El lunes pasado tres abogados hicieron una contramañanera. Dijeron que iban a “rendir cuentas” y se autodenominaron como “parte sustantiva del ejercicio del poder público correspondiente a la administración de Justicia”. En vez de decir, “somos los jueces que seguimos en la huelga todo pagado”, prefirieron la pedantería, la oscuridad del lenguaje, lo incomprensible para no decir las cosas por su nombre. O sea, empezaron peor que las otras dos mañaneras que han existido, la de Xóchitl Gálvez cuando era candidata del PRIAN y la de la senadora Kenia López, que languidecieron por falta de sentido. Esta vez eran tres jueces delante de un letrero que decía “aula de cristal”, lo que le agregó al asunto televisivo más marañas. Pero, en seguida, la conferencia de prensa ya no era “rendir cuentas” sino “derecho de réplica”.

Comenzó el juez Juan José Olvera, egresado de la Autónoma de Querétaro, el ITAM, y la Panamericana, con un argumento muy endeble. Dijo que, como la Presidenta y los gobernadores se han referido a los amparos a la Constitución, pues entonces es un tema “opinable”. Es como si, por referirnos a los terraplanistas, es decir, a los que piensan que la Tierra es plana y no ovoidal, le estuviéramos dando alguna validez a sus argumentos previos al siglo VI antes de Cristo. Decir que porque se refieren a los amparos los están dando por buenos, es como confundir una cachetada con interés amoroso. Pero Olvera se fue de frente con esa falacia: “Ellos son la parte demandada como autoridades y ellos tienen sólo opiniones. En este momento, ante las centenas de juicios de amparo se ha iniciado el proceso judicial de la revisión de esa reforma constitucional. En este momento es tiempo de los jueces. Las partes, la Presidencia de la República, presentó una iniciativa, esto es lo que compete a sus atribuciones. Los legisladores lo aprobaron y cumplieron con su cometido. Pero, como pasa con todos los actos de autoridad, ahí no se acaba el proceso. Necesita darse el espacio para que, si los ciudadanos impugnan estas decisiones, pasen al proceso de revisión de los distintos mecanismos que el estado de derecho ofrece, entre otros, el juicio de amparo”. Olvera debería de ir al ITAM a reclamar sus colegiaturas porque, hasta yo, que no soy abogado, le puedo contestar sus argumentos engañosos. Primero, la Presidenta y los legisladores no son una parte interesada. Los son, en cambio, los jueces a quienes se les está aplicando la Constitución. A Olvera se le olvidó un detallito de 36 millones de votos a favor de la reforma constitucional con los cuales le dimos a Morena y aliados tres cuartas partes del Congreso. Se le está olvidando que el 56% piensa que el Poder Judicial es corrupto, el 70% cree que los jueces deben ser electos y ese mismo 70% cree que con eso mejorará la justicia en el país. No hay partes en conflicto, sino un mandato democrático y popular desde la elección del 2 de junio. La Constitución no es un acto de autoridad que pueda ser revisado. Es algo que sólo puede ser aplicado. Olvera desvaría pensando que un ciudadano puede impugnar un artículo de la Constitución. Imagínense: Claudio X. González ya se hubiera amparado contra el artículo 39 que establece que la soberanía reside esencialmente en el pueblo porque él cree que debe residir en las Lomas de Chapultepec. O Krauze ya hubiera objetado que seamos una república y no una monarquía, la española, la borbona, la de las falanges. Por eso, el amparo no procede contra la Constitución porque los artículos de la Constitución no son actos de autoridad sino de soberanía. Dice el artículo 61 que el amparo es improcedente contra adiciones o reformas a la Constitución. Es así de simple. Olvera debe regresar al ITAM a que le regresen su dinero. Es injusto lo que le han hecho. Él pensando que es doctor en derecho y no sabe que la Tierra no es plana. Es por eso que se atreve a decir que el poder judicial podría revisar la reforma al poder judicial. Eso es como si tuviéramos un poder que se revisa a sí mismo: una monarquía absoluta, unos reyezuelos de circuito, unos príncipes de distrito. Ellos que se llenan la boca con la “separación de poderes” no aceptan que los ciudadanos votamos para que el Congreso aprobara la reforma del Ejecutivo. Creen que encabezan un poder que está por encima de la Constitución y que ellos deciden si la acatan o no. Es como poner a consideración de los empleados que van a ser despedidos la pertinencia de su despido. Pues todos dirían que no, que no se van, que su cese es “opinable”. Concluye Olvera su argumento terraplanista: “La