casi 5 años en un proceso en donde ya se acreditó que Carlos Enrique N es culpable de tentativa de feminicidio y no logro tener una sentencia en firme. Pero no porque él sea inocente, sino porque el sistema de muchas formas está fracturado y de muchas formas a las víctimas se nos obliga a continuar en el camino”, dijo Yeritza.
Los principios del sistema penal acusatorio, bajo el cuál se rige el acceso a la justicia en méxico, son: celeridad, concentración, publicidad y juzgamiento con perspectiva de género, pero en el caso de Yeritza todos estos han sido violados pues audiencia se han dilatado de manera injustificada con actos dolosos de la defensa del agresor que permite del Poder Judicial de la CdMx para que el proceso se siga extendiendo pese a los años que ya suma.
Además, hay falta de continuidad pues las reposiciones innecesarias, en este caso el inicio de juicio oral por tercera vez, generan revictimización y prolongan el sufrimiento de la víctima. Y otra violación más, la ausencia de perspectiva de género porque las personas juzgadoras siguen ignorando la violencia estructural contra las mujeres.
Feminicidios: Fátima Cecilia y Zaira Maité
El 11 de febrero de 2020 Fátima Cecilia Aldrighetti Antón, de 7 años de edad, fue desaparecida, y el 15 de febrero su cuerpo fue encontrado en la alcaldía Xochimilco. Fue víctima de feminicidio. En la búsqueda por justicia, su familia ha sido revictimizada y en particular, su tía Sonia López, quien lleva el caso.
El pasado 11 de noviembre le notificaron que el juicio contra Giovanna “N” y Mario “N”, la pareja acusada del feminicidio, había sido anulado debido a que la jueza que llevaba su caso se retiraba por incapacidad médica, tirando a la basura el trabajo de los últimos 10 meses. Ya se habían presentado testigos, peritos expertos en diversos campos y donde la familia revivió con dolor lo sucedido.
“Es una noticia que nos ha costado mucho procesar”, mencionó Sonia López, la tía de Fátima, en un comunicado. “Esta anulación es una revictimización para la familia. Todo el trabajo realizado durante este tiempo para poder alcanzar justicia, se descarta, fue en vano”.
Reiniciar un proceso implica un esfuerzo titánico para las familias porque son meses de escuchar nuevamente los testimonios e informes de peritos sobre los daños ocasionados a la víctima. A cuatro años del crimen, a pesar de las pruebas contundentes en su contra y de haber confesado el crimen a sus familiares, sigue sin haber sentencia.
En conferencia de prensa, Sonia explicó que al iniciar el proceso penal, también comienzan una cadena de absurdos, desgastes, violencias y revictimizaciones hacia las familias porque las defensas empiezan a utilizar todas las estrategias posibles para “desgastarnos y alargar procesos de una manera indefinida. Lo desgastante es para las familias, estar yendo a cada una de las audiencias, estar escuchando todo lo que ocurrió en los días más terribles de nuestra vida es una forma de hacernos revivir al infierno”.
Lo misma ha vivido la familia de Zaira Mayte Martínez Soto, víctima de feminicidio ocurrido el 14 de julio de 2019 en la casa de su agresor, Alfredo “N”, ubicada en la alcaldía Gustavo A. Madero, Ciudad de México. Han pasado más de 5 años y pese a que dicho hombre se mantiene detenido, no se ha podido llegar a una sentencia por las dilaciones de su defensa, solapadas por el Poder Judicial de la capital.
Ana Yeli Pérez explicó que el caso ha sido complejo y agotador ante un abogado privado que ha logrado retrasar el juicio oral. Por ejemplo, en la etapa intermedia del proceso penal, dicho defensor pospuso en nueve ocasiones las audiencias: “ha sido un proceso largo, desde la etapa intermedia que requirió de nueve audiencias. Y ahora para dictar sentencia han sido diez intentos para que se le dicte. Todos los retrasos han sido por el abogado y sus recursos legales que han sido admitidos por el Poder Judicial”.
Otro ejemplo que dió Pérez es que el abogado pidió que el Tribunal de Enjuiciamiento fuera colegiado, conformado por tres jueces y juezas, y no unitario, con una sola jueza, eso ha retrasado años el proceso.
“¿Qué sería de la justicia en este país si no luchamos por ella? ¿Qué sería si no estuviéramos alzando la voz? ¿Por qué tenemos que luchar y arrancar nosotras la justicia de un sistema que se supone está diseñado para protegernos? ¿Qué es lo que está pasando y por qué nuestros derechos van después que los de los agresores? Por eso estamos aquí y por eso vamos a seguir alzando la voz”, concluyó la tía de Fátima.
