“Curiosamente de García Luna ya nadie habla y otra vez el tema es el desacato de la Presidenta», destacó Claudia Sheinbaum al defender la Reforma Judicial en su conferencia de prensa, en donde también respondió a Harvard por video en donde se burlan de los requisitos para elegir a juzgadores: «Nadie se burla de los mexicanos».
Ciudad de México, 22 de octubre (SinEmbargo).– La Presidenta Claudia Sheinbaum destacó una nueva campaña que medios y jueces han difundido en los últimos días acusándola de “desacato” por no obedecer la orden de la Jueza Nancy Juárez Salas, quien pidió eliminar la publicación de la Reforma Judicial en el Diario oficial de la Federación.
“Ya otra vez hay una campaña, curiosamente de García Luna ya nadie habla y otra vez el tema es el desacato de la Presidenta. Ayer esta Jueza que promueve esta suspensión salió como vocera, los ministros andan hasta en Harvard diciendo que en México no hay Estado de derecho, que se acabó la justicia”, denunció la Presidenta en su conferencia matutina.
La Presidenta insistió en que su Gobierno no ha violado la Constitución porque no le ha llegado la notificación por parte de la Jueza y, en caso de que llegue en estos días, dará aviso al Poder Legislativo. Además destacó que la Ley de Amparo es muy clara esa su artículo 61, el cual señala que el juicio de amparo es improcedente contra adiciones o reformas a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
“El pueblo de México tomó una decisión de reformar al Poder Judicial, más personas de las que votaron por nosotros el 2 de junio están a favor de que jueces, magistrados y ministros se elijan por voto”.
Agregó que con este amparo se está violando la Ley de Amparo: “Ellos violan la Ley de Amparo, ahora a los jueces les abren las puertas de muchos medios, yo no digo que no se las abran, pero que tengan un balance, la objetividad tiene que ver con eso. Si algo estamos haciendo en México, y va a hacer un ejemplo al mundo, es la elección del Poder Judicial porque es el pueblo decidiendo a sus juzgadores”.
“También se dicen muchas mentiras de que la tómbola fue para elegir jueces, entonces estamos construyendo un verdadero Estado de derecho en el país”, destacó.
Sobre el aumento al presupuesto del Poder judicial que ayer solicitó la Ministra presidenta Norma Lucía Piña Hernández por un monto de cinco mil 922 millones de pesos para el ejercicio fiscal 2025, la Presidenta aclaró que “el presupuesto se va a establecer de acuerdo a la Constitución”.
Al ser cuestionada sobre las burlas de los asistentes a una conferencia de Harvard, en la que participó Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, Ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), donde se detallaban los requisitos para elegir a jueces, magistrados y ministros en la nueva Reforma Judicial, la Presidenta pidió a la institución que primero investigará la corrupción del Poder Judicial en México.
«Nadie se burla de los mexicanos, el pueblo de México tomó una sesión de la elección de jueces y juezas. Será muy reconocida la escuela de Harvard, pero sería bueno que ellos hicieran una investigación sobre la corrupción del Poder Judicial y como en México se toma una decisión de elegir a jueces, como en Estados Unidos. Vamos a dar ejemplo al mundo con la Reforma judicial. Los invito a que hagan una investigación sobre las resoluciones de los jueces, como dan amparos a los que no pagan impuestos y todas las liberaciones de delincuentes».
LA GUERRA JUDICIAL
SinEmbargo publicó este martes un reportaje sobre la acusación de la oposición contra la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo por desacato, al no retirar la Reforma Judicial del Diario Oficial de la Federación, la cual es una clara muestra de lawfare, es decir, una persecución judicial que la derecha utiliza en América Latina para atacar a líderes y mandatarios de izquierda. En México, su antecedente más notable ocurrió en 2004 con el desafuero de Andrés Manuel López Obrador, cuando era Jefe de Gobierno de la capital.
Así lo consideraron analistas políticos consultados por SinEmbargo, quienes indicaron que esta «guerra judicial» está detrás de la intención de declarar a la Presidenta Sheinbaum en desacato, tras la decisión de la Jueza Nancy Juárez, quien emitió un amparo que impide la publicación del decreto de Reforma al Poder Judicial.
Juan Carlos Monedero, cofundador del partido de izquierda español Podemos, recordó que esta situación evoca el desafuero que enfrentó Andrés Manuel López Obrador en 2004, donde se utilizó la figura del desacato para deslegitimar su liderazgo.
Para el politólogo español, esto es parte de una estrategia orquestada por sectores de la derecha que, tras perder las elecciones, recurren a jueces «prevaricadores» para intentar bloquear el avance de los gobiernos progresistas.
