La narrativa oficial para justificar la reforma constitucional para la llamada “simplificación administrativa”, es que los organismos autónomos fueron creados en el periodo neoliberal para fragmentar el poder a favor de los oligarcas. También que son nidos de corrupción y representan un despilfarro del erario.

Centrándonos en el INAI, en este espacio hemos dado contraargumentos a los temas del despilfarro. Junto a los otros seis organismos autónomos que van a desaparecer representan 0.05 del presupuesto de egresos de la Federación de este año (México Evalúa).

La organización señaló que el presupuesto es de 4,534 millones de pesos a los siete órganos en conjunto. El presupuesto total de este año fue de 9.06 billones. Nos referimos al INAI, al Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL), Comisión Federal de Competencia Económica (COFECE), Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH), Comisión Reguladora de Energía (CRE) y la Comisión Nacional para la Mejora Continua de la Educación (Mejoredu).

Hemos dicho en este espacio que, gracias a la garantía de información del INAI en principio negada por entidades públicas, hemos conocido megacasos de corrupción que representan decenas de miles de millones de pesos (Odebrecht, SEGALMEX, Estafa Maestra, etc.). Es decir, en términos meramente economicistas la inversión regresa con creces. Ya otra cosa es que las instituciones que deberían recuperar ese dinero, como la FGR, no lo hagan.

Pero hay otros aspectos a destacar en la nueva relación de élites que este régimen va configurando. Nos centraremos en cuatro de estos organismos.  Ahora las funciones garantes de instituciones como la COFECE, CONEVAL, IFT o INAI serán sometidas al ámbito de la discrecionalidad del Ejecutivo.

Todas ellas realizaban una serie de tareas fundamentales del Estado mexicano. Controlar la competencia económica y evitar monopolios que nos subieran los costos de los productos y servicios; la evaluación de la política social para erradicar la pobreza; la política de telecomunicaciones para evitar que unos pocos dueños de medios impusieran su visión de las cosas o que unos prestadores de servicios nos impusieran tarifas excesivas de telefonía e internet; o acceder a la información pública para ejercer otros derechos.

Eso ya no sucederá, lo cual significa una vuelta al pasado de hiperconcentración de poder en la Presidencia de la República. De esta manera, se sustrae de la COFECE y el IFT la capacidad de regular y controlar a grandes empresas con prácticas monopólicas y oligopólicas. Una vez más, las negociaciones con las élites económicas y los consorcios mediáticos (mediante asignación discrecional de concesiones del espacio radioeléctrico), conllevan una nueva repartición de rentas y beneficios mutuos entre oligarcas y poder político. Paradójico resulta que acusen a las instituciones en vías de extinción de defender intereses cupulares, cuando en realidad lo que se busca es un nuevo arreglo político con esas cúpulas.

Basta ver como la constructora CARSO Infraestructura y Construcción S.A de C.V., propiedad de Carlos Slim, no fue sancionada pese a su responsabilidad en la tragedia de la Línea 12 del Metro, y ahora el patriarca es un connotado promotor del proyecto político hegemónico. También hay que observar lo sucedido con los Larrea (Grupo México), a quienes de facto se les ha eximido de reparar el severo daño ambiental infringido al Río Sonora hace 10 años con sus proyectos mineros.

Al desaparecer al CONEVAL, se conjura la posibilidad de evaluar con objetividad la política social, columna vertebral de la llamada 4T. Así, se limitan las posibilidades de reencausar y mejorar lo que no esté saliendo bien en la asignación de recursos a los estratos más empobrecidos. Como correlato, se deja camino libre a las prácticas clientelares que solamente buscan réditos políticos y no mejorar las condiciones de vida de las personas. El control y manipulación de las cifras sobre pobreza es importante para la construcción de una narrativa de supuesto bienestar social que justifique las medidas autocráticas en lo político.

No podemos dejar de señalar -otra vez- lo desatinado que resulta que las funciones revisoras del INAI se atomicen y alojen en cada poder público. Cada poder (Ejecutivo, Legislativo, Judicial, incluyendo privados que ejercen recursos públicos) podrá negar información, y si él o la solicitante se inconforman, ir ante un órgano interno de ese mismo poder a pedir que se revise tal negativa. No hay que ser muy sabio para prever el resultado.

En este marco la presidenta Claudia Sheinbaum presenta una solución poco convincente: trasladar las funciones del INAI a la Secretaría de la Función Pública (futura Secretaría Anticorrupción y de Buen Gobierno). Si tomamos en cuenta que las y los secretarios de estado auxilian a la titular del Ejecutivo y son nombradas y removidas libremente por ella (artículo 89, fracción II de la Constitución), tampoco es imprevisible el resultado de esta medida.

Hay que sumar que el único poder verdaderamente autónomo que quedará en pie, las Fuerzas Armadas, es el más reacio a la transparencia y cualquier control civil. Con la opacidad también se beneficia a los empresarios cercanos al gobierno, una nueva casta económica en construcción, mismos que han sido beneficiados con adjudicaciones directas y esquemas de corrupción en los proyectos gubernamentales.

Con esta reforma destructiva en curso, están garantizando la discrecionalidad en la relación con los poderes económicos y mediáticos; la opacidad sobre vastas parcelas de la vida pública y la manipulación estadística de los impactos de la política social. El otoño de 2024 se perfila como el otoño de la democracia mexicana.

Leopoldo Maldonado

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Es Director Regional de ARTICLE 19 Oficina para México y Centroamérica. Maestro en Derechos Humanos y abogado por la Universidad Iberoamericana. Es integrante del Comité Consultivo del Repositorio de Documentación sobre Desapariciones en México. Durante 15 años ha trabajado como activista y defensor de derechos humanos defendiendo migrantes, personas indígenas, periodistas y víctimas de violaciones graves a derechos humanos.

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