El régimen hoy en el poder ya tiene preparada una reforma a la Constitución que busca cambiar la redacción del Artículo 19 con el fin de ampliar el número de delitos que ameritan prisión preventiva oficiosa.

Es importante que los lectores sepan de qué se trata esto porque lo que está detrás es ni más ni menos que la liquidación del principio de presunción de inocencia, piedra angular de la civilización humana.

Aunque la práctica se remonta a un tiempo anterior a la llegada de la mal llamada 4T al poder, lo cierto es que ella ha sido defendida, promovida y fortalecida por el oficialismo desde su arribo al poder. Sabedores de que la prisión preventiva oficiosa puede presentarse demagógicamente como un signo de que el gobierno es duro con los delincuentes, el régimen gobernante está impulsando su profundización. Curioso que este sea el caso viniendo de un gobierno cuya política principal contra el crimen se condensa en la frase «Abrazos no Balazos».

Así, en lugar de que delincuentes verdaderos terminen en la cárcel, lo harán muchos inocentes, algunos de ellos por causas de disidencia política.

Con esta Ley se va consolidando un sistema político autoritario, donde, por la vía de los hechos, se clausuran las libertades, pues no sólo te pueden meter a prisión sin pruebas, sino que no tendrías realmente oportunidad de recurrir a un amparo o a otro recurso, de acuerdo con la nueva doctrina oficialista.

En lugar de extender supuestos delitos para ampliar el catálogo de infracciones que ameritan la prisión preventiva oficiosa lo que se debería hacer es exactamente lo contrario: promover que todo procesamiento de un posible delito pase por un juicio justo y expedito. ¿Quién en su sano juicio podría estar en desacuerdo con esto?

Hay que decir también que la aprobación de esta Ley estaría en contradicción con lo establecido por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) la cual ha determinado que la prisión preventiva oficiosa viola la Convención Interamericana de Derechos Humanos. La CIDH no ha dudado en decir que este tipo de penas arbitrarias son predominantes en regímenes autoritarios. 

De acuerdo con la propuesta de reforma, el catálogo se ampliará a delitos de extorsión, narcomenudeo, actividades ilícitas relacionadas con fentanilo y otras drogas sintéticas, defraudación fiscal, contrabando y toda actividad relacionada con falsos comprobantes. Indudablemente, muchas de estas infracciones merecen castigo. Pero este sólo puede ser determinado por un juez como resultado de un juicio en el que el defendido tenga una defensa de acuerdo con el derecho constitucional.

Si las reformas a la Ley se aprueban, no importará si alguien cometió el crimen o no, bastará con que una persona poderosa acuse a cualquiera de haber transgredido el artículo 19 reformado  para que se proceda con la pena de cárcel. El ciudadano común queda desprotegido frente a los poderosos. La prisión preventiva oficiosa es una Ley bárbara y, por ello mismo, tiránica. Oponérsele es un deber.

Gustavo de Hoyos Walther

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Abogado y empresario. Ha encabezado diversas organizaciones empresariales, comunitarias, educativas y filantrópicas. Concentra su agenda pública en el desarrollo de líderes sociales (Alternativas por México), la participación ciudadana en política (Sí por México) y el fortalecimiento del estado de derecho (Consejo Nacional de Litigio Estratégico).

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