Activistas de derechos humanos y comunidades también han denunciado que en Chiapas la presencia militar no solo no ha contribuido a la pacificación y combatir la violencia recrudecida, sino que, por el contrario, ha agudizado la inseguridad y la desprotección de los habitantes.
Ciudad de México, 27 de octubre (SinEmbargo). La violencia en Chiapas continúa en un aumento alarmante, convirtiendo a la región en el epicentro de la violencia en el sur de México, denunciaron ciudadanos, comunidades y activistas, que en respuesta a la escalada de la inseguridad, han realizado múltiples protestas y marchas tanto en Chiapas como en la Ciudad de México.
Las comunidades zapatistas, además, denuncian que, mientras la situación se agrava, las autoridades estatales y federales solo han minimizado el problema. La presencia del Ejército en la zona, dijeron, no solo no ha contribuido a la pacificación, sino que, por el contrario, ha agudizado la inseguridad y desprotección de sus habitantes.
El reciente asesinato del padre y activista tzotzil Marcelo Pérez Pérez, integrante de la Diócesis de San Cristóbal de Las Casas que denunciaba la inseguridad y el estado criminal en la región, ha elevado las denuncias de comunidades y activistas que claman por un alto a la violencia.
“En las comunidades cada vez está peor. Ya no puede uno salir al campo a cultivar o a cosechar por el miedo de quedar atrapado en un enfrentamiento o que te toque alguna bala, aunque uno no esté en ningún grupo armado [...] En las últimas semanas han sido disparos casi de a diario o varias veces al día”, narró en entrevista con SinEmbargo Guadalupe Vázquez Luna, sobreviviente de la masacre de Acteal y miembro de la organización “Abejitas de Acteal”.
En Chiapas, las víctimas de homicidio doloso, aumentaron un 72.91 por ciento solo en el periodo de enero a septiembre, registrando ya 683 víctimas, es decir, 288 más que en el mismo periodo del año anterior, cuando se reportaron 395, de acuerdo con los datos oficiales del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.
“Lo que se vive ahora en Chiapas es una guerra que ya se ha vivido en otros estados, como Chihuahua, Tamaulipas y Sinaloa”, señala Francisca Urias, una ciudadana y activista que participó en la movilización y marcha que recorrió el Paseo de la Reforma en la Ciudad de México hasta el Palacio Nacional para exigir un alto a la guerra e inseguridad contra las comunidades zapatistas.
Por su parte, desde Chiapas, Vázquez Luna relató que las comunidades indígenas viven bajo constante riesgo y miedo. “(La violencia) está enfermando al pueblo; estamos viviendo con miedo y lo peor es que algunos vivimos con miedo y otros se están acostumbrando a la violencia. Eso es muy peligroso para nosotros, porque no podemos acostumbrarnos a una vida así. No merecemos una vida en la que tenemos que adaptarnos a esta violencia”, denunció la activista de Acteal.
En Chiapas, un territorio marcado por la pobreza, la migración forzada y los ataques a sus tierras, ha afrontado a lo largo de los años diversas violencias históricas, como la colonial, capitalista, industrial y paramilitar. Ahora sus comunidades se ven confrontadas por una nueva forma de violencia armada perpetrada por grupos del crimen organizado, lo que ha desencadenado episodios violentos y el desplazamiento de miles de personas y comunidades enteras.
Las comunidades y habitantes denuncian que Chiapas se ha vuelto el epicentro de confrontación dentro de un conflicto y guerra que recorre el país desde hace años, particularmente desde el 2006, cuando el expresidente Felipe Calderón inició la llamada Guerra contra el Narcotráfico.
La disputa del crimen organizado por distintos tipos de mercados ha llegado ya hasta San Cristóbal, Tapachula y los municipios más cercanos a la frontera. La pugna se identifica principalmente por dos cárteles que se están disputando directamente el control del territorio: el Cártel de Sinaloa y el Cártel de Jalisco Nueva Generación.
