Expertos en migración advierten sobre complicaciones para obtener una Green Card con restricciones que Trump impulsó en 2019; recomiendan preparación para lo peor.
Por Areceli Martínez Ortega y Jesús García
Los Ángeles, 21 de octubre (LaOpinión).- Los planes del Presidente electo Donald Trump para emprender una deportación histórica sin precedentes, ha puesto nerviosa a Daniela, una madre beneficiaria del programa DACA con dos niñas nacidas en Estados Unidos.
“No estoy tan preocupada por mí sino por mis padres que son indocumentados. Somos de México, y me trajeron a mi a este país cuando yo tenía ocho años”, dice Daniela, quien prefiere que su apellido se mantenga en el anonimato.
“Mis padres lo único que han hecho es trabajar. Mi papá se gana la vida construyendo albercas y mi mamá, taquizas. Aquí nació mi hermana menor”.
Daniela de 26 años, tiene una hija de 6 años y otra de un año. Trabaja en un restaurante, es instructora de bailes folclóricos y estudia cosmetología.
“La verdad no hemos hablado de qué vamos a hacer para prepararnos ante una posible deportación de mis papás, pero fuimos con un abogado que lo único que aconsejó, es no abrir la puerta en caso de que llegue migración”.
Según cifras del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), más de 300 mil personas que trabajan en la construcción, la agricultura y el servicio doméstico, fueron deportadas en 2023.
¿Qué sucede con la vivienda de un migrante en caso de deportación?
El abogado especialista en migración Héctor Quiroga de la firma Quiroga Law Office, dijo que cuando un migrante indocumentado es deportado de Estados Unidos, y posee una vivienda, no implica automáticamente la pérdida de la propiedad.
Sin embargo, explicó que la distancia, la falta de acceso al sistema judicial, al financiero cuando existan hipotecas y el pago de impuestos pendientes, pueden complicar la administración de estos bienes.
“Es importante que quienes corran ese riesgo busquen representación legal, que les permita gestionar estos asuntos de manera correcta”.
Otra de las recomendaciones dijo es designar un apoderado o vender la propiedad antes de que la situación se agrave.
En cuanto al salario, dijo que bajo la Ley de Normas Justas de Trabajo (FLSA), los empleadores están obligados a pagar por el trabajo realizado, sin importar el estatus migratorio del trabajo.
“Los trabajadores indocumentados tienen derecho a recibir su salario completo, independientemente de su estatus migratorio. Si un empleador se niega a pagar después de la deportación, el migrante puede presentar una demanda laboral o pedir a un abogado que lo represente en Estados Unidos, con el objetivo de reclamar ese dinero”,
Además – puntualizó – que incluso desde el exterior, es posible iniciar acciones legales para recuperar los salarios adeudados.
Afirmó que si un migrante se enfrenta a una situación de deportación, lo más importante es actuar rápidamente.
“En caso de tener propiedades en los Estados Unidos, se recomienda designar a una persona de confianza para gestionar los asuntos financieros y legales”.
Además, expuso que es crucial documentar cualquier trabajo realizado y mantener copias de los contratos y comunicaciones con los empleadores.
“Muchos migrantes no están al tanto de sus derechos y esto es aprovechado por personas que toman ventaja de su vulnerabilidad para violar los derechos de quienes buscan un futuro mejor en el país”.
Expuso que por esta razón es vital que las personas, aunque indocumentadas, entiendan que tienen derechos laborales y de propiedad en los Estados Unidos.
Es importante también que los padres dejen lista una autorización a una persona que pueda encargarse de la custodia temporal de sus hijos menores, en caso de una deportación.
“Este documento se utiliza para que un familiar o alguien de confianza pueda recoger en la escuela o comprar medicamentos para los niños. Cabe aclarar que la persona que esta tomando el poder de tutor debe ser ciudadano estadounidense o residente permanente legal”, dijo el abogado.
Durante los primeros cuatro años del presidente Trump, el Centro de Recursos Legales de Migración (ILRC) con sede en San Francisco, diseñó una carta poder de custodia temporal para los padres indocumentados con hijos menores.
Luz Gallegos, directora del Centro Legal TODEC con sede en el Valle de Coachella, dijo que aunque no quieren meter miedo a la comunidad migrante, en su campaña “Infórmate, Prepárate y Resiste” aconsejan a los migrantes prepararse con un plan familiar para lo peor, esperando que no llegue.
“Es muy importante que tengan listas sus cartas custodia sobre todo porque hemos tenido situaciones en las que los padres no llegan a la escuela por sus hijos porque Migración los ha detenido. Los maestros no los pueden entregar a cualquier miembro de la familia. Muchas veces los niños terminan en hogares de crianza, lo cual es algo bien traumático para ellos ”, anota.
Dijo qu eese fue el caso de unos padres jardineros que fueron arrestados por migración. “La escuela no quiso entregarlos a la tía, y los niños fueron a parar con una familia de extraños en un hogar de crianza, lo que aumentó el drama que ya estaban viviendo tras la detención de sus papás”.
En lo que toca a las cartas para ceder bienes, es un asunto bien delicado, observó Gallegos.
“Nosotros lo que les decimos es que se trata de su patrimonio y tomen la decisión de si lo quieren hacer o no a su conciencia, porque cuando hay dinero de por medio, el diablo se atraviesa”, mencionó.
