Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, participó recientemente en el panel “Jueces y Justicia en tribunales internacionales y supremos” organizado por la mítica Escuela de Derecho de la prestigiosa Universidad de Harvard con motivo del centenario de la maestría en Leyes.  

Ortiz Mena, es egresado de esa institución académica, considerada como la más importante de los Estados Unidos de Norteamérica y una de las más prestigiadas del mundo especialmente en el campo del Derecho. 

Entonces, la presencia del ministro en su alma mater tenía sentido para estar en ese panel, cómo exalumno, como académico y ministro. 

Cómo exalumno siempre será un motivo de orgullo regresar a la institución que te formó para decir, aquí estoy, de nuevo, pero ya no como alumno sino para aportarle con mi experiencia profesional. 

Cómo académico, qué, sin duda lo es, intercambiar experiencias y teorías con sus colegas de otras latitudes para una mejor comprensión de los problemas del derecho contemporáneo en un mundo globalizado y en democracias amenazadas por populismos de izquierda y derecha. 

Y como ministro, probablemente, ofrecer el diagnóstico riguroso de lo que sucede en su país y eso seguramente despertó mucho interés por lo que podría decir del proceso de transformación del Poder Judicial a través de la polémica tómbola legislativa y sus consecuencias en la elección popular de jueces, magistrados y ministros.  

Y justo fue en ese punto donde se rompió la solemnidad del acto académico y estallaron las risas de los asistentes. 

El ministro mencionó en perfecto inglés y seriedad ministerial los requisitos que se requerían para ser juez, magistrado o ministro alertando a la selecta audiencia que no era una broma, sino ley, constitucional y reglamentaria. 

Afirmó que para competir por una de las 850 plazas de jueces, magistrados y ministros que estarán en juego en 2025 bastaba un título de licenciatura en Derecho, haber obtenido un 8 de promedio, cinco años de experiencia en el ámbito jurídico, carta de recomendación de cinco vecinos y un ensayo justificativo. 

O sea, cualquiera, que esté en esa condición, podrán aspirar a uno de esos cargos sin someterse al riguroso criterio meritocrático de la carrera judicial que ha sido hasta ahora el mecanismo formal de acceso y permanencia en el Poder Judicial, aunque, sus detractores en el oficialismo señalan que esa formalidad no existe por el nepotismo que reina en los procesos de selección o más preciso, en algunos de los procesos de selección.  

Pero, al margen de ello, las risas vinieron del requisito del 8 y las cartas de los vecinos, cuando la constante en el mundo democrático es la carrera judicial que va desde la base hasta la cúspide del Poder Judicial. 

O sea, no se estaban “riendo de los mexicanos”, cómo lo dijo molesta la presidenta Sheinbaum sino de los requisitos con la que se elegirán en lo sucesivo a jueces, magistrados y ministros en el ámbito federal y de los estados, es decir, estamos hablando de miles de cargos donde unos saldrán sabiendo el tejemaneje judicial y otros llegaran para aprenderlo. 

Y aquí el tema, es que, si bien el espíritu de la ley, es “acabar con la corrupción” que existe en este poder republicano la pregunta que muchos observadores nos hacemos es como se evitará en un país con partido hegemónico que sus elites políticas no intenten cuotas de poder como está semana ya lo denunció Gerardo Fernández Noroña, el presidente del Senado, que Ricardo Monreal, el líder de la fracción morenista en la Cámara de Diputados, busca poner a tres de los cinco miembros que integran el Comité de Selección de los aspirantes. 

Si es así, se mantiene al sistema de cuotas que antes tenían los partidos y los poderes facticos para nombrar comisionados o consejeros de los órganos autónomos con una diferencia: ahora serán los políticos.    

Esto, entonces, se podría convertir antes que un proceso transparente con garantías de que quedaran los mejores currículos en ver quien tiene el mejor padrino.  

Y se pondría en entredicho el bien mayor esgrimido para justificar lo que en Harvard produjo risas y aquí, en México, provoca paros, reproches, amparos y movilizaciones en todo el país. 

Llegado ese momento estaremos frente a la matriz política y dinero, por supuesto, habiendo un partido hegemónico serán los lideres políticos y los gobernadores los que le impondrán su marca a los seleccionados y, peor, lo que muchos han alertado sobre el riesgo de que lo poderes facticos, cómo lo hacen regularmente con los jefes de las policías locales, con su dinero, generando así su lobby en el Poder Judicial con todo lo que eso pudiera significar en un país tatuado por la violencia criminal.  

La disputa que viene, entonces, no será entre la coalición gobernante y la oposición a la que no le alcanza para influir en esta suerte de toma y daca sino se escenificara entre las figuras estelares de la 4T, como sucedió antes, cuando el PRI era el partido hegemónico y el presidente de la República el encargado de partir y repartir el pastel.  

Solo qué en esta ocasión, con una diferencia, no existe más ese hiperpresidencialismo sino una presidenta anclada todavía a la narrativa de su inmediato antecesor y a lo que decidan los barones del morenismo lo que significa que está a su merced y que pueden lanzar iniciativas como la de “supremacía constitucional” que impulso el senador Adán Augusto López para luego matizarla. 

Entonces, la pregunta que algunos ya se formulan es cuantos de esos jueces, magistrados o ministros federales responderán a los intereses de la presidenta Claudia Sheinbaum, Andrés Manuel López Obrador, Ricardo Monreal, Adán Augusto López o Gerardo Fernández Noroña. 

En definitiva, esta distribución que surgirá en medio de la propaganda estridente del “nuevo poder judicial” mostrará con absoluta claridad la dinámica de la futura impartición de justicia y seguramente, llevará a quienes rieron en Harvard a una expresión de asombro, sorpresa, por la extraordinaria politización de la justicia en México. 

Ernesto Hernández Norzagaray

https://www.sinembargo.mx/author/ernestohernandez/

Doctor en Ciencia Política y Sociología por la Universidad Complutense de Madrid. Profesor-Investigador de la Universidad Autónoma de Sinaloa. Miembro del Sistema Nacional de Investigadores, Nivel I. Ex Presidente del Consejo Directivo de la Sociedad Mexicana de Estudios Electorales A. C., ex miembro del Consejo Directivo de la Asociación Latinoamericana de Ciencia Política y del Consejo Directivo de la Asociación Mexicana de Ciencia Política A.C. Colaborador del diario Noroeste, Riodoce, 15Diario, Datamex. Ha recibido premios de periodismo y autor de múltiples artículos y varios libros sobre temas político electorales.

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