Lo dijo claramente López Obrador en enero de 2021. Iban contra el Instituto Nacional de Transparencia Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, conocido como INAI. Como adelantó el oficialismo, la semana que entra discutirán la reforma constitucional para extinguir al INAI y otros órganos constitucionales autónomos. El dictamen ya está listo desde la legislatura pasada. La sentencia de muerte está prácticamente dictada en un Parlamento reticente al diálogo.

Aún este panorama desolador, vale la pena rescatar algunos puntos contradictorios de la reforma con base en el dictamen. Basamos estas líneas en el impecable análisis que las expertas en el derecho a la información de Fundar, Observatorio de Designaciones Públicas y Artículo 19 han hecho al respecto. No está de más decir que ese análisis ha sido presentado a ambas cámaras legislativas, obteniendo como única respuesta el silencio.

Primero ¿Por qué se necesita un órgano autónomo garante de la transparencia y el acceso a la información?  El antecesor del INAI, el IFAI sólo era competente a nivel federal. Los poderes legislativo y judicial, así como los organismos autónomos eran responsables de crear en su estructura una figura que fungiera de órgano garante, sin independencia. Aunado a lo anterior, la ciudadanía se encontraba ante una variedad de procedimientos y órganos dependiendo del sujeto al que realizará la solicitud.Las resoluciones de los organismos garantes eran constantemente impugnadas por los sujetos obligados que no querían soltar la información (por ejemplo, ante el Tribunal de Justicia Administrativa). El proceso de designación de quienes integraban sus órganos de gobierno recaía principalmente en el Poder Ejecutivo.

Por ello, la autonomía constitucional establecida en la Constitución en 2014 fue un logro de la sociedad, grupos e instituciones interesadas en el acceso a la información. Al quitar la autonomía del INAI y transferir sus funciones a la Secretaría de la Función Pública (SFP), que pertenece al Poder Ejecutivo, se estaría subordinando su funcióny  condicionando su independencia. Por ejemplo, difícilmente la Secretaría en cuestión resolverá en contra de la Oficina de la Presidencia para que abra información que en principio se niega a dar.

Segundo ¿Por qué se necesita un órgano especializado? En México ha habido un largo proceso de más de 20 años para la implementación de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Este proceso ha permitido, por un lado, la familiarización de la burocracia con el acceso a la información pública y sus responsabilidades.  Por el otro, la profesionalización del INAI en sus mandos medios y cuadros técnicos ha desarrollado una red de profesionales especializados en el país.

La tendencia en América Latina (salvo Bolivia y Guatemala) y Europa es la contrucción de esta especialización en un cuerpo técnico específico. Difícilmente insertar facultades en materia de transparencia en una dependencia subordinada al Ejecutivo y cuya función primordial es otra, puede desarrollar argumentos técnicos y expertise en el tema. Los retos actuales en el acceso a la información pública son múltiples y no es una subsecretaría o una dirección general el ancla institucional para resolverlos.

Tercero ¿Es el INAI una institución onerosa? El presupuesto del INAI para la protección de dos derechos humanos para el año 2024 es de 1,097 millones, menor al de otras instancias que facilitan la lucha anticorrupción como el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, la Auditoría Superior de la Federación y la Secretaría de la Función Pública. La organización México Evalúa refirió que el presupuesto del INAI sólo representa un centavo de cada cien pesos del presupuesto público. Y, según el mismo INAI, la información y protección de datos personales le cuesta a las y los contribuyentes 7.17 pesos anuales o bien 59 centavos mensuales a cada mexicana y mexicano.

A pesar de que su presupuesto no representa un cargo oneroso para el erario público, se insiste falazmente en este tema. Basta ver como el INAI ha contribuido a la detección de grandes actos de corrupción como la Estafa Maestra, a través de resoluciones que ordenaron la apertura de información valiosa. Bajo un análisis costo-beneficio,  el presupuesto del INAI no se compara con los montos descubiertos por actos de corrupción en el país en casos como la mencionada Estafa Maestra que generó pérdidas al erario de 7 mil 500 millones. O el caso Odebrecht, que representó un desfalco de más de 119 millones de pesos. Tampoco se equipara al caso Segalmex, con desvíos de aproximadamente 9 mil 500 millones de pesos.  Estos montos, en su conjunto, alcanzarían para dotar de recursos al órgano garante por 17 años, pues en promedio recibe mil millones al año. Ello sin dejar de lado los grandes beneficios sociales que trae la apertura de información en el día a día, por ejemplo, los expedientes clínicos que son negados a los pacientes del IMSS.

Cuarto ¿Qué representa para la avance del derecho a la información? La reforma es, de hecho, un retroceso grave. La eliminación de la autonomía del órgano garante de transparencia y su adscripción al Poder Ejecutivo significa una regresión de más treinta años en la tutela de los de los derecho de acceso a la información y protección de datos personales.  Se regresará al modelo en donde los otros poderes públicos y/o entes privados quedaban fuera de toda vigilancia o en donde la misma institución actúa como juez y parte en la defensa del derecho. En resumen, se reolverá conforme a criterios políticos y con suma discrecionalidad.

Paradójico resulta que en 1977, por iniciativa de la entonces incipiente oposición legislativa de izquierda, se sumara el derecho a la información en la Constitución. A partir de ese momento se detonó una larga lucha para avanzar en la garantía institucional del derecho a la información. Esto representó convertirlo de una mera aspiración a una realidad. Hoy, el oficialismo que se asume heredero de dicha expresión política, está a punto de volverlo inoperante.

Leopoldo Maldonado

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Es Director Regional de ARTICLE 19 Oficina para México y Centroamérica. Maestro en Derechos Humanos y abogado por la Universidad Iberoamericana. Es integrante del Comité Consultivo del Repositorio de Documentación sobre Desapariciones en México. Durante 15 años ha trabajado como activista y defensor de derechos humanos defendiendo migrantes, personas indígenas, periodistas y víctimas de violaciones graves a derechos humanos.

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