Presidencia y los legisladores son parte. La última palabra es de los jueces”. Pero le perdona la vida a la República: “Entendemos que ellos estimen que su trabajo es impecable y ahora tendrían que tener la confianza de que pase ese trabajo de los juicios de amparo y de las controversias y de las acciones y de los juicios electorales. Pero la última palabra es de los tribunales”. Pero ya exhibidos sus profesores del ITAM y de la Panamericana, Olvera se quiso hacer gala del Premio al Argumento Paleto: el artículo de la ley de amparo no es constitucional”. Por supuesto que no, doctor en derecho, es de la ley de amparo. Y agregó: “como es de 2013 todavía no hay jurisprudencia”. Es decir, como no hay jurisprudencia, no se puede aplicar, según él. ¿Qué dice este juez? Que una ley secundaria como la de amparo es inferior a la Constitución y que ésta pus no dice nada de la improcedencia. Pero ellos mismos, los jueces, usaron una ley orgánica, es decir, un reglamento interno de la Judicatura para justificar su huelga, no obstante que la tienen prohibida en la Constitución y en la Ley del Trabajo. Así que unas veces la ley no es la ley, y otras un reglamento interno sirve para declararse en huelga. La jurisprudencia no es ni constitucional, ni son leyes, ni reglamentos internos, sino cuando concuerdan una serie de sentencias en un mismo razonamiento o criterio. Según este juez del ITAM, una Constitución no sería aplicable si no tiene ya sentencias, es decir, no hay Constitución si un juez no ha decidido cómo se aplica. Eso es totalmente falso. Imagínense a los revolucionarios cuando se aprobó el reparto agrario diciendo: “No se puede repartir porque los jueces no han dicho cómo”. Agrega Olvera: “Ese artículo 61 también está siendo objeto de cuestionamientos en estos juicios. Los amparos que se han promovido dicen: “que ese artículo 61 que nos cierra la puerta, también es inconstitucional”. Los jueces se pronunciarán sobre si ese artículo es constitucional o no. No podemos dar por supuesto que no se puede porque esa es la materia del debate en esos juicios”. Lo que está argumentando este juez es justo lo contrario de lo que acababa de decir, que la ley de amparo no está por arriba de la Constitución y, entonces, siguiendo su argumento, ¿a quién le importa que sea o no constitucional? Me voy a amparar contra el artículo 39 porque no se me da la gana que la soberanía resida en el pueblo. Como no me puedo amparar contra la Constitución, entonces digo que la ley de amparo que me lo impide es anti-constitucional y, al final del argumento, acabo diciendo lo que Olvera no se atreve a decir porque es estúpido: que la Constitución es inconstitucional. Pero Olvera, dueño de una astucia insospechada trae a colación una demanda de incontitucionalidad del artículo 61 interpuesta por el Partido del Trabajo. Qué barbaro, Olvera, qué astucia. Usar a un partido aliado a Morena para justificar tus razones. Es de genios. Pero ponerlo como antecedente de su propia ilegalidad es un tanto, digamos, problemático. En primer lugar se trataba de impugnar la privatización de Petróleos Mexicanos en 2014 como parte del Pacto por México del PRIAN y el PRD. Si la propiedad del subsuelo era de la Nación como dice el artículo 27 de la Constitución, entonces otorgar contratos a empresas extranjeras violentaba esa idea de los revolucionarios de 1910. Afectaba, además, a miles de campesinos y comunidades indígenas, a millones con el aumento de los precios de la gasolina y el disel, y a las generaciones futuras con la falta de control a la contaminación del medio ambiente. La reforma de ahora, la del Poder Judicial, si acaso perjudica a mil 300 personas, que son juzgadores. Pero el asunto más importante que se le olvidó comentar a Olvera es que, en mayo de 2014, un juez usó el mismo argumento que hoy él dice que es “opinable”: desechó la demanda por “notoriamente improcedente”, es decir, porque el artículo 61 de la Ley de Amparo prohíbe con todas sus letras que se impugne la Constitución. Es decir, cuando se trataba de la soberanía energética de la Nación, sí aplicaba el 61. Ahora, porque se trata de los privilegios de una mafia emparentada en el Poder Judicial, el 61 es inconstitucional. Hay otro detallito. El 61 de la Ley de Amparo fue aprobado en 2013, junto con las reformas lesivas del PRIANRD, así que, una vez más, algo que ellos hicieron para blindarse, se les revierte con la Cuarta Transformación. Como en el caso de la asignación de diputados y senadores por partido, ellos la inventaron pero ahora que son una minoría precaria, ya no les gusta.