Amplió diciendo que dejar cuentas bancarias o propiedades a nombre de otra persona, es un tema que se debe evaluar muy bien en familia para evitar problemas a futuro.
Gallegos añadió que es muy importante, hablar con los niños para que no corran a abrir la puerta cuando alguien toca. “Tenemos esa costumbre, pero ante la situación a la que nos vamos a enfrentar, hay que educar a nuestros hijos pequeños para que no hagan eso”.
TRUMP PODRÍA RETOMAR CATIGO A MIGRANTES
Aunque el Gobierno del Presidente Joe Biden modificó las reglas sobre la regla de carga pública, el Gobierno del presidente electo Donald Trump podría hacer cambios para retornar a los castigos a migrantes que buscó imponer en su primera administración.
“Lo que podría pasar en la segunda administración de Trump, creo que la mejor manera de hacerlo es mirar lo que pasó en la primera administración de Trump y la migración legal en realidad se restringió de varias maneras”, expuso Stuart Anderson, fundador y director de la National Foundation for American Policy. “También la carga pública. Y también hay varias políticas que esperan implementar de una manera amplia, como la carga pública y el mandato de seguro médico que no se puso en vigencia durante mucho tiempo porque estaba bloqueado en la Corte”.
En una conferencia virtual con periodistas, el experto agregó que durante la Administración Trump hubo reducción de refugiados “a un nivel históricamente bajo”, así como la implementación de la prohibición de viajes para musulmanes.
La Administración Trump estuvo a punto de implementar la regla de carga pública que no solamente castigaba a los migrantes por recibir ayudas públicas –en especie o en dinero en efectivo–, sino que también consideraba distintos aspectos, como la edad, la capacitación profesional y las finanzas de un migrante para que calificaran por una Green Card.
El Immigration Hub también alertó sobre los esfuerzos de Trump “para restringir el acceso de los niños de familias de estatus mixto a los apoyos públicos”, indicó en un reporte de octubre pasado.
“En 2019, su restrictiva norma de carga pública tuvo un profundo efecto paralizante en el acceso de las familias migrantes a la atención médica, la asistencia alimentaria y el apoyo para la vivienda”, agregó el grupo.
También la organización KFF, especializada en salud, advirtió que un eventual retorno de la regla de carga pública de Trump puede afectar a los migrantes, recordando que el plan de 2019 tuvo impacto en el uso de programas de asistencia no monetaria como Medicaid y el Programa de Seguro Médico para Niños (CHIP).
“Un análisis previo de KFF estimó que los cambios de 2019 a la política de carga pública podrían haber llevado a una disminución de la cobertura de entre dos y 4.7 millones de inscritos en Medicaid o CHIP que eran no ciudadanos o ciudadanos que vivían en una familia con estatus migratorio mixto”, indica un reporte publicado este jueves.
La regla de Trump fue bloqueada por la Administración Biden, pero incluía llamados bonos de carga pública (o puntos negativos), algo que preocupaba a los abogados migratorios, así como la discrecionalidad de los funcionarios migratorios al momento de evaluar las aplicaciones.
En el primer caso, el mayor cambio era considerar a extranjero como una carga para las finanzas del Gobierno cuando sume 12 meses de recibir ayudas públicas en un periodo de tres años.
LA REGLA DE CARGA PÚBLICA ACTUAL
En julio de 2023, luego de un proceso administrativo para modificar la regla, la Administración Biden implementó lineamientos que no castigan a migrantes por pedir ayudas sociales, salvo solicitar en forma constante apoyos en efectivo.
Los oficiales migratorios hacen actualmente una evaluación de varios aspectos sobre los migrantes:
Situación personal.- Se considera la edad del solicitante, salud y estado familiar.
Finanzas.- Se revisarán los activos, recursos y estado financiero, educación y habilidades del migrante.
Patrocinio.- Los oficiales evalúan si la petición va acompañada de una Declaración Jurada de Patrocinio Económico bajo la Sección 213A de la INA suficiente (cuando se requiera).
Ayudas sociales.- La evaluación contempla si la persona recibió o recibe ayuda para Seguridad de Ingreso Suplementario (SSI); asistencia en efectivo para el mantenimiento de los ingresos en bajo la Asistencia Temporal para Familias Necesitadas (TANF); programas estatales, tribales, territoriales o locales de beneficios en efectivo para el mantenimiento de ingresos (a menudo llamados “Asistencia General”).
HAY MIGRANTES EXENTOS
Sin embargo, la regla de la Administración Biden exenta a 24 tipos de migrantes.
“El motivo de inadmisibilidad por carga pública no se aplica, según la autoridad legal o reglamentaria, a [todos los] solicitantes de visas, admisión y ajuste de estatus”, indica la oficina de Servicios de Ciudadanía e migración (USCIS).
Entre esos migrantes excentos están asilados y refugiados; migrantes amerasiáticos en el momento de la admisión; intérpretes afganos e iraquíes o ciudadanos afganos e iraquíes empleados por el Gobierno de los EU.; cubanos y haitianos en ajuste de estatus; nicaragüenses y otros centroamericanos que estén ajustando estatus a LPR; menores migrantes especiales.
