Es difícil creer, o tal vez aceptar, que México va encanimado al totalitarismo, pero las acciones dicen más que los discursos. Con la mayoría calificada del partido oficialista Morena en el Poder Legislativo, este se ha transformado en una continuación del Poder Ejecutivo, al prácticamente servir (no de contrapeso en una división de poderes), de confirmador y aval de las iniciativas, los deseos y los designios de la presidencia de la República; desde ese frente compuesto por dos entes que deberían accionar con autonomía, y no unirse, ahora el partido oficial “legisla” para que desde el tercer poder, el Judicial, no se puedan controvertir ni ampararse ante las reformas a la Constitución propuestas por el Ejecutivo y aprobadas por el Legislativo.

Tal medida aleja al Poder de la Federación de la máxima constitucional de la división entre poderes para sostener un sistema de contrapesos, y acerca a la presidencia de la República a un Estado Totalitario, aquel en que el gobernante es la máxima autoridad y está por encima de toda Ley. La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo ha dicho, en un dejo de soberbia de poder, que no acatará la determinación judicial que la conmina a ella, y al encargado del Diario Oficial de la Federación, a eliminar la publicación de la Reforma Judicial. La presidenta vive en desacato y para que sus alfiles en el Poder Legislativo puedan alejarla de esa condición lo mejor parece ser un nuevo cambio a las leyes, a la Constitución, para que el Poder Judicial, salvaguarda de la Constitución y ente integral del Estado de Derecho, no pueda detener los designios del Ejecutivo aprobados por el Legislativo. Con ello, estamos frente al fin de la división de poderes, el fin del equilibrio de fuerzas, el fin de los contrapesos.

“No le compete al Poder Judicial impedir el cambio constitucional”, declaró el senador morenista Adán Augusto López al presentar una iniciativa que han dado por llamar de “supremacía constitucional” para impedir que las reformas constitucionales sean impugnadas por y en el Poder Judicial a través de juicios de amparo, como sucede en la actualidad.

Ricardo Monreal, diputado morenista, complementó: “Vamos a presentar una iniciativa de ley de reforma constitucional en materia de improcedencia de juicios de amparo, acciones de inconstitucionalidad o controversias constitucionales, reafirmando el sentido original de la Constitución, aunque ya está previsto y tanto la Ley de Amparo como la Constitución establecen esta improcedencia, hoy vamos a presentar la reforma constitucional para que no quede ninguna duda en la interpretación y aplicación de la norma constitucional”.

Lo que están reflejando ambos legisladores es que lo suyo es acabar con la división de poderes autónomos e independientes entre sí, de tal manera que se pierda el orden establecido, ese sistema real de contrapesos en el cual unos proponen, otros disponen y unos verifican que todo el marco sea legal, apegado al Estado de Derecho, a la democracia, a los derechos humanos, a las libertades, y a la Constitución.

Actualmente en México, el partido oficialista, Morena, ostenta dos de los tres poderes, el Poder Ejecutivo con su titular, la presidenta Claudia Sheinbaum, y el Poder Legislativo con la mayoría calificada en las dos cámaras que lo integran, y por tanto asumen que pueden socavar al Poder Judicial, limitarlo, restringirlo y marginarlo de las decisiones del Poder de la Federación. Y eso, eso es llevar el poder político en el País al totalitarismo. Están proponiendo esta reforma precisamente porque una propuesta por el Ejecutivo y aprobada por el Legislativo está siendo controvertida en el Poder Judicial, y para eso existe en el sistema político mexicano.

Es decir, el Legislativo está actuando en razón del Ejecutivo, pretendiendo modificar la Constitución sin miramientos para beneficiar los designios y caprichos legislativos de la presidencia de la República y nada más, creando un ambiente totalitario donde lo único que impera y se ejerce es lo que diga, en este caso, la presidenta y nada más.

Para justificarse, Sheinbaum Pardo dice que a ella la respaldan 36 millones de votos (con los que ganó la elección), y que por tanto encarna el mandato del pueblo frente a una juez que ordena por medio de la determinación de un amparo, eliminar la publicación que da vigencia a la reforma judicial para limita ese Poder. Como diría el Dictador de Augusto Roa Bastos:  «Yo no escribo la historia. La hago. Puedo rehacerla según mi voluntad, ajustando, reforzando, enriqueciendo su sentido y verdad».

En un país de más de 132 millones de habitantes la presidenta pretende, de la mano del Legislativo, llevar al país al yugo de un sólo poder por la amplia votación que recibió en las urnas este año, abusando de la confianza que a través del sufragio se le dio para proteger el bien y la prosperidad de la Unión, pretende acabar con la misma, faltando incluso a su juramento de “Protesto guardar y hacer guardar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y las leyes que de ella emanen, y desempeñar leal y patrióticamente el cargo de Presidente de la República que el pueblo me ha conferido, mirando en todo por el bien y prosperidad de la Unión; y si así no lo hiciere que la Nación me lo demande”.

Morena, el ejecutivo y el legislativo, no están guardando la Constitución. Pretenden unir dos poderes para acabar con un tercero, y entonces sí, realizar todas las modificaciones constitucionales que ellos consideren sin que algún poder o la ciudadanía se los impidan, acabando con la democracia mexicana, el poder de la federación, y pavimentando el camino del totalitarismo, del autoritarismo, legitimándose no en las leyes, sino en un voto seducido por un populismo tramposo e inimaginablemente destructivo para este país.

Adela Navarro Bello

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