Pero Olvera fue perdiendo la vergüenza mientras seguía hablando. Se atrevió, incluso, a desestimar a la mayoría de 36 millones de votantes. Dijo: “No se puede poner por encima el de argumento de las mayorías en las urnas porque eso pasa por un proceso pero, luego, viene el proceso de revisión de si este interés de las mayorías es suficiente para que se convierta en una regla absoluta y pase por encima de los intereses de las minorías”. Me parece casi indignante que diga Olvera que el mandato de los ciudadanos, tan contundente a favor de la reforma es sólo un “interés”. No, señor abogado, un mandato no es una mera atracción o curiosidad, ni siquiera un deseo. Es una misión que la mayoría le dio a los legisladores. Y, sobre los “intereses de las minorías”, pues se quiere impugnar la Constitución para proteger a una parte interesada que son mil 300 personas. Luego, se quiso comunicar con la jueza Nancy Juárez Salas que ordenó a la Presidenta eliminar la promulgación de los artículos constitucionales que permiten la elección por el voto popular de los juzgadores del Diario Oficial de la Federación del 15 de septiembre. Pero no sirvió el teléfono y no pudimos escuchar su alegre voz que ya habíamos escuchado en forma del grito de “dictador” en el Puerto de Veracruz cuando un porro le aventó una botella de agua al Presidente López Obrador. Esa jueza de Coatzacolacos que, en vez de expedir un amparo, debió disculparse de atender el asunto por el sólo hecho de participar en una reunión violenta y partidista, le exige a la Presidenta y al Congreso de la Unión borrar la publicación de hace ya casi un mes como si eso cambiara en algo el resultado electoral, la mayoría calificada, la nueva constitucionalidad, y hasta la convocatoria a elecciones para el año entrante. Pero también querían que hablara el juez Alejandro que rechazó la orden de aprehensión para los que confabularon, presutamente con la DEA, para llevarse al Mayo Zambada a los Estados Unidos, lo que generó una ola de violencia en Sinaloa.

Pero, mientras esperábamos que el juez hablara por teléfono, miré de reojo el chat del sitio de los jueces. Casi todos los que se manifestaban le decían “presirvienta” a la Presidenta de la República y ponían “Fuera Morena” o “No seremos Venezuela”. Es decir, no estaban convocando a gente interesada en entender la nueva constitucionalidad del Poder Judicial, sino al odio y el delirio de la violencia verbal anónima.

Mientras empezaron las preguntas de los reporteros, empecé a preguntarme por qué el nombre del juez Olvera me sonaba conocido. Había aparecido en la sección de Cero Impunidad de la conferencia mañanera del Presidente López Obrador. Fue responsable de darle un amparo al fiscal de Morelos, Uriel Carmona. Ustedes recuerdan el caso: una joven, Ariadna Fernanda López Díaz fue asesinada a golpes por Rautel Astudillo y Vanessa Flores en una departamento de la colonia Roma. La fueron a dejar a Morelos donde el fiscal Uriel Carmona aseguró que la muerte era por “borracha” y encubrió a los asesinos. Después de un tiempo, el propio Rautel Astudillo se entregó a la justicia y el fiscal Carmona fue acusado de encubrimiento, Si se acuerdan, fue aprehendido y liberado varias veces. Uno de los que otorgó el amparo fue Olvera, el 8 de septiembre de 2023. Pero tiene otros fallos maliciosos. Su amparo motivó la liberación del abogado de Carlos Salinas de Gortari, Juan Collado. Olvera le perdonó a Collado haberse robado 156 millones de pesos por la venta de un inmueble de la Caja Libertad en Querétaro, estado en cuya universidad estudió. Fue así que Collado salió libre.

