Las principales causas de enfermedad y muerte en México ya no son transmitidas por insectos, virus o bacterias. Se encuentran en el consumo de productos que inundan el mercado, productos comerciales que han invadido nuestro entorno. Se trata de productos ultraprocesados y bebidas endulzadas, del tabaco y el alcohol, que son las principales causas de enfermedad y muerte en nuestro país.

Una política de salud enfocada al final del escape está destinada al colapso. Sin duda, es fundamental atender a la población enferma, evitar que su estado de salud se agrave es esencial, especialmente considerando que un alto porcentaje de la población mexicana está enferma o en alto riesgo de enfermar. Recordemos que el 14% de los adultos presenta diabetes y más del 70% tiene sobrepeso u obesidad. Pero si recordamos que una de las razones principales de que esté enferma es el alto consumo de estos productos y nada se hace para bajar su consumo, es como sacar con una bandeja el agua que entra a la embarcación en que navegamos, sin tapar el hoyo por el que el agua entra, un hoyo que se agranda con el alto consumo de estos productos. Tal es el caso de la diabetes en el país, que crece y crece, provocada por una mala alimentación.

Cada año mueren a causa del consumo de estos productos (ultraprocesados, bebidas azucaradas, tabaco y alcohol) alrededor de 196 mil personas. Solamente a la comida chatarra y las bebidas azucaradas se les atribuyen más de 93 mil muertes al año; al tabaco, 63 mil, y al alcohol, más de 39 mil.

Sabemos que México es un país sumido en la violencia y que las cifras de asesinatos han estado por encima de los 30 mil anuales en los últimos seis años. Tan solo el consumo de alcohol supera en muertes a los asesinatos con casi un 30% más. El consumo de tabaco duplica las muertes por asesinatos, y el consumo de ultraprocesados y bebidas azucaradas lo triplica. Tan solo el consumo de bebidas azucaradas en México se estima que causa más muertes que la violencia de todo tipo en el país, con alrededor de 40 mil muertes.

No hay recursos ni los habrá para mantener un sistema de salud que enfrente las consecuencias del consumo de estos productos, si no se implementan políticas para reducir su consumo. Estas políticas han demostrado éxito en otras naciones, pero en México no se han implementado o se han implementado débilmente, porque funcionarios, legisladores y jueces han servido a los intereses de las corporaciones de comida chatarra, tabaco y alcohol o han evitado enfrentarlos.

Veamos: México fue el primer país en establecer un impuesto a las bebidas azucaradas, y se reconoce que fue el ejemplo para que naciones como el Reino Unido, Portugal, Filipinas, Sudáfrica e India establecieran este impuesto, así como varias ciudades de Estados Unidos. El detalle es que, en México, el impuesto se estableció muy por debajo de lo recomendado internacionalmente. Fue de aproximadamente el 10% cuando lo recomendado es, al menos, el 20%. En todos los demás países se estableció del 20% o más, y los resultados han sido muy buenos para la salud y en la generación de recursos públicos, recursos que sufren una gran demanda del sector salud para enfrentar los daños generados por el consumo de estos productos.

Como vemos, México, al establecer el impuesto (siendo en ese entonces el mayor consumidor de bebidas azucaradas, cuyo consumo se relaciona directamente con el aumento de obesidad y diabetes), no lo hizo como debería. Los funcionarios y legisladores cedieron a las presiones, en especial de FEMSA Coca Cola, y el impuesto quedó a la mitad del mínimo requerido. A pesar de eso, las tendencias en el consumo cambiaron, y los mexicanos dejamos de ser los mayores consumidores de esas bebidas. La evidencia ha demostrado que el gobierno requiere urgentemente aumentar el impuesto a las bebidas azucaradas y los productos ultraprocesados si quiere reducir los daños al final del escape.

En cuanto al tabaco, los impuestos en México no han llegado a lo recomendado por el Convenio Marco de la OMS para el Control del Tabaco, y el poder judicial ha dado marcha atrás a otras medidas como prohibir la exhibición de los productos de tabaco en los puntos de venta. Se mantiene la venta de cigarrillos electrónicos y, ahora, de las bolsitas de nicotina, productos ampliamente comercializados para crear adicción entre los jóvenes a estos derivados del tabaco.

Por otro lado, en el consumo de alcohol no tenemos nada. En el país no existe una política nacional sobre el consumo de alcohol: los puntos de venta aumentan, los horarios de venta se han ampliado, la publicidad de alcohol ha tomado el patrocinio y control de deportes muy populares y de eventos musicales para jóvenes. Se venden bebidas en las calles, carreteras, mercados, en todos lados. Al consumo de alcohol se asocia no solo una larga lista de enfermedades y muertes, sino también un alto porcentaje de los casos de violencia de género, intrafamiliar y comunitaria. El alcohol se ha convertido en un producto de consumo altamente normalizado, así como se han normalizado una serie de conductas de deterioro social que provoca su consumo.

De no enfrentarse el consumo de estos productos comerciales, principales causantes de enfermedad y muerte en nuestro país, veremos hundirse el sistema de salud junto con nuestras finanzas públicas y el deterioro de las economías familiares, mientras las ganancias de las grandes corporaciones aumentan, saliendo gran parte de ellas del país.

De esta manera, el gobierno, la 4T y los demás partidos seguirán subsidiando a estas grandes corporaciones para que mantengan y aumenten sus ganancias multimillonarias, dejando en nuestro país una enorme crisis sanitaria y financiera.

¿Se mantendrá la política de salud «al final del caño» o se retomarán políticas para reducir el consumo de estos productos?, como lo recomiendan no solo los organismos sanitarios internacionales, sino también los propios organismos financieros, que han reconocido abiertamente que no hay viabilidad sanitaria ni financiera para las naciones si no se reduce el consumo de estos productos.

Alejandro Calvillo

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Sociólogo con estudios en filosofía (Universidad de Barcelona) y en medio ambiente y desarrollo sustentable (El Colegio de México). Director de El Poder del Consumidor. Formó parte del grupo fundador de Greenpeace México donde laboró en total 12 años, cinco como director ejecutivo, trabajando temas de contaminación atmosférica y cambio climático. Es miembro de la Comisión de Obesidad de la revista The Lancet. Forma parte del consejo editorial de World Obesity organo de la World Publich Health Nutrition Association. Reconocido por la organización internacional Ashoka como emprendedor social. Ha sido invitado a colaborar con la Organización Panamericana de la Salud dentro del grupo de expertos para la regulación de la publicidad de alimentos y bebidas dirigida a la infancia. Ha participado como ponente en conferencias organizadas por los ministerios de salud de Puerto Rico, El Salvador, Ecuador, Chile, así como por el Congreso de Perú. el foro Internacional EAT, la Obesity Society, entre otros.

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