Chiapas vuelve a ser noticia internacional, está vez por el asesinato del sacerdote tsotsil Marcelo Pérez Pérez, ocurrido el pasado domingo 20 de octubre, tras salir de oficiar misa en la iglesia del Barrio de Cuxtitali, de San Cristóbal de las Casas. Marcelo Pérez era no solo un sacerdote conocido de la diócesis de San Cristóbal, sino que era más reconocido en su papel de gestor y mediador de la paz en distintas comunidades y regiones de Chiapas. 

El centro de derechos humanos Miguel Agustín Pro Juárez destacó, por ejemplo, la mediación del padre Marcelo Pérez en el conflicto que, en noviembre de 2018, desplazó a 400 familias de la comunidad de El Bosque tras un ataque armado, y trabajó para que pudieran retornar a su comunidad. El asesinato del padre Marcelo Pérez ha sido cuestionado tanto por la Iglesia mexicana, como por organizaciones de derechos humanos de México y del mundo, y especialmente repudiado en las comunidades chiapanecas donde ejercía una labor pastoral que recordaba a las que ejerció, décadas atrás, el obispo de San Cristóbal, Samuel García.

Pero no es la única noticia preocupante que viene desde el sureste. Cuatro días antes del asesinato del padre Marcelo Pérez, el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN), denunció el incremento de las amenazas y la violencia en contra de la comunidad zapatista 6 de Octubre, por parte de la población de Palestina, municipio de Ocosingo, en Chiapas. “Desde hace unas semanas, pobladores de palestina han amenazado a mujeres, ancianos, niños y hombres del poblado zapatista ‘6 de Octubre’, parte del Caracol de Jerusalén, con desalojarlos de las tierras que ocupan y trabajan, en forma pacífica, desde hace más de 30 años”, señaló el EZLN en un comunicado firmado por el subcomandante Moisés.

Días antes, el EZLN había lanzado una convocatoria nacional y global para celebrar en sus territorios los encuentros internacionales de Rebeldías y Resistencias a fines de este año y a lo largo de 2025 para discutir el tema “La Tormenta y el Día Después”, sobre la crisis del capitalismo y las alternativas de construcción de otras formas sociales de convivencia, pero dada la “grave situación” de violencia que atraviesan, decidieron suspenderlos temporalmente. Señaló Moisés en el comunicado que contemplan la cancelación de los encuentros “debido a que no habría seguridad para los asistentes en ningún lugar de Chiapas. Ésta es la realidad de la ‘continuidad con cambio’ en los malos gobiernos”.

Estas noticias que atraviesan Chiapas ocurren mientras se intensifica la violencia en Sinaloa por el enfrentamiento de dos facciones del Cártel Sinaloa, o los autos con bombas que explotaron en Guanajuato, y el enfrentamiento en Guerrero que dejó al menos 19 fallecidos. 

Sin embargo la violencia en Chiapas parece obedecer más bien a otros patrones, como lo explicó en un informe el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas (Frayba): “En Chiapas nos encontramos en medio de una diversificación y opacidad de grupos armados que utilizan la violencia para el control social, político, económico y territorial marcada por la continuidad de una estrategia contrainsurgente; así como una impunidad fomentada por actores estatales que abona al despojo, explotación y marginación social. El aumento de esta violencia ha dejado graves violaciones a los derechos humanos, dentro de las que destacan situaciones de desplazamiento forzado masivo e intermitente, desapariciones, despojo de tierras, asesinatos, tortura, entre otras”.

La particularidad de la violencia en Chiapas, subraya el Frayba, es que es contrainsurgente, es decir que pretende atemorizar y detener los procesos de organización social y política autónoma, que no encaja con ninguno de los partidos políticos y que pretende transformar a profundidad el actual sistema social y político. De acuerdo al informe de este centro de derechos humanos, con esta violencia “Se apuesta a una continuidad de la guerra que beneficia a los poderes fácticos en México, un ascenso de la violencia generalizada y el aumento de la crisis de derechos humanos”.

Es decir, el despliegue de las violencias estatales y privadas en Chiapas están entrelazadas en su versión contrainsurgente, para amenazar y castigar a quienes se organizan autónomamente y por lo tanto desafían los modelos y patrones políticos económicos impuestos desde arriba. En una carta que recoge las voces de cientos de activistas, académicos e intelectuales de México y el mundo, se denuncian esta guerra en particular contra las comunidades zapatistas: “La guerra del narco que ensangrentó la frontera norte de México y poco a poco todo el país, ahora se extiende hacia el sureste y la frontera sur, y ahí los intereses criminales extractivistas, narcoeconómicos y contrainsurgentes de arriba confluyen y se convierten en una guerra narcoparamilitar particularmente hostil en contra de las Comunidades Zapatistas, mientras la Guardia Nacional y el resto de las Fuerzas Armadas no solo solapan estas prácticas criminales sino que las protegen y por otro lado asesinan a migrantes” (el comunicado se puede consultar en el portal del Congreso Nacional Indígena: https://cutt.ly/9eD7aOcM).  

El propósito, se indica en este pronunciamiento firmado entre otras por la vocera del Conceso Indígena de Gobierno, María de Jesús Patricio, tiene el propósito de combatir el proyecto de autonomía zapatista. “Esta dinámica de guerra obstaculiza la posibilidad de que las comunidades zapatistas sigan construyendo desde su autonomía y desde el común esa realidad esperanzadora que ellas, ellos, elloas llaman cotidianidad, para que en su espejo podamos vislumbrar las veredas para sobrevivir el colapso y pensar en el día después”. 

Por eso ya desde 2021 el EZLN había lanzado la advertencia de que Chiapas estaba “al borde una guerra civil”. Probablemente lo últimos acontecimientos de violencia ya han rebasado ese borde. El Estado debe detener las agresiones contra las bases de apoyo zapatistas y toda la población civil, dejar de alentar y patrocinar el paramilitarismo y enfrentar a las organizaciones del crimen organizado. De no hacerlo, la guerra civil será una realidad en Chiapas, y será responsabilidad del actual gobierno.

Rubén Martín

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Periodista desde 1991. Fundador del diario Siglo 21 de Guadalajara y colaborador de media docena de diarios locales y nacionales. Su columna Antipolítica se publica en el diario El Informador. Conduce el programa Cosa Pública 2.0 en Radio Universidad de Guadalajara. Es doctor en Ciencias Sociales. Twitter: @rmartinmar Correo: [email protected]

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