Para terminar, el juez Olvera, dueño absoluto del micrófono en esa primera contramañanera, quiso defender el hecho de que la mitad del Poder Judicial está emparentado entre sí. Dijo sin reírse: “Hay relaciones familiares y nepotismo. Este último es hasta un delito es cuando se abusa de la relación familiar para romper las reglas del nombramiento. El estudio de 2018, con el que se nos acusa, era un estudio sobre relaciones familiares no sobre nepotismo”. Me da hasta flojera teclear una respuesta, pero lo haré. En estas videolcolumnas hemos expuesto cómo hicieron los magistrados de la Suprema Corte para meter al Poder Judicial a sus hijas, aunque fueran dentistas y no abogadas. En el reporte de la propia Judicatura, es decir, desde el mismo Poder Judicial, se reconocen los datos de 112 jueces y magistrados que habrían utilizaron sus facultades para conseguirle empleo a su esposa o pareja: 180 a sus hijos, 136 a sus hermanos y 27 a sus papás. El estudio revela que hay, además, otros 7 mil 148 servidores públicos del Poder Judicial que comparten espacio laboral con sus parientes. Es decir, la mitad de los jueces. Hay estados delincuenciales: el 82% del Poder Judicial de Guanajuato está emparentado. El 81% en Aguscalientes y el 79% en Jalisco. La forma de hacerlo es aceptar a un pariente de otro juzgador a cambio de que él acepte el tuyo. Así no se incurre en nepotismo y, como dice Olvera, pues resulta que son familias bien judiciales. En la propia Corte, la hija del ministro Aguilar Morales tiene a su hija dentista, Ana María Aguilar Arrangoiz, en Cateos, Arraigos, e Intervención de Comunicaciones. Pero no la contrató él, porque eso, como dcie Olvera, es nepotismo, sino otro ministro, Pérez Dayán. Daniela Pardo, hija de otro ministro, Pardo Rebolledo, trabaja en la oficina de Aguilar Morales, para que no haya nepotismo, nomás pura integración familiar.

Ese fue la primera contramañanera de los jueces. Sólo me falta decir algo sobre la elección de los jueces en México. Seremos el primer país en hacerlo, como fuimos el primero con reforma agraria basada en la propiedad comunal de la tierra. No porque no se haya hecho en otro país es que estemos equivocados. Todo lo contrario: retomamos con ello el orgullo de ser los primeros que llevamos a cabo una revolución social, la de 1910. Noto una especie de vergüenza al decir que tuvimos que cambiar el origen del Poder judicial por medio del voto popular porque era necesario por el nivel de corrupción de los juzgadores y sus empleados. Es cierto. Es por eso pero también porque es deseable democratizar la democracia mexicana, porque hay que politizar los espacios públicos, porque es un honor, un orgullo, ser parte de un movimieto que hizo más grande el pequeñito país de los acomplejados neoliberales que repetían las fñormulas estadunidenses o del Fondo Monetario Internacional como si fueran sagradas. No, aquí estamos parados en el presente rumbo a un futuro abierto. Esa emoción es la que deberíamos sentir con ser el primer país donde la justicia pasa por la voluntad del pueblo.

Fabrizio Mejía Madrid

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Es escritor y periodista. Colabora en La Jornada y Aristégui Noticias. Ha publicado más de 20 libros entre los que se encuentran las novelas Disparos en la oscuridad, El rencor, Tequila DF, Un hombre de confianza, Esa luz que nos deslumbra, Vida digital, y Hombre al agua que recibió en 2004 el Premio Antonin Artaud.

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