El sociólogo Raúl Romero, académico de la Universidad Nacional Autónoma de México y experto en la historia zapatista de Chiapas, señala que esta guerra, cuyos orígenes de despliegue datan de 2006 con la estrategia de seguridad del entonces presidente Felipe Calderón, ha convertido a Chiapas en un escenario de disputa no solo por territorios y fronteras, sino también por economías criminales, tráfico de drogas, armas y, de manera crítica, de personas.
El académico explicó que uno de los motivos por los que Chiapas es atractivo para el crimen es por su frontera, que, además de ser una de las más concurridas en el paso migratorio hacia Estados Unidos, con el incremento de la migración ha representado oportunidades lucrativas para redes criminales que cobran a migrantes y para las redes de trata de personas.
“Ahora, además de todas estas violencias históricas, está la violencia del crimen organizado. ¿Por qué se están disputando este terreno? Primero, por lo que implica el control de la frontera y todo lo que representa en términos de tráfico de drogas y de armas. Segundo, por el boyante negocio del tráfico de personas. Hoy en día, Chiapas es una de las fronteras del mundo por donde más personas pasan en su camino hacia Estados Unidos; gente de África y Asia llega por esta parte de la frontera. Ahí se abren distintos negocios que incluyen no solo el cobro a personas migrantes, sino también la renta de infancias para que otras personas puedan cruzar bajo contratos distintos. Es la frontera por el control de drogas y la frontera por el tema del tráfico de personas lo que se está concentrando ahí”, detalló.
Guadalupe Vázquez Luna explicó que el impacto de la violencia ha sido devastador en las comunidades, tanto económica como psicológicamente, para las comunidades. La inseguridad ha afectado directamente sus medios de sustento, como la agricultura, y ha generado una profunda angustia en las familias, mientras que, por parte de las autoridades, no han tenido una respuesta efectiva.
La activista destacó que, a pesar de las múltiples denuncias, el Estado mexicano, las autoridades tanto estatales como federales, continúan minimizando la gravedad de la situación; una postura que, de acuerdo con Vázquez Luna, solo ha servido para perpetuar el ciclo de violencia al ignorar las verdaderas necesidades de las comunidades y permitir que el crimen organizado opere sin impedimentos.
“Chiapas, yo creo que desde hace muchos años ha sido como un foco rojo; sin embargo, la violencia se ha minimizado en los últimos años, sobre todo en el sexenio anterior, que se decía que era una exageración la violencia que estábamos viviendo. Aquí en Chiapas, no solo nosotros como organización Abejas de Acteal, sino otras organizaciones, hemos denunciado la violencia que va en aumento aquí en Chiapas [...] lo hemos denunciado, pero el estado siempre ha dicho que no está pasando nada, porque, para empezar, Rutilio Escandón siempre lo niega”, señaló.
EL PAPEL DEL EJÉRCITO
“Chiapas Chiapas no es cuartel, fuera Ejército de él”, gritan al unísono cientos de integrantes del Congreso Nacional Indígena (CNI), colectivos estudiantiles y activistas mientras marchaban hasta el Zócalo portando una gran bandera con la leyenda de “Basta a la guerra contra las comunidades zapatistas”.
Los activistas explicaron que la presencia militar en la zona no solo no ha contribuido a la pacificación, sino que, por el contrario, ha agudizado la inseguridad y la desprotección de los habitantes.
“Hay enfrentamientos delante de los militares, de la Guardia Nacional, y no lo digo porque me lo contaron, porque veo aquí circulando militares y Guardia Nacional, pero en el momento en que hay disparos, milagrosamente desaparecen la Guardia Nacional y los militares; aparecen hasta que acaba el enfrentamiento. Aquí están, no quieren hacer nada; nunca han querido hacer nada para garantizar la seguridad de las comunidades indígenas porque les conviene”, detalló Guadalupe Vázquez.
La víctima y ahora activista considera que la contribución que ha hecho el Ejército al incremento de la violencia en la región es a partir de la falta de acción de las fuerzas armadas; pero no solo eso, incluso para la activista los militares no solo no apoyan a la población, sino que hasta protegen a los criminales, según acusó.
