Realmente la operación enjambre que emprendieron autoridades federales en el Estado de México, y haciendo, como ellos, una analogía para describir el problema de la corrupción y la infiltración del crimen organizado en la estructura gubernamental mexicana, de cualquier orden, estas accione se vislumbran apenas como la puntita de un iceberg colosal.

De suyo es sabido que las estructuras de los cárteles de la droga y el crimen organizado no podrían subsistir sin la complicidad de gran parte del Estado Mexicano. Y tal premisa no es una novedad ni un caso no probado. En el pasado, por ejemplo, a la captura de Benjamín Arellano Félix en el año 2002 se reveló que dentro de la indagación quedó asentado que el cártel Arellano Félix destinaba un millón de dólares al mes para sobornar a funcionarios públicos, principalmente en las corporaciones policiacas, municipales, estatales y federales, pero eso no ha sido privativo de tal infraestructura de seguridad.

Es de suponer que, si dicha evelación fue acreditada y dada por cierta para ejemplificar el brazo corruptor del CAF, las autoridades investigadoras, procuradoras de justicia, no quisieron continuar la investigación para conocer el nombre de quienes en el gobierno, desde el ámbito de la corrupción, se servían de ese millón de dólares tanto en Baja California, donde estaba asentada la mafia de los hermanos, como en la Ciudad de México donde tenía su bunker la Policía Federal.

En 2016 trascendió que Joaquín Guzmán Loera, el Chapo, estando prófugo dado que se había escapado por segunda ocasión de las barras de una prisión de máxima seguridad, sostuvo en Sinaloa una reunión con dos actores; la mexicana Kate del Castillo, el estadounidense Sean Penn, así como equipo de producción cinematográfica, porque el capo refería a la filmación de una película con su persona como protagonista.

El 10 de enero de 2016, dos días después de que fuese recapturado Guzmán Loera, el actor Sean Penn publicó un artículo de opinión en la revista Rolling Stones donde, entre otras revelaciones, escribió que, en el trayecto hacia el encuentro con el capo de la droga, un retén militar les detuvo el paso, pero que al observar que en el vehículo viajaba uno de los hijos del narcotraficante los dejó transitar libremente. Aunque esta versión, tal cual, fue negada por la actriz Kate del Castillo, quien declaró que no recordaba haber transitado por un retén militar, sí reconoció que durante un trayecto de siete horas por la sierra, “vi varios camiones de militares, pero nunca tuvimos un checkpoint (retén)”.

Para el caso, el retén militar descrito por Penn o los camiones de militares observados por Castillo no fueron investigados por la autoridad mexicana para deslindar responsabilidad sobre militares cercanos o coludidos con la protección del Chapo Guzmán.

Hace unos días, en Baja California, familiares de reos del penal de mediana seguridad de El Hongo desvelaron cómo autoridades del centro de reinserción social les cobraban a los privados de la libertad para tener una cama, ropa limpia, mejores condiciones al interior de la cárcel, la posesión de un teléfono celular y la distribución de drogas. De hecho, en la carpeta de investigación de un asesinato,quedó asentado cómo la orden de matar a un hombre la dio un reo desde ese penal por la vía celular. Sin embargo, las autoridades de la fiscalía estatal que, por cierto, antes ocuparon la titularidad del sistema penitenciario, no ha realizado investigaciones para determinar quienes son los funcionarios que permiten el acceso de celulares y de droga al penal.

Un ejemplo más. Cuando Ismael Zambada García, el Mayo, cofundados del cártel de Sinaloa, escribió una carta desde alguna prisión de los Estados Unidos para dar su versión de cómo fue secuestrado por un hijo del Chapo Guzmán y entregado contra su voluntad a las autoridades de los Estados Unidos, especificó que él había acudido a una reunión convocada por el vástago del narcotraficante donde se reunirían con otras dos personas: Héctor Melesio Cuen, político priísta y ex Rector de la Universidad de Sinaloa, y Rubén Rocha Moya, gobernador del Estado de Sinaloa. Y que, para tales efectos, se hizo acompañar de dos escoltas, entre ellos, a quien identificó como José Rosario Heras López, quien dijo, era comandante de la Policía Judicial de Sinaloa.

Al día de hoy, el comandante de la Policía Judicial de Sinaloa no ha sido localizado, ni vivo ni muerto. Melesio Cuen fue asesinado ese mismo día y el gobernador Rubén Rocha no ha sido tocado con la duda fundada de una investigación oficial, a pesar que recientemente, en un galimatías verbal, declaró que “ha habido encuentros entre los grupos criminales, directamente con la autoridad”.

El enjambre de la corrupción está tejido a lo largo y ancho de la República Mexicana y pocas autoridades se escapan de semejante enredo, sean municipales, estatales o federales, porque, se debe reiterar, las redes criminales no podrían subsistir, desarrollarse y crecer sin el apoyo oficial, sea para evitar la captura, para que se aprehenda a sus enemigos, en calidad de escoltas, para tramitar permisos de construcción, para extorsionar a comerciantes, para adquirir servicios y productos, para secuestrar, para amenazar, para ubicar víctimas, para mantener rutas de trasiego libres de retenes, para que sus ilícitos cargamentos no sean decomisados, y una larga lista que parece interminable.

Por eso, en este contexto, la operación enjambre para desarticular la colusión de servidores públicos con criminales en el Estado de México es una nimiedad frente a los delitos de alto impacto y no investigados en que incurren elementos de las fuerzas armadas, funcionarios designados o electos por mandato popular. La puntita del iceberg en el Estado de México es eso: el director de seguridad de Ixtapaluca detenido por una extorsión de cinco mil pesos a un vendedor del mercado local. El policía municipal del mismo municipio aprehendido por un secuestro exprés, el esposo de la alcaldesa de Tonatico, detenido por extorsionar a un vendedor supuestamente a nombre de la familia michoacana, dos subdirectores de seguridad, de Tejupico y de Naucalpan, señalados de tener ligas con la criminalidad, sin especificar con cuál grupo. El caso más “grande” es el de la alcaldesa de Amanalco arrestada por homicidio calificado, junto a un supuesto cómplice, el director de seguridad, por ordenar el asesinado del Síndico, y presuntamente entregar sobornos al cártel de la Familia, no se sabe cómo ni porqué la ilícita dádiva en carril contrario (de funcionario a criminal y no viceversa).

Es decir, casos más profundos de corrupción arraigada en elementos de la Guardia Nacional que favorecen con sus servicios a células de los cárteles, o comandantes al servicio de capos, han sido exhibidos de manera sistemática en el país, sea por medios de comunicación, por criminales afectados, o sus fechorías han quedado videograbadas, como para que no sean investigados con la “severidad” de la operación enjambre en el Estado de México.

Materia pues, hay mucha, intereses políticos también, oportunismo sobra, y la indagación científica y de inteligencia, escasea, lo cual genera el frío de la impunidad de ese iceberg cada vez más sólido al que nada le hará un enjambre de corrupción a nivel nacional.

Adela Navarro Bello

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