“A ver ahora quién nos regresa”, me dijo con un dejo de sorna, allá por octubre de 2021, un amigo restaurantero que tiene su negocio en la colonia Roma.  Se refería a la autorización provisional para invadir el espacio público que el gobierno de la Ciudad, entonces encabezado por Claudia Sheinbaum Pardo, dispuso para aliviar la crisis provocada en ese sector por la emergencia sanitaria causada por la pandemia de Covid-19.

En ese momento, el comentario del empresario nos provocó sólo risa. Hoy, el tema se ha convertido en un problema mayúsculo: la proliferación incontrolable de “terrazas”, extensiones de fondas, cafeterías, chelerías, restaurantes y otros establecimientos del ramo en la vía pública, incluyendo aceras, estacionamientos, camellones y hasta el arroyo vehicular se ha convertido en una calamidad urbana que nadie parece atender.

Hubo a quien en un principio hasta le agradó la idea de las mesitas con coquetas sombrillas en las banquetas, como una evocación romántica de ciudades europeas como Paris, Roma, Barcelona o Venecia. El símil sería relativamente válido en tratándose de calles que se han hecho peatonales, como ocurre en el Centro Histórico o la otrora emblemática Zona Rosa. En las colonias residenciales, sin embargo, es una plaga infame, insalubre y hasta peligrosa.

Y cada día crece, se agrava.

El fenómeno no es casual, por supuesto. Tampoco fue fruto del puro abuso, el agandalle vil  por parte de los restauranteros, que de eso saben un buen rato. No: fue auspiciado, promovido y autorizado por la propia autoridad capitalina.

Se llamó originalmente  “Programa de colocación de enseres e instalaciones en vía pública para establecimientos mercantiles cuyo giro preponderante sea la venta de alimentos preparados”. Fue establecido en  enero de 2021, cuando en la segunda ola de contagios por Covid-19 la capital estaba en semáforo rojo.

De hecho, se trató de una medida emergente, tras el cierre primero parcial y luego total de los establecimientos del ramo, obligado por la pandemia, con el objetivo de reactivar económicamente a ese importante sector y aliviar así la situación de los empresarios, pero también de sus empleados, en especial meseros y cocineros amenazados con el despido.

El programa fue bien recibido por los restauranteros, claro, entre ellos mi amigo.  Muchos negocios se salvaron de morir, en particular en las alcaldías Cuauhtémoc, Miguel Hidalgo y Benito Juárez. Primero fue anunciado por  la jefa de Gobierno como “permanente” en los meses de mayo y octubre de 2021, aunque  fue hasta abril de 2022 que se publicó como decreto en la Gaceta Oficial del gobierno de CDMX.

Ya en plena pre campaña electoral, adelantada por el propio presidente López Obrador con el destape de sus corcholatas, la jefa de Gobierno expidió el Programa “Ciudad al Aire Libre”, consistente en legalizar de plano, a cambio de una cuota,  la colocación de enseres e instalaciones en vía pública para establecimientos mercantiles cuyo giro preponderante sea la venta de alimentos preparados.

Su objetivo explícito fue establecer las reglas para que dichos  establecimientos mercantiles, ubicados en cualquiera de las 16 demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, puedan colocar enseres en la vía pública para la prestación de sus servicios.

Queda claro que no se trató de una ocurrencia de las alcaldías capitalinas ni son ellas las responsables de esta autorización y sus consecuencias. Es el gobierno central de CDMX quien autoriza y cobra.

En el decreto respectivo se establecen las reglas para el uso de aceras y carriles del arroyo vehicular. Se especifican dos clases de terrazas: las diariamente desmontables, con  sombrillas, mesas, sillas o bancos; y las permanentes, con toldos, plataformas, soportes, barreras físicas o señalética de protección, que no se hallen sujetos o fijos a la vía pública, es decir, que su colocación no implique obra, intervención o modificación al suelo.

El resultado de dicho programa, oficialmente autorizado, es un desastre: caos, anarquía, abusos, contaminación ambiental y visual, corrupción, apropiación de áreas comunes, afectación del paisaje urbano.

Se trata auténticamente de una invasión “legal” del espacio público, que como dijo mi amigo restaurantero, nadie se atreve a detener.  Un cálculo conservador estima que a fines del año pasado había ya cuando menos unas 18 mil de esas terrazas en la Ciudad. La mayoría se ubican en delegaciones centrales como Cuauhtémoc, Benito Juárez y Miguel Hidalgo; pero también existen en otras zonas de la metrópoli, como Venustiano Carranza, Gustavo I., Madero, Tlalpan, Coyoacán.

La invasión es ya poco menos que catastrófica en colonias como la Condesa, Polanco, Roma, Cuauhtémoc, Del Valle, Nápoles, Narvarte, Centro, Lindavista, Algarín, Juárez, Anzures, y hasta Lomas de Chapultepec.

Las terrazas de todo tipo –muchas de ellas construidas con materiales perdurables y ancladas en el piso, lo que viola toda reglamentación— ocupan las banquetas y materialmente impiden el paso a los transeúntes, que en muchos casos tienen que usar el arroyo vehicular… cuando éste no está también invadido por los “corralitos” techados en los que se colocan mesas, sillas y otros enseres.

El colmo es que cada día nuevos establecimientos se apropian también de banquetas y arroyos vehiculares, sin ser por supuesto damnificados de la pandemia. Así ocurre en calles de las colonias Actipan, Insurgentes Mixcoac y Del Valle de la alcaldía Benito Juárez como Parroquia, San Francisco, Tejocotes y otras muchas, donde por cierto es crítico y se ve acentuado el problema de la escasez de espacios de estacionamiento y la consecuente proliferación de franeleros abusivos (perdón por el pleonasmo).

Lo mismo se observa en calles como  Lerma, Pánuco, Tíber o Sena, de la colonia Cuauhtémoc; en Campeche, Amatlán, Michoacán o Ámsterdam, de la Condesa; en Álvaro Obregón, Medellín, Chihuahua, Orizaba o Durango, en la Roma, o en Presidente Masaryk, Homero, Arquímedes, Moliere, en Polanco.  Y no, no hay quien los regrese…. Ni habrá. Válgame.

DE LA LIBRE-TA

BERENJENAL.  Como muchos sin ser adivinos vaticinamos, la llamada  “elección” de jueces, magistrados y ministros del Poder Judicial ya se les hizo bolas. Empezando por la escasez de aspirantes a participar en la mascarada. Y siguiendo con el regateo sobre el costo que tendrá la venganza lopezobradorista (más de 13 mil millones de pesos según estimación original del INE). Ahora enfrentan la  imposibilidad práctica de armar en sólo seis meses el tingladito para poder realizar el remedo, aunque Noroña haya dicho que es posible… ¡Y lo que falta!

@fopinchetti

Francisco Ortiz Pinchetti

https://www.sinembargo.mx/author/franciscoortiz/

Fue reportero de Excélsior. Fundador del semanario Proceso, donde fue reportero, editor de asuntos especiales y codirector. Es director del periódico Libre en el Sur y del sitio www.libreenelsur.mx. Autor de De pueblo en pueblo (Océano, 2000) y coautor de El Fenómeno Fox (Planeta, 2001).

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