“Creemos que están protegiendo... bueno, no creemos, están protegiendo a los delincuentes, porque saben quiénes son, saben quién es el líder, saben quién está organizando y saben quién es el grupo armado, y ahí están en sus narices; los están protegiendo. Esa es su colaboración. (El Ejército) no está protegiendo a la sociedad civil, no está protegiendo al pueblo; al contrario, nos intimida”, dijo.
El académico Raúl Romero consideró que la presencia del Ejército ha contribuido al aumento de la inseguridad a lo largo de los años, especialmente por su papel en el entrenamiento de grupos paramilitares creados para la contrainsurgencia, que luego se transformaron en organizaciones del crimen organizado. Un ejemplo notable es Los Zetas, que surgieron del grupo militar de élite GAFES. Romero, al igual que Guadalupe Vázquez, también destacó la permisividad del Ejército ante las actividades del crimen organizado como otro de los factores que contribuyen a la escalada de violencia.
Chiapas, de acuerdo con Romero, es un ejemplo crítico de esta dinámica: “Chiapas es uno de los estados con mayor presencia del Ejército y de fuerzas especiales, precisamente con su objetivo de combatir al EZLN, pero también es uno de los estados con mayor presencia de Guardia Nacional, que, bajo el objetivo de contener los flujos migratorios, se han instalado como una especie de bloque de contención en la región de Tapachula, convirtiéndose en una ciudad cárcel. En Chiapas, el Ejército no solo ha formado grupos; no solo se han generado incisiones de los grupos especiales que terminan el servicio de narcotráfico, sino que ha dejado hacer (actuar) a grupos del crimen organizado que hoy tienen la situación en la que está hoy Chiapas.”
El incremento de la violencia que se ha registrado en Chiapas no es nuevo, ni es la primera vez que se denuncia desde las comunidades zapatistas y organizaciones de derechos humanos. Desde mediados del año anterior, cuando ya se plasmaba la violencia creciente, el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) advertía, en un comunicado, que Chiapas “está al filo de la guerra civil con paramilitares y sicarios de los diversos cárteles que se disputan la plaza y grupos de autodefensas, con la complicidad activa o pasiva de los gobiernos de Rutilio Escandón Cadenas (gobernador del estado) y Andrés Manuel López Obrador (presidente)”. A lo largo de los meses, se han registrado múltiples episodios de violencia, masacres y desplazamientos forzados masivos.
Durante todo 2023, los homicidios dolosos alcanzaron un total de 571 víctimas, lo que supuso un incremento de al menos el 33.41 por ciento en comparación con las 428 reportadas en 2022. Además, los secuestros aumentaron en un preocupante 180 por ciento durante el mismo periodo, con un total de 42 casos registrados en 2023 frente a los 15 reportados el año anterior.
El informe Asedio a la vida cotidiana, terror para el control del territorio y graves violaciones a los derechos humanos, del Colectivo de Monitoreo —integrado por las organizaciones Frontera Sur, la Mesa de Coordinación Transfronteriza Migraciones y Género, la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos “Todos los Derechos para Todas, Todos y Todes” (Red TDT) y el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas (Frayba)— explica que, a pesar de que la presencia de organizaciones de la delincuencia organizada a nivel nacional se “intensificó” tras el inicio de la denominada Guerra contra el narco en 2006, fue “hasta la segunda mitad de 2021 cuando Chiapas se coloca por vez primera en los titulares de la prensa nacional e internacional como epicentro de la violencia producto del conflicto entre grupos de la delincuencia organizada”.
La población de al menos 12 municipios de Chiapas —La Trinitaria, Frontera Comalapa, Chicomuselo, Siltepec, Honduras de la Sierra, Motozintla, Mazapa de Madero, El Porvenir, La Grandeza, Bejucal de Ocampo, Amatenango de la Frontera y Bella Vista— se encuentra sometida a amenazas, violencia física, reclutamiento forzado, desplazamiento interno, control de actividades económicas y un miedo constante por el conflicto interno entre grupos de la delincuencia organizada que se disputan el control de la entidad, de acuerdo con el informe presentado el pasado mes de febrero.