“Lo estamos viendo en Colombia, lo hemos visto en Argentina, en Ecuador, lo hemos visto en Brasil y también está ocurriendo aquí en Europa, un lawfare que siempre, invariablemente, cuenta con jueces que no tienen problemas en prevaricar y también con medios de comunicación que convierten en un gran escándalo ese tipo de denuncias”, señaló Monedero en entrevista con SinEmbargo.
Y añadió: “Esta jueza (Nancy Juárez) está prevaricando y, si los órganos judiciales correspondientes no le hacen ver que está prevaricando, porque la Constitución y la ley hablan muy claro que no hay posibilidad de amparo ante reformas constitucionales, insisto, porque es de sentido común, porque la Constitución está por encima de los jueces y el poder constituyente está por encima de la Constitución”.
La periodista Alina Duarte consideró, a su vez, que desde 2018, cuando Morena ganó la Presidencia, se ha observado un patrón sistemático de ataque judicial y mediático contra figuras políticas afines a la izquierda.
“Lo que estamos viendo hoy, con este llamado a nombrar en desacato a la Presidenta Claudia Sheinbaum, sin duda es muestra de todo un aparato que está operando de manera sistemática y constante desde hace muchísimos años. Este último episodio, yo diría, sí se puede considerar lawfare”.
En contraste, Aníbal García, investigador del Observatorio Lawfare en México, señaló que la situación en México difiere notablemente de los casos de «lawfare» observados en otros países de la región, como Argentina y Brasil, e incluso, aunque tiene similitudes con el caso de López Obrador en 2004, lo que está ocurriendo, según dijo, dista mucho de ser lawfare. Expuso que en otros países, en donde sí se ha aplicado es porque la judicialización ha sido utilizada como una herramienta para debilitar a gobiernos progresistas, mientras que en México la judicialización de la política se manifiesta en una serie de amparos que han impedido la implementación de reformas que propuso el ahora expresidente Andrés Manuel López Obrador.
El especialista explicó que, a diferencia de los casos de Cristina Fernández de Kirchner, Lula da Silva y Rafael Correa, donde se ha buscado descalificar a líderes políticos, en el caso de México no existe un intento explícito de eliminar candidaturas. Dijo que en el caso de México, el caso podría ser considerado «lawfare» si la Suprema Corte decide atraer el caso en busca de la destitución de la Presidenta Sheinbaum. Sin embargo, el especialista aclaró que este proceso aún no está en marcha y que la solicitud presentada por la Jueza de Veracruz carece de viabilidad.
“En el caso de México no llegamos ni de cerca a ese tipo de aspectos; lo que sí tenemos es una fuerte incidencia del Poder Judicial, una fuerte judicialización de la política en el sentido de toda la serie de políticas, leyes y reformas del expresidente Andrés Manuel que no pasaron. De hecho, sí hay una judicialización de la política en contra de un proyecto político de nacimiento, y hasta ahí está el caso de México”, detalló.
La politóloga española Arantxa Tirado ha explicado que la llamada guerra jurídica, conocida también como lawfare, se viene produciendo en América Latina desde el desafuero del ahora presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador, quien en 2004 fue acusado de desacato a una resolución judicial cuando fungía como Jefe de Gobierno de la Ciudad de México, un episodio que buscó minar sus aspiraciones para la Presidencia en 2006.
“Es un procedimiento que se viene produciendo en la región, yo diría que incluso desde tiempos del desafuero a Andrés Manuel López Obrador en 2004, y que luego hemos encontrado diferentes casos donde se repiten unas pautas que serían los requisitos para hablar de lawfare, que sería una persecución judicial, armar causas con mayor o menor suspenso, generalmente con poco sustento por temas que pueden ser peregrinos, pero singularmente por una lucha contra la corrupción”, explicó Tirado en una entrevista con Álvaro Delgado y Alejandro Páez en el programa Los Periodistas a finales de diciembre pasado.
Monedero hizo hincapié en que el desacato, como figura jurídica, ha sido desechado en países como España, donde se considera un vestigio de un tiempo en que los jueces se creían dueños de la justicia. El especialista comparó la situación con lo sucedido en Colombia y Brasil, donde el lawfare ha sido una herramienta recurrente para deslegitimar a líderes como Gustavo Petro y Luiz Inácio Lula da Silva. En este contexto, calificó de preocupante que la jueza Juárez actúe de manera contraria a la Constitución, impidiendo que una reforma constitucional avance.
“Esta jueza (Nancy Juárez) a mí me recuerda muchísimo y tristemente al juez Moro, que fue el que encarceló a Lula con una acusación falsa, lo sacó de la pelea judicial y después fue recompensado por Bolsonaro con el Ministerio de Justicia Interior”.
–Con información de Romina Gándara
