Por Marcia Itzel Checa Gutiérrez

Los próximos 24, 25 y 26 de octubre, las 48 personas aspirantes a presidir la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) por los siguientes cinco años (2024-2029) comparecerán ante las comisiones unidas de derechos humanos y de justicia del Senado de la República. Se trata de una responsabilidad pública de la mayor relevancia, pues tiene la enorme encomienda de defendernos, de protegernos ante los abusos del poder y de ponerle límites a las autoridades cuando violentan los derechos de todas, todes y todos. 

Por ello, quien encabece este órgano debe contar con una serie de cualidades que le hagan un perfil idóneo e incuestionable. Los “Principios de París”, -un acuerdo internacional que define el rol, la composición, el estatus y las funciones de las instituciones nacionales de derechos humanos, como lo es la CNDH- refieren que la designación de las autoridades de estas instituciones debe ajustarse a un procedimiento que ofrezca todas las garantías necesarias para asegurar una representación plural, con autonomía respecto del Estado y que no esté sujeta a controles que puedan limitar su independencia. 

En este grupo de personas aspirantes hay una gran variedad: quienes provienen de comisiones estatales de derechos humanos; quienes han representado a algún partido político en la Cámara de Diputados o han tenido alguna responsabilidad dentro de los ejecutivos, también quienes han trabajado desde la sociedad civil o quienes han participado ya en procesos anteriores. 

Sin embargo, llama poderosamente la atención que entre las 48 personas aspirantes se encuentre la actual presidenta de la CNDH en busca de ser reelegida para un segundo periodo. En su momento, fue cuestionada por su militancia y cercanía con el partido en el gobierno, lo que generó dudas sobre la independencia de su actuar. Tras un balance de su gestión, se confirman estas sospechas sobre su imparcialidad: recomendaciones poco incómodas o evadiendo dirigirlas hacia las instituciones que registran numerosas quejas, como la Guardia Nacional; la falta de acciones de inconstitucionalidad sobre reformas cuestionadas por organismos internacionales por contravenir el marco de derechos humanos; la cerrazón ante cuestionamientos de su Consejo Consultivo, al punto de que actualmente no cuenta con integrantes; y una narrativa de estigmatización hacia posturas críticas en línea con la trazada por el gobierno federal.  

Lo anterior pone sobre la mesa la importancia de la idoneidad de quien encabece tan importante mecanismo de protección a los derechos humanos. ¿Cómo valorarla? Diversas organizaciones, que nos hemos articulado alrededor del hashtag #LaCNDHQueQueremos, proponemos un conjunto de características sustantivas que van más allá de los siete requisitos legales para la evaluación que realizará el Senado. Estos elementos son: 1) que no tenga conflictos de interés ni vínculos con hechos de corrupción; 2) que sea independiente en términos políticos, partidistas o ideológicos; 3) que haya demostrado imparcialidad en el ejercicio de sus funciones; 4) que no tenga antecedentes de violencia por razones de género; 5) que haya asegurado integridad pública a lo largo de su trayectoria; y 6) que demuestre amplios conocimientos y experiencia en materia de derechos humanos. No es para menos, se trata de quien debe ser la persona defensora del pueblo. 

Adicionalmente, es importante que el Senado haga una revisión de los planes de trabajo que cada aspirante entregó para registrarse en este proceso; que, por cierto, aún no son publicados. En esta línea, se debe valorar si cuentan con un diagnóstico que refleje la situación de los derechos humanos en México acorde con lo planteado por organismos internacionales; si incluye un diagnóstico crítico de la situación en la que se encuentra la CNDH; si traza objetivos y estrategias consistentes con el contexto y el diagnóstico identificado; si contiene propuestas viables y pertinentes para transformar y/o fortalecer a la institución; si se basa en un enfoque multidisciplinario, interseccional y de género; y si sus planteamientos son congruentes con los tratados de derechos humanos de los que México forma parte, así como con recomendaciones y estándares internacionales en la materia. Estos elementos son clave no sólo para contrastar perfiles, sino también para identificar a quienes puedan asumir este tremendo reto público. 

Por último, también se propone valorar su desempeño en las próximas comparecencias. Estos ejercicios son valiosos para abundar en elementos que un currículum no muestra y permitirán sopesar varios factores: si las personas aspirantes muestran dominio del marco de los derechos humanos; si responden las preguntas y casos prácticos formulados con base en una visión progresista de los derechos humanos; si sus respuestas reflejan un razonamiento crítico, estructurado y claro; si sus intervenciones demuestran una voluntad de cambio y no continuidad con la actual gestión. Además, se debe considerar si plantean apertura y compromiso con el trabajo colaborativo con el Consejo Consultivo de la CNDH, la sociedad civil, academia, colectivos, organizaciones comunitarias, víctimas y familiares de víctimas, entre otros. Finalmente, es fundamental evaluar si su postura refleja un compromiso de independencia con respecto a los Poderes de la Unión, partidos políticos u otros poderes fácticos ajenos a la protección de los derechos humanos y víctimas. 

La Junta de Coordinación Política del Senado le quitó el carácter vinculante a los indicadores establecidos en la base décima de la convocatoria que habían aprobado inicialmente las comisiones unidas. Sin embargo, esto no les exime de realizar una evaluación objetiva, exhaustiva y rigurosa de cada uno de los 48 perfiles que comparecerán en los próximos días. 

Una evaluación seria es lo mínimo que merecen todas las víctimas de este país. Es lo único que permitirá cerrarle el paso a los acuerdos cupulares y discrecionales que han prevalecido en estas decisiones, una evaluación seria es una forma de asegurar que los méritos y no las lealtades se antepongan al final; una medida que asegurará la idoneidad de quien deberá proteger a todas las personas ante los abusos del poder. 

Esperamos que el Senado no anteponga sus intereses partidistas y asuma esta responsabilidad con todo el compromiso que amerita la crisis que atraviesa México en materia de derechos humanos. Garantizar un perfil independiente y al servicio del pueblo, no del gobierno, es la única opción aceptable. 

#SinCuotasNiCuates 

Marcia es coordinadora general del Observatorio de Designaciones Públicas (@designaciones), un proyecto impulsado por Article 19 México y Centroamérica y Fundar, Centro de Análisis e Investigación, que tiene el objetivo de promover estándares de transparencia, participación ciudadana y rendición de cuentas en los procesos de designación de altas responsabilidades públicas y generar una deliberación pública sobre la idoneidad de los perfiles como una vía para contribuir al fortalecimiento de las instituciones. 

Fundar

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Centro de Análisis e Investigación, para la capacitación, difusión y acción en torno a la democracia en México.

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