La reciente aprobación de las reformas constitucionales en el Congreso de la Unión para incluir a los animales en la Constitución de México es, sin duda, un logro monumental. Tras años de lucha, la protección animal ha alcanzado el reconocimiento jurídico más alto del país. Estas reformas no sólo sitúan a los animales en el texto constitucional, sino que también le otorgan al Estado mexicano la obligación de garantizar su bienestar, algo que hasta hace poco parecía una meta distante.
¿Por qué es esto importante? Porque finalmente se establece la obligación del Estado mexicano, a través de todas las autoridades, de garantizar el bienestar animal, se determina que el maltrato animal está prohibido y que el Congreso de la Unión tiene el mandato de legislar en la materia. Además, los planes de estudio en todo el país deberán incluir contenidos sobre la protección animal, lo que representa una transformación cultural profunda en nuestra relación con los animales. Este cambio educativo es crucial, ya que si aspiramos a un país más justo, debemos empezar por educar a las nuevas generaciones.
Sin embargo, es vital que no perdamos de vista la realidad. A pesar de que estas reformas marcan un antes y un después, no debemos abandonar ni bajar la guardia en esta lucha porque la aprobación de cambios constitucionales es solo el comienzo de un largo camino. ¿Por qué lo digo? Porque el verdadero cambio dependerá de cómo se implementen estas nuevas disposiciones.
Dentro del dictamen aprobado se incluye un Artículo Transitorio que establece que, en un plazo de 180 días, el Congreso debe expedir una ley general que abarque el bienestar, cuidado y protección de los animales. Este artículo también menciona la prohibición del maltrato en la crianza y sacrificio de animales de consumo humano, así como en el uso de ejemplares de la vida silvestre en espectáculos con fines de lucro. Sin embargo, ¿qué significa esto en la práctica?
Estamos hablando de legislar en sectores industriales poderosos, como la ganadería, que son altamente influyentes. No podemos esperar que estos cambios se adopten sin resistencia. Las fuerzas económicas intentarán diluir estas medidas o, peor aún, garantizar que los cambios legales no se traduzcan en una supervisión efectiva. El reto será asegurarnos de que la ley general, que debe redactarse en menos de seis meses, no solo incluya las disposiciones correctas, sino que además tenga los mecanismos necesarios para ser implementada y vigilada rigurosamente, sin ir a menos de lo que ya se ha legislado en los estados.
Como sociedad civil, tenemos la responsabilidad de mantenernos atentos y continuar ejerciendo presión sobre nuestros legisladores y legisladoras para hacer valer nuestras exigencias en favor de los animales. También de vigilar y alzar la voz cuando sea necesario, así como reflexionar si el camino que avanzamos es el mejor para los animales.
El reconocimiento constitucional es un logro, una primera batalla que debe servirnos como impulso para una lucha mucho más amplia. La implementación efectiva de estas reformas y la aprobación de una ley general sólida será el verdadero punto de inflexión para los animales en México.
Este logro es un hito y un recordatorio de que la verdadera transformación se construye con persistencia, vigilancia y, sobre todo, acción constante. Los animales ahora tienen un lugar en nuestra Constitución, pero debemos asegurarnos de que también tengan un lugar en nuestras leyes, nuestras políticas y, finalmente, en la práctica diaria de nuestra sociedad. Vamos por más, ¡lo estamos logrando!
