Con la victoria de Trump, los republicanos controlarán los poderes ejecutivo y legislativo. Esto no es inusual, pero los expertos advierten de que Trump también podría ejercer control sobre el tercer poder, el judicial.
Por Carla Bleiker y Laura Kabelka
Nueva York, 19 de noviembre (DW).– Estados Unidos podría estar encaminándose hacia dos buenos años, al menos si usted es seguidor del Partido Republicano. No sólo su candidato presidencial Donald Trump llegará a la Casa Blanca el 20 de enero, sino que el Partido Republicano, de tendencia derechista, también ganó el control del Senado y conserva el de la Cámara de Representantes.
Desde las elecciones de mitad de mandato de 1858, las primeras en las que demócratas y republicanos se enfrentaron en una carrera de dos candidatos, los votantes han logrado un llamado "gobierno unificado" un total de 48 veces. Los demócratas han tenido la ventaja 23 veces, los republicanos 25. Los partidos se han dividido el control de la Casa Blanca y al menos una cámara del Congreso un total de 38 veces durante ese mismo período.
Por lo general, el partido del presidente no mantiene su control de una mayoría en el Congreso por mucho tiempo. "Aunque es habitual que al comienzo del mandato de un nuevo presidente haya un solo partido a cargo en Washington, sólo ha habido una presidencia desde 1969 en la que el control duró más allá de las siguientes elecciones de mitad de mandato", escribe Katherine Schaeffer, del Pew Research Institute.
Las elecciones de mitad de mandato del Congreso se celebran en la mitad de los cuatro años de la presidencia. El demócrata Jimmy Carter fue de hecho el único mandatario que consiguió y mantuvo el control del Congreso durante la totalidad de su mandato de cuatro años (1977-1981). Aun así, perdió la reelección en 1980, lo que lo convirtió en un presidente de un solo mandato.
Los presidentes son muy conscientes de que su control sobre una mayoría en el Congreso es potencialmente fugaz, dice Nolan McCarty, profesor de Política y Asuntos Públicos en la Universidad de Princeton. "Entonces creo que significa que el presidente (Trump) intentará avanzar rápidamente en ciertas prioridades legislativas", señaló a DW.
¿PUEDE TRUMP INVALIDAR EL SENADO?
El sistema de separación de poderes en Estados Unidos es tan antiguo como la propia Constitución. Con él, los padres fundadores establecieron un sistema de "controles y contrapesos" para limitar el poder de cualquiera de las tres ramas del gobierno, dividiendo las responsabilidades entre el ejecutivo (el presidente), el legislativo (el Congreso) y el judicial (la Corte Suprema y el sistema de tribunales federales).
La Carta de Derechos de Virginia de 1776, que inspiró la Carta de Derechos de Estados Unidos en la Constitución poco más de diez años después, establece claramente que "los poderes legislativo y ejecutivo del Estado deben estar separados y ser distintos del poder judicial".
La cámara alta del poder legislativo, el Senado, desempeñará un papel especialmente importante cuando comience el mandato de Trump en enero, ya que es responsable de confirmar o rechazar los candidatos del presidente para el gabinete. Los republicanos tienen 53 escaños (54 si se cuenta al vicepresidente JD Vance, cuyo voto como presidente del Senado resulta el decisivo en caso de empate en una votación), frente a los 47 de los demócratas, lo que da al Partido Republicano una ligera mayoría.
Pero algunos de los candidatos al gabinete de Trump son controversiales, como la exdemócrata Tulsi Gabbard y el exrepresentante de Florida, Matt Gaetz, cuyo comportamiento extremista en el Congreso lo hizo muy impopular, incluso dentro de su propio partido, lo que significa que la confirmación podría ser un desafío.
El presidente entrante ha dejado claro que preferiría eludir todo el proceso de confirmación por completo. Para hacerlo, Trump podría hacer los llamados "nombramientos en receso", para instalar a los miembros del gabinete mientras el Congreso no está en sesión, lo que le permitiría eludir las audiencias de confirmación. Trump ya ha pedido a los republicanos que aprueben su inusual plan en una declaración en la red social X.
PAPEL DECISIVO PARA LA CORTE SUPREMA
Trump tiene otro as bajo la manga, la Corte Suprema de Estados Unidos, que aunque aparentemente no es partidista, el hecho es que los presidentes solo eligen a los jueces que reflejan sus propias inclinaciones políticas. En su primer mandato como presidente, Trump pudo instalar a tres jueces ultraconservadores en la Corte.
De los cinco hombres y cuatro mujeres que componen la Corte Suprema, todos ellos con nombramientos vitalicios, Trump puede contar ahora con el claro apoyo de seis. Expertos como McCarty esperan que Trump logre muchos de sus objetivos políticos con las llamadas "órdenes ejecutivas", que le permiten eludir el Congreso y todo el proceso legislativo. "El control normal de eso son los tribunales", dice McCarty. Y con la Corte Suprema y otros numerosos tribunales federales bajo control republicano, "será un poco más fácil escapar del escrutinio judicial de esas acciones".
MÁS PODER DE TRUMP
Esa inclinación republicana también podría tener un efecto en los planes de Trump para la deportación masiva de inmigrantes ilegales. La Corte Suprema, por ejemplo, podría ser llamada a pronunciarse sobre la constitucionalidad del despliegue de tropas estadounidenses en el país para llevar a cabo deportaciones, o sobre intentos de anular la ciudadanía por nacimiento (garantizada por la 14 enmienda de la Constitución de Estados Unidos), como dijo a DW la profesora de Ciencias Políticas de la Universidad George Washington, Sarah Binder.
A Binder le preocupa que la actual Corte Suprema, de mayoría conservadora, pueda optar por ignorar los precedentes legales y en cambio dictar sentencias regularmente a favor de las políticas republicanas. Binder señala como ejemplos de ello los recientes fallos de la corte sobre el derecho al aborto y la inmunidad presidencial.
"Eso es lo que me preocupa de la corte", dice la politóloga, "que respaldaría y empoderaría al presidente Trump para que otorgue mucho más poder al poder ejecutivo del que creo que los redactores de la Constitución jamás imaginaron que debería ser el caso".
